Pensiones miserables a pobres; casos de corrupción

Pinochetistas se jubilan con ley para perseguidos por Pinochet

ENRIQUE GUTIERREZ CORRESPONSAL

Santiago, 19 de agosto. Engracia Pérez Armijo tiene 62 años. Es una campesina que trabajó en asentamientos de la Reforma Agraria creados primero por el ex presidente democristiano Eduardo Frei. Estos, más tarde, fueron impulsados por el gobierno de Salvador Allende, derrocado por el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973.

Desde entonces, Pérez Armijo nunca volvió a tener trabajo estable y sobrevivió haciendo las peor pagadas tareas domésticas. Debió dejar su comunidad rural y refugiarse en el anonimato de las poblaciones marginales de la capital chilena.

Generalmente no tuvo prestaciones so-ciales y hoy, enferma, su única esperanza es ser reconocida como exonerada política pa-ra que se le otorgue una modesta pensión de unos 160 dólares mensuales.

Hay otros 150 mil chilenos como ella que esperan lo mismo, muchos ancianos. Aunque, se reconoce, también hay oportunistas que tienen amigos, parientes o padrinos que fueron dirigentes en los viejos partidos de la izquierda chilena, y que sin tener derecho esperan hacerse de unos "pesitos extras": para esto, falsifican antecedentes y usan recomendaciones que son producto de míticas actuaciones políticas.

Los gobiernos democráticos, en 1993, 1998 y 2003, dictaron tres leyes bastante tibias para reparar el daño causado a quienes perdieron sus empleos y medios de vida por el golpe de Estado.

La primera ley calificó de exonerados a más de 38 mil hombres y mujeres, en su mayoría empleados públicos. Quienes te-nían más de 15 años de cotizar en el sistema provisional anterior al golpe, unos 20 mil, lograron una pensión.

El resto recibió compensaciones más o menos teóricas. A 823 no se les dio nada y éstos son conocidos, y no es ironía, como "exonerados políticos sin beneficio".

Una segunda ley intentó cubrir las injusticias de la primera que permitió pensionarse a legisladores de derecha que, ante el cierre del Congreso por la dictadura que ellos apoyaron, se declararon "exonerados" y se les reconoció como tales.

Uno de ellos es el ex ministro del Interior y ex embajador de Augusto Pinochet en Co-lombia y Argentina, Sergio Onofre Jarpa, latifundista que al menos tuvo vergüenza de no reclamar su pensión (que en su caso es de unos mil 600 dólares) y anunció que si alguna vez lo hace la donaría a una institución de caridad. Con esta ley obtuvieron ingresos unos 25 mil antiguos izquierdistas.

Fue necesaria una tercera ley y esta vez se han presentado más de 140 mil postulantes a una pensión. Tal cantidad sobrepasó con mucho al exiguo personal del Programa de Reconocimiento al Exonerado Político, del Ministerio del Interior, que es la oficina calificadora.

Es el Instituto de Normalización Provisional el que reparte las generalmente mezquinas jubilaciones, que reciben el chistoso nombre de "no contributivas, por gracia".

No es fácil calificar. Hay que certificar militancia política, la persecución de las au-toridades golpistas, que la empresa en que se trabajaba fuese cerrada por persecuciones, la realidad de los despidos, tener testigos, patrocinantes.

Para alguien muy modesto, que trabajó en pequeñas industrias o comercios en provincias con los que la dictadura acabó, resulta muy difícil.

La avalancha de peticiones le costó el cargo al jefe del programa, Humberto La-gos, sustituido por Natacha Molina, quien estuvo exiliada en Costa Rica y México.

Desde que ella asumió se trabajan do-bles turnos diarios para atender el número de solicitudes y tratar de comprobar aquellos casos que no cuentan con respaldos significativos por haber sido gente de base, que creyó en Salvador Allende y en su proyecto sin pedir nada.

Sin embargo, recibe críticas desde el exterior el moderado interés de las autoridades de gobierno en este inmenso drama. Para peor, mucha gente resiente que muchos de los exonerados hayan sido reconocidos oficialmente con la ayuda de antecedentes du-dosos y corruptelas fraguadas por abogados supuestamente expertos en la materia.

Lo peor, como señaló el dirigente de exonerados Víctor Hugo Herrera, el tiempo pa-sa, la gente se va muriendo y la injusticia no sólo no se repara, también se olvida.