Elabora la Cámara predictamen con 2 años de retraso

Desplomes en general, en la Cuenta Pública de 2001

Con la anuencia del PAN y el tricolor, la postergación

ENRIQUE MENDEZ Y ROBERTO GARDUÑO

Con dos años de retraso, la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados elaboró un predictamen de la Cuenta Pública 2001 en el que manifiesta que en el segundo año de gobierno de Vicente Fox disminuyó de forma considerable el producto interno bruto (PIB), las importaciones, la demanda, el consumo y la formación de capital.

El documento destaca que de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, en 2001 el PIB se redujo a 0.3 por ciento a precios constantes, lo que representó el primer descenso respecto a los cinco años anteriores, cuando tuvo alza ininterrumpida.

"La desaceleración del producto en el segundo año de gobierno de Fox superó con mucho lo originalmente previsto. A lo largo del año los pronósticos de crecimiento económico se fueron revisando a la baja. Así, según las respuestas a la encuesta mensual que recaba el Banco de México entre los analistas económicos privados, en enero el consenso sobre la variación del PIB en términos reales para 2001 fue de 3.8 por ciento, cifra que se redujo a 2.5 por ciento en mayo, a 0.8 por ciento en agosto, a menos 0.03 por ciento en octubre y a menos 0.26 por ciento en diciembre."

El anuncio de ese resultado se postergó en los dos años pasados a consecuencia de la presión política que impuso la fracción del PAN en la Cámara de Diputados, con objeto de aplazar el dictamen de la Cuenta Pública de 2001, y contó con el respaldo de la bancada del PRI.

No obstante, a causa del vencimiento de los plazos legales para emitir un dictamen, la Comisión de Presupuesto analiza el anteproyecto para someterlo, una vez revisado y adicionado, al pleno camaral durante el periodo ordinario de sesiones.

Entre las deficiencias económico-financieras detectadas durante la revisión de la Cuenta Pública se encuentra la evolución de la demanda y la oferta agregada, ámbito en que se descubrieron diferencias del primero al segundo semestre de 2001.

"En la primera mitad del año, la demanda agregada, el PIB, las exportaciones y las importaciones de bienes y servicios mostraron tasas de variación anual positivas, pero ya en la segunda parte del año todas esas tasas fueron negativas."

El predictamen reconoce que en el año de referencia se redujo el saldo deficitario de la balanza de servicios, cuyo monto pasó a 13 mil 508 millones de dólares, luego de haber sumado 14 mil 404 millones de dólares en 2000. Los egresos por intereses disminuyeron 7.1 por ciento, como consecuencia de las bajas en las tasas internacionales.

Respecto a las finanzas en el ejercicio fiscal 2001, el sector público registró un déficit presupuestario de 43 mil 430 millones de pesos, monto superior en 2 mil 459 millones de pesos respecto a la meta aprobada. En ese periodo el presupuesto fue ajustado en cuatro ocasiones por 16 mil 220 millones de pesos, situación que en su momento se justificó porque los ingresos públicos obtenidos cada trimestre habían sido menores a los estimados en el calendario trimestral de la Ley de Ingresos.

El análisis establece también que en el segundo año de la administración foxista el gasto programable ascendió a 937 mil 213 millones de pesos, cantidad 1.2 por ciento inferior al programado, aunque respecto a lo ejercido un año antes fue superior en 3.5 por ciento en términos reales, lo que se asoció, entre otros factores, a un crecimiento del gasto corriente de 2.9 por ciento y de capital de 6.2 por ciento.

"En ese ejercicio fiscal, la inversión física directa cayó 6.6 por ciento real en comparación con 2000, y en términos absolutos fue inferior en 26 mil millones de pesos frente a lo aprobado para 2001 por la Cámara de Diputados, situación que estuvo asociada, entre otros asuntos, al "desfase" en el programa de inversiones de la Comisión Federal de Electricidad, particularmente en proyectos termo e hidroeléctricos."

Otros factores que influyeron son la postergación de la entrada en operación comercial de las centrales Río Bravo, Hermosillo y Saltillo; la reducción de los recursos orientados al pago de capital de los Programas de Inversión Diferidos en el Gasto en operación de Petróleos Mexicanos; el ajuste de los registros del Proyecto Sistema Flotante de Almacenamiento y Descarga; la demora en los procesos de licitación; los menores recursos asociados a la construcción de las carreteras a cargo de Comunicaciones y Transportes, y la cancelación del Programa de Vivienda Progresiva en 11 entidades federativas.

Con objeto de impedir la discrecionalidad en el gasto de los recursos públicos, la Comisión de Presupuesto pretende una reforma legal para ajustar las metas gubernamentales a la hora de concretar el gasto, además de que se considera impulsar esquemas de revisión sobre el nivel de cumplimiento de objetivos y metas de programas y funciones, así como relaciones costo-beneficio del gasto de los programas para evaluar la eficiencia en el ejercicio del gasto público.

De esa forma se exigirá a los gobiernos estatales una amplia explicación sobre las variaciones en las metas de los diferentes programas, ponderando su impacto, e informar en un documento especial y de manera amplia los criterios, condiciones, términos y montos correspondientes a las operaciones de venta, fusión o liquidación de las empresas paraestatales y el destino de los recursos obtenidos durante el ejercicio fiscal, incluidas las operaciones realizadas en cada uno de los sectores.

Las recomendaciones también tendrán efecto en la elaboración de los proyectos prioritarios por sector, así como en la información sobre participaciones a estados y municipios, especificando los criterios y métodos para el cálculo y la distribución de los fondos generales.

Los legisladores también pretenden acotar el espacio de maniobra para el manejo de los recursos públicos en el ámbito del gobierno federal, continuar los esfuerzos de racionalización de transferencias y dar mayor información para evaluar de manera más apropiada el impacto de éstas en el saneamiento de las finanzas públicas, el empleo, el apoyo de los sectores prioritarios, el abasto de servicios básicos y los beneficiarios de los mismos.