Luis Javier Garrido

La rectificación

El cuarto Informe de gobierno se va a presentar en medio de un deterioro de la vida política y social generada por las políticas del gobierno foxista tendientes a entregar las riquezas básicas del país al capital trasnacional, a desmantelar el sistema estatal de seguridad social y a manipular el proceso electoral de 2006, todo lo cual ha generado una crisis creciente, que muchos sectores buscan detener.

1. El exhorto del Congreso de la Unión a Vicente Fox y a Andrés Manuel López Obrador para que por la vía del diálogo se supere el clima de confrontación creado por el gobierno foxista al pretender inhabilitar de manera ilegal al jefe de Gobierno de la capital como candidato presidencial en 2006, se suma a los llamados de dirigentes políticos y eclesiásticos, empresarios y miembros de la sociedad civil que, con profunda preocupación por el deterioro de la vida pública del país y la crisis que se está gestando en vísperas del cuarto Informe, al hablar de conciliación están exigiendo al gobierno detener su intentona golpista.

2. El juicio de procedencia demandado por la PGR a la Cámara de Diputados, lejos de convencer de que el gobierno foxista busca hacer respetar la ley al procesar a quien pretende habría cometido el delito de desacato, ha terminado por evidenciar que Fox y sus colaboradores están actuando en este caso en la más completa ilegalidad y torciendo las leyes con el objetivo de seguir disponiendo del país luego de 2006 en una acción que muchos ven como un verdadero golpe de Estado.

3. La campaña gubernamental de más de seis meses para eliminar políticamente a quien han visto como el contendiente más fuerte para 2006 ha terminado por hastiar hasta a los empresarios, que ahora exigen a Fox que asuma sus responsabilidades y que en vez de seguir complotando contra el posible candidato perredista se dedique a gobernar. La estrategia de presentar al jefe de Gobierno capitalino como un peligroso populista, que desarrollaron diarios y columnistas afines a Salinas, no logró penetrar el sector privado y hoy varios de sus dirigentes exigen a Fox que rectifique.

4. La decisión de la sección instructora de la Cámara de Diputados de posponer su decisión sobre el juicio de procedencia hasta después del Informe y el anuncio de que la Suprema Corte de Justicia haría lo mismo en el caso del escrito presentado por la legislatura capitalina sobre la procedencia de este caso, a fin de que sea el pleno el que falle, son signos de que la crisis en el grupo gobernante es muy grave y de que las presiones para que se detenga la maquinaria gubernamental son mayores. De ahí que no sorprenda que Fox acudiera presuroso a comer a casa de Carlos Salinas de Gortari el 25 de agosto (El Universal, 26/8/04), en una reunión en la que los dos principales instigadores de esta conjura tendrían que haber evaluado el daño que están causando al país por sus ambiciones.

5. La pretensión de Fox y de Salinas de acusar penalmente a López Obrador como primer paso para manipular la elección presidencial de 2006, está generando una absoluta pérdida de credibilidad al "nuevo régimen", y ésa es la preocupación que crece, ya que las acciones gubernamentales están llevando al absoluto descrédito al titular del Ejecutivo y al Congreso, y en este proceso de total deterioro de las instituciones puede hundir también al Poder Judicial de haber jueces y magistrados "de consigna" que colaboren con el gobierno foxista, como es muy probable, y abre la vía para que el próximo presidente de México sea un gobernante ilegítimo.

6. El principal damnificado tras estos largos meses de una campaña incesante orquestada desde Los Pinos ha sido Fox, quien no parece darse cuenta. A pesar de su alianza con Salinas y con los grupos del PRI subordinados a éste, que le ha permitido tener influencia importante en los medios, aparece ahora como el principal responsable de lo que acontece, que tanto por su nulo respeto a la legalidad existente en el país como por su incompetencia le está generando graves problemas a los principales actores políticos. Un cartón de Hernández en Milenio Diario (23/8/04) resume este sentir, pues muestra a Fox recluido en su rancho de San Cristóbal preparándose para su cuarto Informe. "Se han hecho -aparece escribiendo- 685 declarasiones contra Lópes Obrador..." "Se han llevado a cabo 293 acciones en contra de su gobierno..." "Se han encabesado 32 agresivas campañas en su contra..." "Se han logrado importantes acuerdos con el Legislatibo para lograr su desafuero..."

7. Y ahí es donde aparece otro problema, pues nadie parece querer pagar el costo de la posible inhabilitación. De producirse, dejaría en el mayor descrédito al PRI y a los diputados priístas que en lo personal la votarán, pero está haciendo estragos en el PAN, que ya aparece como un partido "golpista" que con tal de ganar en 2006 no le importa quebrantar el orden jurídico.

8. En la hipótesis de una inhabilitación de López Obrador se crearía un escenario que haría imposible la participación del PRD en 2006 con otro candidato presidencial, pues las elecciones ya no podrían ser democráticas y cualquier otra candidatura quedaría en calidad de comparsa del gobierno, y esto es lo que ha determinado que muchas voces al interior del perredismo insistan en que si Salinas y Fox se salieran con la suya y quebrantando el orden jurídico del país lograsen la inhabilitación del actual jefe de Gobierno, su partido no debería postular candidato alguno en 2006.

9. La última manipulación del gobierno foxista, operada por Santiago Creel (secretario de Gobernación y suspirante a la silla presidencial), que tras una reunión en Bucareli con los gobernadores perredistas de Michoacán, Zacatecas y Baja California Sur (24 de agosto) filtró a la prensa que se estaba negociando la ley para detener la maquinaria del "desafuero", no es más que una estratagema vulgar más de un gobierno que una y otra vez se burla de la legalidad.

10. Lo único que procede en éste y en otros casos es el respeto a la legalidad. Y la única vía que tiene el gobierno foxista para evitarle al país una crisis de enormes dimensiones es cumplir con el marco legal del país: la vía de la rectificación que están exigiendo muchos sectores, deteniendo una acusación penal sin sustento jurídico alguno, misma que aún no presenta formalmente, y que de no hacerlo podría evitarle al país una crisis mayor.