Por lo pronto se libera de fincar responsabilidades a funcionarios de Hacienda

Solicita el Ejecutivo invalidar la Ley de Fiscalización Superior de la Federación

JESUS ARANDA

Después de meses de enfrentamiento entre el Poder Ejecutivo federal y la Auditoría Superior de la Federación (ASF) por la insistencia de ésta de no sólo revisar las cuentas públicas, sino también de ordenar a las dependencias federales el no pago de determinados recursos -como ocurrió cuando exigió a la Secretaría de Hacienda que no liquidara pagarés de deuda pública incluidos en el Fobaproa en los que había detectado irregularidades, así como la sanción de funcionarios corruptos-, el Ejecutivo solicitó a la Suprema Corte que invalide la Ley de Fiscalización Superior de la Federación.

Al interponer la controversia constitucional 84/2004 en contra de la ASF y del Congreso de la Unión, en la que también solicita la anulación del "pliego de observaciones", identificado con el número 057/2004 y con la clave 02-06Eoo-2-245-06-001, fechado el 18 de junio pasado, en el que la ASF ordenó al Servicio de Administración Tributaria -órgano desconcentrado de Hacienda- entregar a la Tesorería de la Federación fondos que habrían sido erróneamente considerados como derecho de trámite aduanero.

El Presidente de la República, mediante la Secretaría de Hacienda, fue más allá que en otras controversias similares -como cuando se negó a acatar la orden de la ASF de no pagar miles de millones de pesos a cuatro bancos por concepto de pagarés del Fobaproa en los que había encontrado irregularidades-, en las que había demandado la invalidez de las órdenes emitidas por la ASF a las dependencias del Ejecutivo, y en esta ocasión solicitó a la Corte la anulación de la Ley de Fiscalización que regula en su conjunto la actividad de la ASF.

Cabe señalar que esta legislación que data de diciembre de 2000 y busca invalidar el Ejecutivo, establece entre otras cosas que la ASF tiene entre sus atribuciones las siguientes: establecer criterios para la revisión y fiscalización de la cuenta pública y del informe de avance de gestión financiera; evaluar el cumplimiento final de objetivos y metas de los programas federales; verificar el desempeño de los mismos y la legalidad en el uso de recursos públicos; verificar que las operaciones que realicen los poderes de la Unión y entes públicos federales se efectúen conforme lo establezcan las leyes de Ingresos y Egresos de la Federación; verificar obras, bienes adquiridos y servicios contratados por el gobierno federal, y solicitar a auditores externos copias de los dictámenes realizados a entes públicos.

Además, fiscalizar subsidios otorgados con cargo al presupuesto a cualquier entidad pública o privada; investigar en el ámbito de su competencia actos u omisiones que impliquen alguna irregularidad o conducta ilícita en el uso de recursos federales; fincar responsabilidades e imponer sanciones correspondientes a los responsables por el incumplimiento a sus requerimientos de información, entre otros.

En su demanda, el Ejecutivo federal sostuvo, por otra parte, la legalidad del "acuerdo que establece el mecanismo para que la parte no fiscal del derecho de trámite aduanero se concentre al fideicomiso establecido por la Secretaría de Hacienda para proporcionar los servicios a que se refiere el artículo 8-B de la Ley Aduanera".

Por otra parte, el ministro instructor, José de Jesús Gudiño Pelayo, otorgó la suspensión solicitada por el Ejecutivo, con lo que la Corte impidió que la ASF "obligue" al Ejecutivo federal, por conducto del Servicio de Administración Tributaria, a cumplir con las medidas previstas en el pliego objeto de la demanda, en tanto la Corte no emita su resolución definitiva.

También el Ejecutivo federal se vio liberado por el momento de la orden de la ASF de fincar responsabilidades a funcionarios de Hacienda por las presuntas irregularidades en que habrían incurrido.

De acuerdo con fuentes de la Cámara de Diputados, la controversia tiene que ver con el examen que lleva a cabo la ASF a los derechos por trámite aduanero, en donde se habría detectado un presunto desvío de más de 2 mil millones de pesos que no fueron reportados a la Tesorería de la Federación en los ejercicios fiscales 2001 y 2002.