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México D.F. Viernes 20 de agosto de 2004

Fadlala Akabani Hneide

La urbanización, desafío para los gobiernos locales

Hoy día la humanidad entera enfrenta un acelerado e irreversible proceso de urbanización, del cual México no escapa. Así, por ejemplo, de una población de 97 millones 483 mil 412 habitantes que existían en este país en 2000, 47.3 por ciento vivía en 114 ciudades de más de 100 mil habitantes, mientras que únicamente 25.36 por ciento se ubicaba en localidades menores de 2 mil 500 habitantes, según datos del Censo de Población y Vivienda.

Este hecho plantea grandes retos no sólo a los gobiernos centrales mexicanos, sino de manera muy importante a los gobiernos locales, pues estos últimos se encuentran más cerca de los problemas y demandas ciudadanas concretas.

Resulta impostergable un eficaz desempeño gubernamental que, más allá de posturas políticas e ideológicas partidistas, opere con altos niveles de calidad, productividad, eficiencia y alto grado de compromiso social, tendientes a ordenar el fenómeno de la urbanización creciente.

En particular, las delegaciones que integran el Gobierno del Distrito Federal, lejos de ser simples prestadoras de servicios públicos, tienen que convertirse en promotoras del desarrollo social integral de sus comunidades, mediante el diseño e implementación de nuevos modelos de organización territorial que armonicen el crecimiento ininterrumpido de la metrópoli mexicana.

El hecho de que la ciudad de México y, especialmente, la demarcación Benito Juárez, constituya un centro de intensa actividad económica, financiera y de prestación de numerosos servicios, obliga a los órganos desconcentrados del gobierno de la ciudad, mejor conocidos como delegaciones, a su modernización administrativa interna y al diseño de políticas públicas acordes con las tendencias de la metropolización actual, a fin de ser altamente competitivos. Al mismo tiempo, tienen que contemplar el bienestar social, el cuidado de la ecología y el consenso ciudadano, con el propósito de lograr un desarrollo armónico satisfactorio para sus habitantes.

Para ello, es deseable que la estructura política, el esquema organizativo y, en general, los medios de gestión de tales delegaciones les permita ampliar y asumir cabalmente sus facultades y atribuciones. Es preciso llevar hasta sus últimas consecuencias un proceso descentralizador de las tomas de decisión que garantice un mayor radio de acción y autonomía. Sin duda, con tal hecho se acortarían los tramos de comunicación entre la ciudadanía y cada delegación.

Un innovador reordenamiento territorial por parte de cada delegación tendría que pasar necesariamente por una reingeniería administrativa que delegara funciones, desconcentrara el presupuesto, incrementara la coordinación interdelegacional y estimulara la participación vecinal organizada en los procesos de gestión pública.

En particular, es fundamental realizar diagnósticos socioeconómicos microlocales; focalizar problemas sociales concretos y diseñar oportunamente las soluciones específicas correspondientes; así también, impulsar la cooperación voluntaria de los actores sociales urbanos en la resolución de sus propios conflictos; descentralizar el gasto público; apoyar las numerosas gestiones de los sectores públicos, privado y social para fortalecer sus actividades propias con eficiencia económica y transparencia social, y usar tecnologías alternativas en la prestación de servicios. Tales acciones podrían mejorar la administración del desarrollo urbano de la ciudad y de cada delegación.

De los aspectos anteriores, cabe resaltar la importancia de la participación ciudadana, no sólo en la formulación cotidiana de propuestas ante la red proliferante de fenómenos que plantea la urbanización creciente, sino su intervención directa en las actividades que involucran la prestación de los servicios públicos indispensables para su vida cotidiana. Revalorar las organizaciones de los vecinos como un mecanismo de gestión social para la resolución de problemas diversos, resulta una tarea imprescindible.

Recuérdese que la participación vecinal organizada en tareas comunes conlleva obras de beneficio social y provoca una serie de efectos en cadena, tales como la construcción y fortalecimiento de una conciencia ciudadana; la revaloración del trabajo colectivo; la reducción de costos en la prestación de servicios; el cuidado y mantenimiento de los mismos; la transparencia en el manejo de recursos, etcétera.

Como señala atinadamente Manuel Castells, sociólogo y urbanista, "la era de la globalización es también un momento de auge de las identidades ciudadanas y de los gobiernos locales... No nos encerremos en una visión nostálgica de la ciudad o en una afirmación etnocéntrica de ciudades con fuerte personalidad local... Lo que planteamos es la posibilidad de un control de los ciudadanos sobre su propia vida, tal y como han manifestado en la década de los noventa, en significativas elecciones locales, los ciudadanos de casi todo el mundo; de Tokio a Bogotá y de Curitibia a San Petersburgo".

Lo cierto es que las autoridades locales enfrentan actualmente el desafío de lograr un desarrollo social integral en sus microrregiones, ante el avasallador proceso de urbanización mundial. Una ardua labor que vale la pena desarrollar y consolidar.

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