Exigen someter a juicio político al gobernador de Jalisco

Detectan fallas en informe sobre abusos contra altermundistas

ANGELICA ENCISO L.

Aunque el informe especial de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) sobre los hechos violentos del pasado 28 de mayo en Guadalajara confirma que hubo violaciones a las garantías básicas de los altermundistas y otras personas, omitió pedir la liberación de los 17 detenidos que aún permanecen en penales de Jalisco.

Jóvenes en libertad bajo fianza, familiares, abogados y las actrices Julieta Egurrola y Ana Colchero demandaron ayer el establecimiento de una fiscalía especial para el caso y someter a juicio político al gobernador de Jalisco. Además, anunciaron una marcha para este sábado en Guadalajara.

En conferencia de prensa, puntualizaron que la actuación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y de la CNDH fue deficiente, porque no solicitaron la actuación de sus presidentes para que intervinieran de inmediato para constatar la integridad física y sicológica de los detenidos, más aún si fueron testigos de la detención ilegal y violenta de las personas.

Además, la respuesta del secretario de Gobernación, Santiago Creel, ante la negativa del gobernador de Jalisco, Francisco Ramírez Acuña, de acatar la recomendación de la CNDH es deficiente, porque al plantear que respeta el poder estatal hace a un lado los compromisos internacionales firmados, como el caso del Protocolo de Estambul, el cual establece los parámetros de tortura, indicó Adrián Ramírez, de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos.

El informe especial tampoco señala la culpabilidad de Ramírez Acuña al alentar la represión y la tortura al dar premios a los policías que participaron en el operativo contra los manifestantes. Frente a ello, recomendaron fortalecer la acción inmediata de las instituciones públicas de derechos humanos y que el Congreso de la Unión haga un pronunciamiento más contundente, con el propósito de que el gobernador cumpla las recomendaciones y en caso de no lo haga sea sometido a juicio político.

Ramírez sostuvo que la Procuraduría General de Justicia de Jalisco no debe investigar el caso de la violación a los derechos humanos, porque está involucrada en los hechos. Consideró que la Procuraduría General de la República debe abstenerse de conocer del asunto, ya que está empeñada en no esclarecer los actos de tortura. Por ello pidieron el establecimiento de una fiscalía especial.

Ahí, Julieta Egurrola leyó un testimonio que escribió desde prisión Elsa Hernández, en el cual relató la forma en que se realizó su detención. Lleva 92 días en la cárcel, no alcanza libertad bajo fianza y fue aprehendida, junto con su novio Gerardo Corona, cuando se dirigía a abordar un autobús rumbo a Puerto Vallarta.