Hugo Aboites*

Idus en octubre: la reforma al 122 constitucional

El mas importante argumento de panistas y priístas para la planeada reforma al artículo 122 constitucional apela a la vieja conseja de que el Distrito Federal es una especie de nicho de privilegiados. Las cifras muestran, sin embargo, que eso es radicalmente falso. Los millones de empleados, trabajadores, empresarios, profesores que en esta ciudad pagan impuestos y el IVA federal, le han entregado a las arcas centrales muchísimo más de lo que la ciudad recibe en educación y en otros conceptos. Un detallado estudio realizado por Pablo Latapí y Manuel Ulloa (El financiamiento de la educación básica en el marco del federalismo, México, DF, 1998) los lleva a afirmar que "comparando el perfil de distribución del gasto federal educativo con el de los ingresos tributarios y no tributarios federales, es claro que el DF, es 'castigado' en beneficio de todas las demás entidades, al recibir recursos federales para la educación en proporción muy inferior a los que recauda" (pág. 93-94). Muestran además que ha habido periodos en que al DF inclusive se le reducen los montos (hasta 28 por ciento) con la finalidad de aumentar los recursos para la educación en algunos estados: "el déficit del Distrito Federal de 1988 a 1992(...) venía permitiendo financiar la totalidad del incremento del gasto federal educativo a los estados". (Op. cit., 115).

De materializarse la reforma y si se reducen en 9.5 mil millones los recursos destinados a las escuelas de la ciudad de México, el grueso de la población se vería ante la perspectiva de una reducción importante de los servicios que ofrece el Gobierno del DF, o un sustancial aumento en los impuestos locales. Si este último es el caso, para resarcir la pérdida sería necesario que 2 millones de familias capitalinas pagaran 5 mil pesos anuales en promedio como impuestos adicionales. Y eso sólo para mantener la educación básica del DF en el estado presente; para aumentos a los maestros y resolver sus crecientes y dramáticas carencias serían necesarios aún mayores incrementos en impuestos.

Los habitantes del DF estarían entonces en una situación de evidente discriminación. Porque (al pagar impuestos federales) aportan ciento por ciento de lo que requieren las escuelas de la ciudad de México; aportan además solidariamente una parte sustancial para sostener las escuelas de otros estados que disponen de menos recursos y, ahora, además, deberán también solventar la reducción de que son objeto. Al mismo tiempo, sin embargo, otras entidades han sido tratadas de manera diferente. Entidades económicamente "fuertes", están viendo aumentar -no disminuir- las aportaciones federales para educación. El caso de Nuevo León es ilustrativo, porque en 1985 este estado contribuía con 48 por ciento de su gasto educativo y 52 por ciento restante lo aportaba el gobierno federal. Y esa misma proporción se mantuvo sin grandes cambios durante 10 años (Latapí y Ulloa, anexos, cuadro d). Sin embargo y a pesar de la descentralización, la contribución federal ha aumentado a tal punto que esa entidad hoy ya sólo aporta 30 por ciento. Igual ocurre en Baja California, donde la proporción estatal ha pasado de 40 a 25 por ciento en el mismo periodo (Ver Latapí y Ulloa ib. y El Universal, 3 octubre 04). El diputado José Agustín Ortiz Pinchetti, además, informa que lo que se le quita al DF iría a los estados de Nuevo León y de México (noticiario radiofónico de López Dóriga, 3 octubre 2004).

Así, la miopía de la coalición de diputados encabezada por el PAN está logrando darle un golpe a la descentralización educativa; vulnerar el acuerdo tributario nacional que permitió durante décadas una imperfecta estabilidad en la relación entre el gobierno federal y los estados; pero, sobre todo, acabar con la resignación y paciencia de los trabajadores, quienes aportan una parte importante de esos recursos. Ayer fue el IMSS, ahora las escuelas (y en la UAM, la tienda de autoservicio, las guarderías y bibliotecas). Al tiempo.

(*) Doctor en educación, profesor/investigador del Departamento de Educación y Comunicación de la UAM-Xochimilco