Iniciaron su lucha legal en 1998, luego de ser dados de baja por su condición de salud

Tras agotar instancias, ex soldados seropositivos recurren a la CIDH

Piden el apoyo del organismo internacional para que se les reinstale y se les proporcione atención médica El gobierno mexicano ha pretendido descargar de responsabilidad en el asunto al Ejército

ANTONIO MEDINA /NOTIESE ESPECIAL PARA LA JORNADA

Luego de agotar todas las instancias jurídicas, dos soldados VIH positivos a quienes el Ejército Mexicano dio de baja por su estado serológico acudieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con el propósito de que esa instancia internacional emita medidas cautelares al Estado mexicano para que les sean reinstalados sus derechos laborales y de salud, así como les suministren tratamiento médico y medicamentos, además de recursos económicos para su subsistencia.

Antes de dar entrada a esta solicitud, la CIDH solicitó, a principios de agosto, al gobierno de Vicente Fox información al respecto. En su respuesta, el gobierno mexicano adelantó que las secretarías de Salud (Ssa) y de la Defensa Nacional (Sedena) están por firmar un convenio en el que el Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH/Sida (Censida) sería la instancia que otorgue la atención y medicamentos a los militares dados de baja. Sin embargo, en la reunión del Conasida del 18 de agosto, en donde participan representantes de la sociedad civil, de las diferentes instituciones del Estado e integrantes del Ejército y la Marina, se rechazó la firma de dicho convenio, y en su lugar se solicitará al jefe del Ejecutivo reformar la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas (ISSFAM), que viola los derechos de los militares VIH positivos.

Se plantea derivarlos a clínica que atiende a población abierta

Otra de las medidas que planteó el gobierno mexicano a la CIDH fue que pone a la disposición de los "peticionarios" los servicios de la clínica especializada Condesa y el centro de atención del Censida ubicado en la calle de Flora No. 8. En la respuesta no se hace ningún comentario de la petición de los militares sobre la subsistencia económica, aunque sí enfatiza que una vez que tuvo información de la petición de medidas cautelares ante la CIDH, de inmediato estableció contacto con el representante de los militares para restablecerles "de manera urgente" atención y medicamentos.

Asimismo, explica la misiva del gobierno federal, "la Secretaría de Relaciones Exteriores se compromete a acompañar a los afectados en sus primeras consultas clínicas, con el propósito de garantizar la debida prestación de servicios y de poder brindar información de primera mano a la CIDH".

El proceso que emprendieron por separado desde 1998 los dos militares ha pasado por momentos difíciles, pues en respuesta a la resolución de los jueces, la Sedena interpuso un recurso de revisión. Ante esa petición, el noveno tribunal colegiado consideró que era necesario el desahogo de una prueba pericial que determinara si el VIH era susceptible a tratamiento.

Dicha prueba determinó que sí es susceptible a tratamiento, por lo que la justificación para dar de baja a los militares VIH positivos cambió ahora a la necesidad del Ejército de contar con elementos que tengan un estado de salud apto para el servicio de las armas, argumento que asumió el noveno tribunal colegiado en materia administrativa, que finalmente validó la baja de los militares de las fuerzas armadas, agotándose con esa resolución todas las posibilidades jurídicas de defensa, por lo que los afectados acudieron en abril pasado a la CIDH.

La respuesta oficial no es satisfactoria, señala diputado

En opinión del diputado Rafael García Tinajero, integrante de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, la respuesta dada por el gobierno de Vicente Fox a la CIDH no es satisfactoria, ya que el gobierno estaría deslindando al Ejército de sus responsabilidades para con sus miembros, y pasando la responsabilidad a la Ssa. "La suscripción de un convenio en estas condiciones legitimaría las conductas discriminatorias y violatorias de derechos humanos de los militares dados de baja por vivir con VIH".

Lo que se necesita, afirmó, es reformar la Ley del ISSFAM para revocar los artículos discriminatorios contra los militares diagnosticados con VIH.

El legislador explicó que de acuerdo con la legislación, las funciones del Censida son exclusivamente normativas y de supervisión, y no está facultado para dar servicios. En cuanto a la clínica especializada Condesa, explicó que no da servicio de tercer nivel, y en otras instituciones de salud pública el servicio de hospitalización tiene un costo que no puede ser solventado por los militares dados de baja.

Aseguró que el Ejército está siendo protegido por el gobierno foxista, pues dar de baja a militares seropositivos viola diversos ordenamientos legales y tratados internacionales firmados por nuestro país, entre ellos la Norma Oficial Mexicana para la Prevención y Control de la Infección por VIH, en donde se establece que la prueba de detección del VIH/sida debe ser voluntaria y confidencial; la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, que prohíbe toda exclusión o restricción basada en condiciones de salud; la Ley General de Salud, que obliga a las entidades públicas a notificar los casos de sida a la Secretaría de Salud, lo que el Ejército Mexicano no está haciendo. Asimismo, se están violando los compromisos asumidos con la firma del Convenio Internacional Relativo a la Discriminación en Materia de Empleo y Ocupación, o los compromisos de México ante la Convención Americana sobre Derechos Humanos, entre otros.

A la fecha, el Ejército Mexicano ha dado de baja a 110 elementos por ser portadores del VIH/sida y, a decir del comandante Felipe Bonilla Espinobarrios, de la décima región militar de Yucatán, se les da de baja por ser "inútiles para el servicio a la patria".

En cuanto a la Armada de México, ha registrado 278 casos, entre militares y derechohabientes, de los cuales 223 son hombres y 55 mujeres, y, según información proporcionada por el Instituto Federal de Acceso a la Información, hasta diciembre pasado, solamente 28 personas reciben medicamentos, el resto ha causado baja por defunción o separación obligatoria del servicio activo.

Cabe recordar que el pasado mes de junio, y luego de cinco años de proceso, el cuarto tribunal federal emitió su fallo a favor de un sargento que fue dado de baja del Ejército Mexicano por vivir con VIH. En la resolución, los jueces determinaron que dicha baja violaba los derechos a la salud, a la no discriminación y a la estabilidad en el empleo. Además, se inclinaron por una aplicación preferente de los tratados internacionales que los coloca por encima de las leyes federales.