México D.F. Viernes 20 de agosto de 2004
Mi gobierno "no puede acceder a un duelo placero", responde al ombudsman
Rechaza Ramírez Acuña propuesta de la CNDH de debatir informe públicamente
Evade hablar del pronunciamiento del Congreso de la Unión para que admita el documento
JOSE DIAZ BETANCOURT CORRESPONSAL
Guadalajara, Jal., 19 de agosto. El gobernador de Jalisco rechazó tajantemente la exhortación que el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, José Luis Soberanes, le hizo para debatir públicamente los términos del informe especial que sobre la violencia, tortura, vejaciones y violación de los derechos humanos sufrieron decenas de detenidos en los hechos del 28 de mayo pasado en esta ciudad y puntualizó que "la investidura de mi gobierno no puede acceder a debatirse en un duelo placero".
El mandatario jalisciense citó a los medios de comunicación a uno de los salones del Palacio de Gobierno de esta ciudad para leer un mensaje de ocho minutos en el que argumentó que la Constitución General de la República no fija que las discusiones de entidades de gobierno "se diriman en la arena pública, sino en el marco de las instituciones facultadas para ello".
Aunque por la mañana Ramírez Acuña argumentó que no tenía la comunicación del presidente de la CNDH, por la tarde llamó a los representantes de los medios de comunicación para leer la respuesta. Al final de la lectura el mandatario no admitió ningún cuestionamiento.
Por la mañana, en una entrevista luego de un acto público con los alcaldes metropolitanos, se negó a hablar del pronunciamiento de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, que lo instó a admitir el informe especial de la CNDH. A ello contestó: "estamos hablando de la carta del señor Soberanes", y se negó a abundar sobre el llamado de los legisladores federales.
En el cuerpo de la respuesta a la CNDH dijo: "ambas partes debemos constreñir la totalidad de nuestra actuación al marco normativo que nos rige y en el artículo seis de la ley de la CNDH no se señala en ninguna de sus atribuciones la facultad de convocar a debates públicos a las autoridades; en este tenor ninguna institución puede actuar más allá de lo estrictamente permitido por la ley que las rige y estimo que es inconducente llevar las diferencias hasta una confrontación pública existiendo las vías adecuadas, más aún, creo que esto se podría traducir en una denostación a las autoridades jaliscienses, lo cual contraviene el espíritu y la esencia misma de cualquier organismo protector de los derechos humanos".
Se inician protestas
Frente al Congreso del estado por la mañana y al mediodía frente al Palacio de Gobierno, manifestantes afines a las organizaciones de altermundistas que marcharon el 28 de mayo demandaron la libertad de 18 detenidos que aún se encuentran en el reclusorio de Puente Grande. Calificaron de fascista y de cerrado al gobernador Francisco Ramírez Acuña por sus respuestas al informe de la CEDH. "Gobierno panista, represor y fascista", decían sus mantas.
La policía recogió algunas de las pertenencias, toldos y casas de campaña de los manifestantes que intentaban instalarse en plantón enfrente del inmueble, por lo que se dio pie a un breve zafarrancho que no pasó a mayores.
El plantón permanecerá hasta que haya libertad para los detenidos, "porque son presos políticos", dijeron los manifestantes, en su mayoría jóvenes.
Represión a altermundistas
Exigen ONG al Ejecutivo de Jalisco cumplir el exhorto
JUAN BALBOA
El cumplimiento irrestricto y puntual de las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) contenidas en el informe especial y el castigo inmediato a los servidores públicos que por acción y omisión consintieron las graves violaciones a los derechos humanos, fueron las exigencias, este jueves, de una docena de organizaciones civiles que promueven el respeto de los derechos humanos en el estado de Jalisco.
La Red de Organismos Civiles de Derechos Humanos, el Instituto Mexicano de Desarrollo Comunitario, la Promotora para la Unidad Nacional contra el Neoliberalismo y el Comité Eureka, entre otros, exigen al gobernador de Jalisco, Francisco Ramírez Acuña, la liberación inmediata y sin pretextos de los 17 jóvenes que aún se encuentran en cárceles de Guadalajara, y el retiro de los cargos a los 49 procesados, todos ellos altermundistas que participaron en las protestas por la celebración de la tercera cumbre de América Latina, el Caribe y la Unión Europea, el 28 de mayo pasado.
Quebranto del estado de derecho
Las organizaciones señalan que en Jalisco se ha quebrantado gravemente el estado de derecho y ha quedado comprobado que en la entidad "existe represión, tortura y autoritarismo" del gobierno que encabeza Ramírez Acuña.
"Al descalificar el gobernador las observaciones de los organismos nacionales e internacionales de derechos humanos -incluida la CNDH- actúa tal y como todos los gobiernos autoritarios han actuado y nos demuestra que no hay un verdadero cambio democrático en nuestro país y la imperante necesidad de que los organismos de derechos humanos existan", subrayan.
Anunciaron que realizarán una investigación sobre la actuación de las autoridades de Jalisco, misma que, dijeron, presentarán al Congreso local, con el propósito de que los legisladores inicien el juicio de procedencia -podría ser un juicio político, precisaron- contra el gobernador Francisco Ramírez Acuña.
Acudirán a la CIDH y la ONU
Los organismos de derechos humanos de Jalisco advirtieron que si no se atienden las recomendaciones de la CNDH, acudirán a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y a la oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Cabe recordar que el 17 de agosto pasado, el gobernador Francisco Ramírez Acuña anunció que no iniciará procedimientos administrativos contra los servidores públicos de los cuerpos policiacos que fueron acusados de infligir tratos crueles y degradantes, retener ilegalmente, torturar e incomunicar a más de cien personas que protestaban -el 28 de mayo anterior- por la cumbre de América Latina, el Caribe y la Unión Europea, realizada en Guadalajara, y lamentó que el informe especial de la Comisión Nacional de Derechos Humanos "no sea integral".
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