Luis Javier Garrido

La arenga

La pretensión de Vicente Fox de imponer a su sucesor en 2006 está teniendo un grave costo político para su gobierno y el régimen político en su conjunto.

1. El llamado desbocado que hizo Fox a los diputados de Acción Nacional durante una reunión panista, azuzándolos a desaforar a Andrés Manuel López Obrador para que la PGR pueda acusarlo penalmente sin tener sustento y para inhabilitarlo como candidato presidencial en 2006 (18 de agosto), constituye un nuevo y grave error político del Ejecutivo, que entraña para él responsabilidades constitucionales por intervenir en un proceso interno del Poder Legislativo y hunde en un descrédito cada vez mayor a la bancada del PAN, que ahora aparece como una borregada que cumple el mismo papel que antaño desempeñaban los legisladores del PRI.

2. El juicio de procedencia, previsto por el artículo 111 constitucional para casos de la mayor gravedad, que no es "de desafuero" (porque los fueros no existen en nuestro régimen legal), tiene como propósito en todos los regímenes plurales impedir que con fines políticos se hagan acusaciones infundadas a funcionarios públicos de alta jerarquía, como aquí es el caso, preservándose así su función constitucional. Con lo que resulta paradójico que por el principio de "la disciplina de partido", existente lo mismo en los diputados del PAN, que están dando muestras de hallarse subordinados a Fox, que en varios sectores del PRI sometidos al salinismo, esta institución esté sirviendo a los intereses económicos y a las ambiciones políticas de Fox y de Salinas, negando el carácter de la Cámara de Diputados como integrante de un poder independiente, cuya función incontrovertible es detener todo abuso del Ejecutivo.

3. El juicio de procedencia debe llevarlo a cabo la Cámara de Diputados en la mayor independencia, pues si no es formalmente un proceso judicial sí constituye una decisión política de la mayor trascendencia, pues ha de determinar si no se está ante una acusación infundada o por motivos políticos, como es el caso, y como Fox ha hecho evidente de nuevo con su torpeza al intentar presionar a los legisladores en esta intervención pública suya, abiertamente anticonstitucional, que demuestra que en su acusación no hay sino móviles políticos, como él y sus colaboradores ya habían hecho evidente en múltiples ocasiones, al hacer explícito que buscan destruir a quien ven como un obstáculo para continuar gobernando en 2006.

4. De tal suerte que Fox se presenta, a) como la parte acusadora en el eventual juicio penal, en el que pretende actuar mediante la PGR y de quien es su empleado el antiguo policía político de Gobernación, Rafael Macedo de la Concha, juicio que no se ha iniciado, pues ningún juez penal ha dado entrada a la acusación de la PGR a López Obrador por presunto "desacato" (lo que hace improcedente la acusación ante la Cámara, según ha demostrado en diversos foros el abogado Miguel Covián), y al mismo tiempo b) como un fiscal ante los diputados, exigiéndoles ahora públicamente que condenen a López Obrador y declaren que sí procede jurídicamente su propia acusación. Es decir, que pretendió no darse cuenta de que se presentaba ante el país como el acusador que azuza a los legisladores a votar como él quiere, olvidándose de que aquí la Cámara no está realizando una función legislativa, sino política, y que esta intervención suya es anticonstitucional y conduce a que el proceso esté viciado de origen.

5. El caso está revirtiéndose de tal suerte no sólo contra Fox, sino también contra Acción Nacional, pues ante un titular del Ejecutivo desaforado, que está mostrando actitudes cada vez más fascistoides, el PAN no se queda atrás y evidencia que no sólo no es el partido democrático y de respeto a la legalidad que pretendió ser en el pasado, sino que buena parte de sus representantes y voceros actúan con esos mismos rasgos fascistoides. La arenga de Fox, al igual que las declaraciones de varios diputados panistas, diciendo que todos votarán "por el desafuero" se da, y es lo más grave, cuando la comisión instructora está iniciando el procedimiento, no ha desahogado pruebas y ni siquiera ha hecho saber cuál es el resultado de la instrucción. De manera que ni Fox ni los diputados del PAN ocultan que actúan no por evidencia jurídica alguna, sino por intereses políticos, es decir, por las ambiciones que tienen para 2006.

6. El llamado foxista constituye un error político, además, porque se da en un contexto de desvergüenza de relevantes personajes tanto del salinismo como del foxismo que en todos los tonos han exigido "detener" políticamente al jefe de Gobierno del Distrito Federal para que no sea candidato presidencial en 2006, como hizo en el diario salinista La Crónica Otto Granados, ex vocero de Salinas, quien el miércoles 18 exigió a todos los diputados del PRI votar "el desafuero" con el único argumento de que López Obrador es imposible de vencer en 2006.

7. Este cinismo de un sector de la llamada "clase política", Ƒacaso no evidencia por enésima ocasión lo que ya se sabe, y es que Fox está actuando en connivencia con Carlos Salinas de Gortari, o acaso como su testaferro?

8. El aspecto más absurdo de la pretensión de Fox de acusar por la vía penal a López Obrador por presuntamente desacatar la orden de un juez, lo que no ha podido comprobar es que la hace para imponer en la silla presidencial a Santiago Creel, su secretario de Gobernación, quien tras una exhaustiva investigación fue señalado en días pasados por el Instituto Electoral del Distrito Federal como delincuente electoral (18 de agosto), ya que en las elecciones de 2000, en las que fue derrotado (por López Obrador) no sólo a) utilizó recursos del exterior provenientes de multinacionales que le entregara Lino Korrodi, sino que b) excedió en más de 2 millones de pesos el tope de campaña, por lo que debe ser procesado.

9. La pretensión de Fox de lograr el "desafuero" del jefe de Gobierno de la capital por el caso El Encino, como una vía para inhabilitarlo en 2006, muestra en todo caso su impotencia (y la de quien está atrás de él) para imponer un Presidente de la República a los mexicanos en 2006, pues parece ir por el mismo camino que tuvieron otras intentonas suyas en meses pasados: desde la acusación por el caso del paraje San Juan, en febrero, hasta las del caso Ahumada el mes siguiente, mismas que lejos de destruir a quien ven como un escollo para seguir manejando al país, se volvieron contra el propio gobierno foxista y están hundiendo a Fox en el más absoluto descrédito, pues evidencian el trasfondo de su ambición de seguir disponiendo del país.

10. Los integrantes de la Cámara de Diputados no deben olvidar que están ante la posibilidad -y el riesgo- de convalidar un abuso de las funciones del Ejecutivo, y de tal suerte pervertir las instituciones constitucionales y hacer inexistente el principio de la división de poderes, lanzando un mensaje siniestro a los mexicanos, pero que ante esta eventualidad quienes resulten agraviados tienen aún otras respuestas posibles.