Debe investigar antes de rechazar el reporte, señala

Censura la CNDH deslinde a priori de Ramírez Acuña

VICTOR BALLINAS

En el informe especial sobre los hechos de violencia en Guadalajara, Jalisco, durante la tercera Cumbre Iberoamericana, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) "solicitó al gobernador de esa entidad, Francisco Ramírez Acuña, que se realicen las investigaciones, pero nos parece sorprendente que, no obstante que el Estado tiene el deber de indagar, diga que no hay delito cuando aún no ha realizado pesquisas y se niega a investigar", sostuvo Raúl Plascencia Villanueva, segundo visitador general del organismo.

Ante los embates y descalificaciones contra ese órgano de defensa de los derechos humanos, a raíz de que se presentó la recomendación, Plascencia Villanueva dijo a La Jornada: "tiene el respaldo de 15 mil 270 fojas, de las cuales 2 mil 700 son informes de autoridades de Jalisco, tanto municipales como estatales, mediante las cuales pretendieron justificar su actuación".

El visitador abundó: "la CNDH no pretende ser comparsa o tapadera. El informe es claro y contundente. Hay dos momentos: uno entre los actos bandálicos, los momentos de agresiones de algunos manifestantes contra la autoridad, donde es indudable que se debe aplicar la ley.

"Y un segundo, en el que ya estaban detenidas 118 personas, de acuerdo con los informes del propio gobierno del estado. Algunas estuvieron incomunicadas más de 24 horas, hubo retención ilegal. Además, se les torturó y recibían amenazas. A las mujeres se les desnudó y se les mantuvo en cuclillas para revisarlas. Estas son violaciones a las garantías. En un estado de derecho esto es injustificable."

Plascencia Villanueva subrayó que en el informe se señala, en efecto, que "se registraron actos de violencia, y que algunos manifestantes agredieron a las autoridades y cometieron otros delitos por los que se debe aplicar la ley, pero 69 de los 118 retenidos fueron incomunicados y maltratados y no se les formuló acusación alguna".

Abundó: "la CNDH solicitó que se haga la investigación a los servidores públicos que se excedieron en sus funciones y de ninguna manera condenó de antemano a nadie. No dictamos sentencia condenatoria, sólo expusimos lo que recabamos. Pedimos que se deslinde la responsabilidad de los servidores públicos que incumplieron su deber".

El gobierno y la procuraduría de Jalisco, señaló, incumplen la obligación que la Constitución les otorga si no investigan. A los acusados se les debe aplicar la ley, pero también a los funcionarios que torturaron, retuvieron y amenazaron.