Comentarios a esta sección

México D.F. Miércoles 25 de agosto de 2004

En su comparecencia ante diputados y senadores de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Ernesto Derbez, defendió el memorándum de entendimiento con Estados Unidos vigente desde 2001, en el cual el gobierno mexicano avala que la Patrulla Fronteriza utilice balas de goma rellenas de pimienta -el canciller prefiere usar el eufemismo "bolas de plástico"- contra mexicanos indocumentados. El secretario Derbez informó que estas armas no letales se han usado "únicamente" en 234 casos en San Diego, El Centro, Yuma, Tucson y El Paso, y en todos se han presentado juicios y demandas. A pesar de que los legisladores exigieron la cancelación de dicho acuerdo que, a todas luces, permite violaciones a los derechos humanos de los migrantes, el canciller aseguró que éste se mantendrá y sólo se comprometió a evaluarlo, junto con autoridades del Departamento de Seguridad Interior del país vecino, para determinar "la letalidad o no letalidad" de dichas armas.

La postura del funcionario no responde al asunto de fondo planteado por los representantes del Congreso, en el cual se resume en que el gobierno mexicano está solapando que la Patrulla Fronteriza atente contra la integridad física de quienes cruzan la frontera como indocumentados. Por más que Derbez insista en que las balas de goma no se usan para frenar el flujo migratorio y que el acuerdo bilateral de marras evita el uso de armas letales, es inaceptable que en lugar de procurar protección a la integridad física de los connacionales se consienta una violación de esta magnitud.

Como señalaron los legisladores, el que esas balas no sean letales no significa que sean inofensivas: dejan hematomas en el cuerpo, quemaduras y diversos grados de intoxicación. Existen también las armas de este tipo que provocan ceguera temporal, vértigo, náuseas y daños permanentes, por lo que un análisis de la magnitud del daño es inútil. Suficiente agravio es para quienes se ven obligados a emigrar, por los medios que sean, abandonar a la familia, sacrificar recursos económicos, poner en riesgo la propia vida, para buscar más allá de la frontera el trabajo y los ingresos que no encuentran en el país.

En vista de que el gobierno federal ha preferido seguir apegado a una política económica generadora de pobreza y, por tanto, expulsora de población en edad laboral, en lugar de generar las oportunidades de empleo y bienestar para retenerla, debería asumir como prioridad de la política exterior la defensa irrestricta de los derechos humanos de los migrantes, más allá del discurso.

Es lamentable que la presente administración no esté aprovechando la relación bilateral para obtener beneficios a favor de los migrantes -que están más que justificados en razón de los que ellos reportan a la economía del vecino país- y, en cambio, avale acuerdos en los que deja en segundo plano estas prioridades para ceder terreno a la política estadunidense de seguridad fronteriza.