Representa su último recurso jurídico para evitar la extradición a España

Vascos piden hoy amparo contra la SRE

La abogada Bárbara Zamora afinaba ayer los detalles de la demanda que interpondrá

ALFREDO MENDEZ ORTIZ

Hoy viernes vence el plazo legal que tienen los seis ciudadanos vascos presos desde hace 13 meses en el Reclusorio Norte, para interponer una demanda de amparo contra la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). Se trata del último recurso jurídico con que cuentan para evitar la extradición a España, donde son requeridos para ser juzgados por sus presuntos vínculos con la organización separatista ETA.

Bárbara Zamora, abogada del grupo, informó que realiza los "últimos ajustes" de la demanda de garantías contra la SRE, dependencia que el pasado 30 de julio autorizó el envío de los vascos a Madrid, por lo que "probablemente" sea este viernes cuando la presenten.

El juicio de garantías más importante para los reclamados podría resolverse en definitiva en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), y a diferencia de amparos anteriores que han solicitado los vascos, en el desahogo de este nuevo litigio la abogada puede presentar las pruebas necesarias que demuestren que sus defendidos no pertenecen a ETA.

No obstante, el desahogo del último juicio a que tienen derecho sus clientes podría tardar varios meses (en el caso del ex represor argentino Ricardo Cavallo la resolución de un amparo de características similares tomó 15 meses), ya que tres distintos órganos del Poder Judicial federal deben emitir la sentencia correspondiente: primero un juzgado de distrito, luego un tribunal colegiado y finalmente la Suprema Corte.

Félix Salustiano García, María Asunción Gorrotxategi, Ernesto Alberdi Alejadle, José María Urquijo, Juan Carlos Artola Díaz y Asier Arronategi Duradle -los seis de origen vasco y el último naturalizado mexicano- fueron detenidos por elementos de la Agencia Federal de Investigación de la Procuraduría General de la República el 18 de julio de 2003 en distintas entidades.

Ese día también fueron aprehendidos tres mexicanos que supuestamente estaban vinculados con ETA: Pedro Ulises Castro Vargas, María del Pilar Sosa Espinosa y Noé Camarillo, quienes permanecieron bajo arraigo en casas de seguridad de la PGR por más de dos meses, pero fueron liberados por falta de elementos probatorios que permitieran al Ministerio Público Federal solicitar el ejercicio de acción penal en su contra.

La petición de arresto formal con fines de extradición fue entregada a las autoridades mexicanas el 22 de agosto de 2003 (35 días después de ocurrida su aprehensión). En esa fecha comenzó el juicio, en el cual el juez segundo de distrito, César Flores Rodríguez, concluyó el pasado 8 de julio que "sí ha lugar (jurídicamente) al traslado y entrega de los seis a las autoridades reclamantes".

Lo anterior ocurrió a pesar de las reiteradas quejas y recursos jurídicos de la abogada Bárbara Zamora, en el sentido de que hay pruebas fundamentales -la mayoría no fueron aceptadas durante el procedimiento- para demostrar que los vascos no pertenecen a ETA, sino que la solicitud del juez español Baltasar Garzón obedece a una "persecución política".