Buscan senadores impedir el tráfico de influencias

Presentarán iniciativa para limitar el fuero de legisladores

VICTOR BALLINAS

La Comisión Especial para el Estudio de los Sistemas de Control de la Administración y Rendición de Cuentas dentro de los Poderes de la Unión presentará en las primeros días del periodo ordinario de sesiones, en septiembre, una iniciativa de ley para poner límites al fuero constitucional de los representantes del Poder Legislativo.

El propósito de esta iniciativa es impedir que al mismo tiempo que los legisladores realizan su trabajo en las cámaras efectúen actividades consideradas como tráfico de influencias. Es decir, los diputados y senadores no podrán ejercer funciones como consultores, cabilderos o asesores del gobierno federal o que, siendo representantes populares, litiguen contra el Estado.

En conferencia de prensa, senadores de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD) y Verde Ecologista de México (PVEM) anunciaron que en los próximos días se presentará la iniciativa que busca acotar y limitar el fuero constitucional, y terminar con la impunidad de los legisladores, para que aquellos que cometan delitos graves no puedan escudarse en el fuero, pues es ilógico que un representante popular cometa un homicidio o un fraude y goce de esa protección.

Los senadores Erika Larregue, (PVEM), Orlando Paredes (PRI), Demetrio Sodi (PRD) y César Jáuregui (PAN) manifestaron lo anterior y abundaron que se reformarán los artículos 42, 62, 111 y 112 constitucionales, además de la Ley Orgánica del Congreso y el Reglamento Interior del mismo "que, en su oportunidad, queremos que sea el reglamento interior de la Cámara de Senadores" y la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos.

Aseveraron que con la iniciativa se busca precisar que los legisladores que soliciten licencia "ya no gozarán de ese fuero, así como en el caso de aquellos que cometan delitos importantes o graves".

En dicha iniciativa se precisará que senadores o diputados no podrán actuar como legisladores y abogados en procedimientos judiciales contra el Estado, ser gestores de negocios privados o formar parte de consejos de administración de sociedades que lleven a cabo alguna actividad de las referidas anteriormente.

Destacaron que se propone "hacer públicas las declaraciones patrimoniales y que haya un seguimiento, que se tenga acceso a ellas, porque hoy nadie en el Senado o en el Congreso puede revisarlas". Los legisladores tampoco podrán recibir beneficios o artículos a precios especiales.