Podrán esclarecerse ahora miles de delitos aún impunes: organismos humanitarios

"Chile es hoy un poco más democrático que ayer", según el abogado Eduardo Contreras

El desafuero muestra que no hay intocables, dice el defensor de las familias de las víctimas

XIMENA ORTUZAR

"Chile es hoy un poco más democrático que ayer porque el desafuero de Augusto Pinochet muestra que no hay intocables; espero que ahora sí sea objeto de procesamiento por parte del juez Juan Guzmán", declaró el abogado Eduardo Contreras al comentar el fallo de la Corte Suprema de Justicia de Chile, que por nueve votos en favor y ocho en contra privó al ex dictador de su fuero de "ex presidente de la república" y dejó abierta la posibilidad de juzgarlo por su responsabilidad en los crímenes de la Operación Cóndor.

Agregó Contreras, en conversación des-de Chile con La Jornada: "Al fin se imponen el sentido de real justicia y el derecho. Como abogado, como hombre de ley, celebró que este fallo revele que el país puede todavía tener confianza en sus tribunales". Y remató: "Ojalá esta resolución judicial sea útil a tantos pueblos hermanos del continente que han sufrido, como nosotros, violación de sus derechos humanos."

Con dicho fallo, el máximo tribunal chileno ratificó otro anterior en tal sentido de la Corte de Apelaciones de Santiago, que la defensa de Pinochet apeló argumentando "demencia senil" del acusado.

Los abogados querellantes, a su vez, presentaron esta vez las constancias de nu-merosas operaciones financieras que el ex general ha realizado en meses recientes y que demuestran su capacidad mental para enfrentar un juicio. "O Pinochet nunca estuvo demente o su demencia está en franca reversión", alegaron.

Tanto la parte acusadora como los organismos defensores de derechos humanos de Chile calificaron este fallo como "hito histórico" que podría permitir el definitivo esclarecimiento de los miles de delitos aún impunes cometidos durante los 16 años y medio de dictadura militar.

Pinochet logró eludir la justicia en Londres, cuando el juez Baltasar Garzón solicitó su extradición a España -con base en la Convención contra la Tortura- y libró luego del juicio en Chile por la llamada caravana de la muerte, misión represiva ordenada por el entonces dictador y que dejó como saldo el asesinato de 57 opositores y el secuestro y desaparición de otros 18, por supuesta "demencia senil".

Ahora, todo indica que deberá enfrentar el juicio por su responsabilidad en la detención y posterior desaparición de 33 chilenos capturados entre 1975 y 1976 por agentes de inteligencia argentinos, paraguayos o brasileños en sus respectivos territorios y posteriormente entregados a la Dirección de Inteligencia Nacional (Dina, policía política del régimen militar chileno).

Esto ocurrió en el contexto de la Operación Cóndor, coordinación represiva de los servicios de seguridad de las dictaduras de Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Bolivia y Brasil, basada en un programa cuyo objetivo principal fue la detención y asesinato de disidentes dentro de sus fronteras.

Todos esos casos están documentados en el Informe de Verdad y Reconciliación, publicado en Chile en 1990.

Un largo camino

Larga y difícil ha sido la tarea de los abogados acusadores del ex dictador. Zigzagueante e impredecible la actitud del Poder Judicial chileno: mientras en los primeros años del régimen de Pinochet los jueces adoptaron como norma desoír las denuncias de crímenes contra opositores, con el curso de los años y por el peso de las evidencias optaron por acoger las demandas y aplicarles de in-mediato -y sin investigar- la ley de au-toamnistía decretada por la dictadura.

Recuperada la democracia hubo algunos avances, pero prevaleció la incondicionalidad de muchos magistrados con los ex gobernantes de facto, sobre todo en lo que se refiere a Augusto Pinochet: cuando en 2000 se logró que los tribunales acogieran una querella criminal en su contra, pese a haber sido desaforado como senador vitalicio, detenido y sometido a proceso, la Corte Suprema determinó, en 2002, sobreseerlo definitivamente por "demencia subcortical progresiva e incurable".

Mientras era sometido al primer juicio de desafuero como senador vitalicio, Pinochet fue premunido de nuevo escudo antijusticia: el fuero de "ex presidente de la república", creado ex profeso para él por el gobierno concertacionista del democristiano Eduardo Frei Ruiz-Tagle.

Una nueva querella criminal -de las 300 que lo involucran-, ahora por la Operación Cóndor, fue interpuesta por abogados representantes de las víctimas (Eduardo Contreras, Francisco Bravo, Hiram Villagra, Juan Subercaseaux, Juan Pavín, Sergio Concha y Hugo Gutiérrez). Debían, sin embargo, sortear el escollo de ese segundo fuero.

El 28 de mayo pasado, la Corte de Apelaciones desaforó a Pinochet.

La defensa apeló ante la Corte Suprema. Y falló. Porque hoy, cuatro años después, la composición del máximo tribunal es otra. Varios de los magistrados que analizaron el caso caravana de la muerte, que eran votos seguros en favor de Pinochet, jubilaron.

En el pleno de ministros sólo queda uno que fue designado por el régimen militar. Los nuevos magistrados tuvieron que aceptar las evidencias.

Entre las pruebas, los abogados querellantes presentaron ahora ante la Corte Su-prema un informe siquiátrico realizado por tres profesionales, basado en una entrevista de noviembre del 2003, donde se demuestra que el ex militar está en condiciones de enfrentar el juicio.

El informe indica que el ex dictador se muestra "concentrado en las preguntas que se le formulan; su actitud, es reflexiva y cautelosa". Agrega: "un análisis lingüístico de la entrevista dada por el señor Pinochet revela que se trata de un discurso coherente y fluido, aunque hay pequeñas interrupciones que no alcanzan a constituir una patología desde el punto de vista siquiátrico.

"Esto, sumado a la cohesión de sus respuestas, evidencia que el general en retiro tiene un manejo del lenguaje que le permite comunicarse adecuadamente, enfatizando incluso lo que él desea destacar. Esta característica se aleja de la impresión global del discurso vacío que es propio de los pa-cientes que sufren demencia", puntualizan los especialistas.

Concluye el informe: "Las preguntas que surgen frente a los datos que nos entrega la entrevista son las siguientes: ¿Está esta persona capacitada para entender los cargos que se le formulan? ¿Tendrá capacidad para instruir a sus abogados para que lo defiendan? ¿Comprenderá la evidencia que se le presenta frente a los cargos que se le imputan? La respuesta, de acuerdo con la entrevista que hemos presenciado, es, sin duda, sí".

Cabe destacar que los alegatos por la Operación Cóndor coincidieron con la investigación del juez Sergio Muñoz de las millonarias cuentas del general retirado en el banco Riggs, de Estados Unidos, por 8 millones de dólares, cuyo origen Pinochet dice no recordar. Así, la apelación de la defensa no prosperó y el máximo tribunal chileno despojó al acusado de su escudo.

El abogado Hugo Gutiérrez señaló desde Santiago: "Es de esperar que esta vez los exámenes médicos, que de seguro la defensa va a solicitar, no resulten en esta confabulación que todos hemos visto y que creó esta mentira que a la postre resultó echada abajo por la misma Corte Suprema que en su momento había sobreseído a Pinochet".

A su vez Viviana Díaz, presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos chilenos, declaró: "Al fin pa-rece que la justicia es posible en Chile; al fin parece que todos somos iguales ante la ley".