Elena Urrutia

Por ellas y por todos: el PIEM y el PUEG ante el feminicidio

El plan alternativo para esclarecer el feminicidio en Ciudad Juárez plantea de manera muy concreta una respuesta, a la vez crítica y propositiva, a la indignante acumulación de asesinatos de mujeres que persiste en esa ciudad desde hace ya 11 años.

Once años son muchos, tantos que a una joven de 20 años puede parecerle normal oir hablar de mujeres asesinadas, muchas veces de manera brutal y vil. Esto en sí es preocupante. Cuando la violencia se tolera y la impunidad la retroalimenta, la violencia se normaliza y socializa. ƑQué decir entonces de las mujeres y niñas que viven en Ciudad Juárez, amenazadas no sólo por criminales que actúan sin que el Estado imponga la ley y haga justicia sino también por autoridades que minimizan los crímenes o que, como es obvio, hasta se coluden o se dejan corromper por los autores materiales o intelectuales?

Si uno de los objetivos de una comunidad académica crítica y activa es contribuir a la comprensión y explicación de la realidad y a proponer soluciones que considera viables a los problemas del país, no es casual que el Programa Interdisciplinario de Estudios de la Mujer (PIEM) del Colegio de México y el Programa Universitario de Estudios de Género (PUEG), de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) hayan conjuntado inteligencia, iniciativa e imaginación ante el feminicidio que se está dando en Ciudad Juárez y Chihuahua, y que se evidencia ya en otros lugares del país. La convocatoria conjunta de estos programas dedicados a los estudios de la mujer y de las relaciones de género, dirigida a académicas, expertas en derecho, en atención a víctimas y a personas y organizaciones comprometidas con la búsqueda de justicia para las mujeres y niñas asesinadas y sus familiares, responde a un principio que ha definido el trabajo del PIEM desde sus inicios.

El PIEM ha sido desde su creación, en 1983, un programa activo, en el que se han discutido problemas tan acuciantes como la violencia intrafamiliar, el derecho al aborto, y donde se han desarrollado proyectos de investigación que contribuyen a explicar la situación de las mujeres en México, señalando no sólo problemas sino también posibles soluciones. Hoy, a 21 años de su fundación, el PIEM se propone como puente hacia la sociedad para unir con ella energía e inteligencia y buscar una solución al que es, si no el mayor, sí uno de los principales problemas de derechos humanos en nuestro país: el asesinato de mujeres por el hecho de ser mujeres.

El feminicidio, como plantea el Grupo de Trabajo Alternativas, implica no sólo crímenes de odio contra las mujeres por el hecho de ser mujeres, sino también impunidad. El feminicidio se da cuando hay misoginia y discriminación y cuando sus manifestaciones extremas, que incluyen tortura, violación y postvictimización, son toleradas por la sociedad y las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley; es decir, de castigar a los criminales y de proteger a las víctimas. El feminicidio es una prueba, tal vez la más patente, de la persistente violencia contra la mujer en nuestra sociedad y, también, de la grave crisis de la legalidad que estamos viviendo y que padecen, con particular intensidad, los habitantes de Ciudad Juárez y ahora también de la ciudad de Chihuahua.

La gravedad y expansión de este problema exige una respuesta eficaz y decidida del Estado, señala este plan alternativo. Contra la impunidad y la violencia de años no basta con crear dos cargos que implican una división de facultades y funciones, sobre todo cuando en este caso hay indicios de crimen organizado.

Sin menospreciar los esfuerzos de las funcionarias que se han dedicado a este asunto, el Grupo de Trabajo Alternativas ha propuesto la fusión de sus cargos en una sola estructura con facultades suficientes para llevar a cabo y coordinar todo el proceso de procuración de justicia. Nada parece más lógico. Ante un hecho tan indignante como éste, de poco valen las divisiones y las posibles fugas de responsabilidades. A algunos extrañará que se proponga también que esta nueva fiscalía general dependa directamente del procurador de la República. Esta reacción en sí misma es un indicio de la desconfianza que tiene la población en las autoridades encargadas de procurar justicia, precisamente. Pero no parece haber otro camino. Lo que está planteando Alternativas es que las instituciones deben cumplir con sus funciones. En cierto modo, ésta es una apuesta, no en favor de la Procuraduría General de la República, sino de la justicia.

Exigir que se restaure el estado de derecho en Ciudad Juárez, como lo hacen las investigadoras del PIEM y el PUEG y su grupo de trabajo, no es una demanda utópica. Es el reconocimiento de que, sin leyes justas y efectivas, sin un Estado que las haga valer, nos amenaza la ley de la selva, la del más fuerte, la del más poderoso.

Exigir que se protejan y defiendan los derechos de las mujeres a la vida, a la seguridad, al libre tránsito, a la posibilidad de salir a trabajar sin temor a la muerte, es exigir lo mínimo, es defender un derecho o un conjunto de derechos básicos. Las mujeres hemos padecido sin duda los efectos de leyes restrictivas, pero hemos logrado cambiarlas. Sin duda, todavía queda mucho por hacer, por transformar.

En cierto modo, lo que las académicas y juristas demandan con este plan alternativo es que las leyes sirvan a las mujeres, para las mujeres, y que las autoridades reconozcan , respeten y defiendan los derechos de las mujeres y, en última instancia, los derechos de todos.