Recursos de contribuyentes han pasado a formar parte de los activos de las intermediarias

Pagó el gobierno $189,400 millones por intereses del rescate bancario

107 mil millones de pesos se convertirán en deuda pública, incluidos los 9 mil 500 millones por créditos irregulares Legisladores del PRD califican de ilegal el convenio con el IPAB y Hacienda

ROBERTO GONZALEZ AMADOR

El gobierno federal ha transferido a los bancos que operan en México 189 mil 400 millones de pesos como pago de intereses generados por el rescate bancario, recursos de los contribuyentes que han pasado a formar parte de los activos de esas instituciones, según cifras oficiales de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) expuestas ayer en el Congreso.

La última gran operación de transferencias de fondos públicos a entidades privadas, como son los bancos, tuvo lugar con la culminación de un acuerdo entre la SHCP y el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) y Banamex-Citigruop, BBVA Bancomer, HSBC (antes Bital) y Banorte, para convertir en deuda pública obligaciones que habían sido asumidas por el gobierno del ex presidente Ernesto Zedillo a través del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa), sin el aval del Congreso.

Ese acuerdo, firmado el 15 de julio pasado entre los cuatro bancos y las dos instancias gubernamentales, tiene el objetivo de transferir al IPAB obligaciones asumidas por el Fobaproa, cuyo vencimiento es en 2005. Esa deuda, derivada del llamado Programa de Capitalización y Compra de Cartera (PCCC), que tenía un costo de 230 mil millones de pesos, según el IPAB, se reducirá a 107 mil millones, que serán convertidos a deuda pública. Para concretar el acuerdo los cuatro bancos se comprometieron a asumir un costo de 9 mil 500 millones de pesos que correspondían a créditos irregularmente transferidos al Fobaproa.

Sin embargo, durante una comparecencia de Mario Alberto Beauregard Alvarez, secretario ejecutivo del IPAB, ante integrantes de la Comisión Permanente del Congreso, realizado este martes, se conoció que, según datos oficiales, esos mismo bancos habían recibido en 2003, como parte de intereses del PCCC, 13 mil millones de pesos.

"Los bancos asumieron un costo menor a los intereses que recibieron en sólo un año", aseguró María Esther Sherman Leaño, diputada del Partido de la Revolución Democrática (PRD) e integrante de la Comisión Permanente.

La dinámica expuesta ha sido la misma de beneficio a los banqueros en los últimos años.

La legisladora, al citar datos de la SHCP, informó que en el transcurso de la actual administración federal se han transferido al IPAB recursos públicos por 70 mil 668 millones de pesos. Más aún, de 1995 a la fecha, los intereses cubiertos a banqueros, como parte del rescate financiero, ascienden a 189 mil 400 millones de pesos que hoy forman parte de los activos de la banca, dominada casi en su totalidad por extranjeros.

La transferencia de recursos públicos a los bancos ocurre en un periodo en que las finanzas públicas han acusado una sostenida falta de ingresos, que han llevado al anterior y al actual gobierno a proponer reformas tributarias consistentes básicamente en elevar la carga fiscal a los contribuyentes cautivos.

En el marco de la comparencia ante la tercera Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el secretario ejecutivo del IPAB aseguró que, aún con el convenio del 15 de julio pasado, los vencimientos de deuda derivados del PCCC serán de 105 mil millones de pesos en 2005.

Para hacer frente a esas obligaciones, informó Mario Alberto Beauregard, el IPAB recurrirá a la contratación de deuda en el mercado financiero local, a través de la emisión de Bonos de Protección al Ahorro.

Anunció que, tal como ha ocurrido desde la creación del instituto, este año el IPAB solicitará al Congreso una partida que calculó en 25 mil millones de pesos -dos veces el presupuesto de la UNAM- para cubrir exclusivamente el componente real, es decir, la parte que supera la inflación de los intereses generados por el rescate bancario.

Esta suma, explicó el funcionario, es similar a la de años anteriores. Pero en el caso de 2005, estimó que podría haber un ligero incremento derivado del alza en las tasas de interés de referencia, que está ocurriendo en México y en la mayoría de los países del mundo.

En la comparecencia, legisladores del PRD, entre ellos el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar y el senador Jesús Ortega, consideraron que el acuerdo entre el IPAB, la SHCP y los cuatro bancos, firmado el 15 de julio pasado, es "ilegal". Ello, explicó Ramírez Cuéllar, porque la ley de protección al ahorro bancario establece que el canje sólo podrá realizarse una vez que las operaciones objeto del programa hayan sido auditadas. "Este supuesto no se cumplió; se dejó en reserva una cantidad de operaciones presumiblemente irregulares y se intercambió el resto, cuando primero debió hacerse la revisión y posteriormente el intercambio".

El fondo, añadió, es que al haber procedido como hicieron, la SHCP y el IPAB transfirieron a la deuda pública esas obligaciones antes que fueran revisadas.

El senador Jesús Ortega expuso por su parte que su fracción partidista en el Congreso buscará mecanismos institucionales para "echar abajo" el acuerdo. "Con el trato al que llegaron Hacienda, el IPAB y los bancos, que comprende solamente uno de los programas del rescate bancario (el PCCC), se está dando por finalizada la revisión de todo lo que hizo el Fobaproa y eso es falso, porque sólo se trata de uno de los programas y no de la totalidad del rescate bancario".

"Ahorro para las finanzas"

Sobre este aspecto, Mario Alberto Beaurgerad aseguró que el IPAB no ha cambiado el acuerdo ya firmado por los bancos, como plantearon los legisladores. "Sería dar marcha atrás a mucho trabajo realizado. El acuerdo cumple con la ley del IPAB".

Informó que el IPAB va a hacer el mayor esfuerzo de discusión de los contenidos del acuerdo, que según el funcionario representa un ahorro para las finanzas públicas. Incluso anunció que en dos semanas se difundirá la versión pública de los contratos firmados "para que se vea que cumplimos con la ley".

En el transcurso de la comparencia y en respuesta a una pregunta de la diputada Sherman, el secretario ejecutivo del IPAB anunció los despachos de contadores que van a hacer las revisiones relacionadas con las auditorías a los cuatro bancos, previstas en el acuerdo del 15 de julio.

Las auditorías contables a Banamex serán realizadas por el despacho Gossler SC; Banorte será auditado por la firma De la Paz Costemalle-DFK SC; y Bancomer y HSBC serán auditados por Hernández Marrón y Compañía SC.

Sin embargo, Beauregar declinó informar el costo de las auditorías contables.