Bolivia: ¿Logrará Mesa su reforma en hidrocarburos?

Economist Intelligence Unit /The Economist

El presidente boliviano Carlos Mesa salió fortalecido por el resultado del referendo del 18 de julio, relativo a la política futura de su gobierno respecto del privatizado sector de los hidrocarburos. La consulta, que se refería al grado de control gubernamental que debe ejercerse sobre el sector, fue apoyada por un promedio de 77 por ciento de votantes (sobre una alta afluencia de alrededor de 60 por ciento), y significará que probablemente los operadores privados enfrenten mayores impuestos y un incremento en la participación estatal en la industria, aunque no su nacionalización.

El resultado, que reflejó de cerca la tasa de aprobación del propio Carlos Mesa, es un respaldo bienvenido para el presidente no electo, quien asumió el poder en octubre de 2003 después del derrocamiento de su impopular predecesor, Gonzalo Sánchez de Lozada (2002-03), entre violentos disturbios sociales por demandas de la oposición radical de volver a nacionalizar los hidrocarburos.

Tanto los grupos nacionalistas radicales, que buscan el completo retorno de los activos petroleros a manos estatales, como los partidos tradicionales, que tratan de conservar lo más posible el statu quo, sostienen que el referendo fue una victoria para sus respectivas demandas, lo cual muestra lo problemática que será la traducción de la ambigua redacción de las propuestas del referendo en medidas políticas. Sin embargo Mesa, que no tiene apoyo formal de los partidos, ha obtenido una victoria táctica sobre la oposición tanto de la derecha como de la izquierda del espectro político.

Con la exitosa conclusión del referendo, el gobierno de Mesa espera poner fin a un debate de tres años que polarizó al país, sobre el desarrollo de sus recursos de hidrocarburos y la industria de gas para exportación. La oposición popular a los planes del sector privatizado de exportar gas vía Chile a los mercados de México y EU ha puesto un dique a cuantiosas inversiones y obstruido la expansión de la industria.

En una acción que en alguna medida debe atemperar la hostilidad hacia la privatización de los recursos gasíferos, el gobierno ha derogado un decreto de octubre de 2001 que permitía a los concesionarios petroleros suspender la exploración y desarrollo de campos en tanto no se abrieran nuevos mercados para el gas. Las compañías alegaban que el gasto (sobre todo en el desarrollo de campos gasíferos) era contraproducente si no existían mercados donde vender el gas. El gobierno creía que los operadores explotaban el decreto para evadir la prometida inversión en exploración y dejar improductivas las áreas concesionadas.

Conforme a la vigente Ley de Hidrocarburos 1689, los concesionarios están obligados a perforar nuevos pozos con base en la amplitud y duración de la concesión. El gobierno reconoce que es ilógico procurar una costosa inversión en exploración cuando hay poca expectativa a corto plazo de monetizar las reservas desarrolladas. Propone en cambio una cláusula en la nueva iniciativa (posterior al referendo) que permitiría a las compañías reasignar las sumas acordadas de inversión en exploración a proyectos de desarrollo industrial.

A principios de junio se iniciaron exportaciones en gran escala de gas a Argentina (en promedio 4 millones m³/día) para ayudarla ante la escasez de energía que experimenta. La oposición política a los nuevos acuerdos para explotar gas natural como materia prima obligó a restringir el contrato a un término de seis meses. Sin embargo, marchan bien las negociaciones para extenderlo después del resultado favorable del referendo, el cual incluía una propuesta de expandir las exportaciones. El acuerdo prohíbe expresamente la reventa de gas natural a Chile, a causa de las históricas tensiones con Bolivia. Argentina tiene contratos vigentes de suministro de gas a Chile, pero en fecha reciente los suspendió debido a su propia escasez del hidrocarburo. El sentimiento antichileno en Bolivia ha sido atizado por Mesa, cuyo gobierno ha tenido cuidado en publicar que existen mecanismos para evitar que las reservas bolivianas de gas sean desviadas de Argentina a Chile.

El potencial exportador de gas natural de Bolivia seguirá dominando las relaciones con sus cinco vecinos regionales y EU. Las relaciones con Argentina cobrarán relevancia cada vez mayor en los próximos meses, a medida que el gobierno de Mesa busque expandir un acuerdo bilateral temporal de exportación de gas natural. Brasil, que desde hace tiempo tiene un acuerdo en este renglón con Bolivia, puede volverse un actor más importante si, como es probable, Mesa aplica una estrategia de atraer la ayuda brasileña (y argentina) para industrializar el gas.

Los esfuerzos por volver a emprender un muy retrasado megaproyecto para exportar gas natural licuado a México usando un puerto del océano Pacífico seguirán siendo complicados. Si bien los inversionistas han favorecido desde hace tiempo el uso de un puerto chileno, esta opción podría ya no ser viable a la luz de los resultados del referendo, sin provocar una renovada inquietud social. La opción peruana podría resultar demasiado costosa para volverse realidad alguna vez, y el futuro de este proyecto sigue siendo poco claro.

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