José Antonio Rojas Nieto

Opciones de reforma eléctrica

Una industria eléctrica sana tiene capacidad para financiar sus inversiones. Pero, pese a toda forma de intermediación financiera, esta capacidad se solventa en la tarifa pagada por los consumidores. Por eso, más allá del ya limitado e inútil debate sobre la cifra oficial de recursos necesarios para la industria los próximos diez años, recurramos a Perogrullo: la viabilidad de una Comisión Federal de Electricidad (CFE) que el día de ayer -14 de agosto- cumplió 67 años de vida exitosa depende de su fortaleza financiera, y ésta de sus tarifas y del pago de sus usuarios. Es la verdad más elemental de todo sistema eléctrico, restructurado o privatizado (power market model, como el británico, el estadunidense, el español, el argentino, el chileno o el estatal escandinavo, por ejemplo) o tradicional de vendedor único (single buyer model, sin coadyuvancia privada, como en Francia, o con ella a través de productores independientes, como en China, Filipinas, Indonesia, Malasia, Tailandia y México). La clave es la misma: solvencia financiera. La mentira oficial reiteradamente pronunciada asegura que los fondos gubernamentales pagan la expansión eléctrica. Y que ello limita su acción en educación, salud y seguridad social. No aclara que lo único que hacen los fondos gubernamentales es financiar el subsidio eléctrico a consumidores. Menos aún que estos fondos brotan de la misma empresa eléctrica, bajo la modalidad fiscal del pago del famoso aprovechamiento, entendido como un pago por el uso de los activos eléctricos nacionales. No es lo mismo, entonces, financiar la expansión que subsidiar consumidores. Lo primero no puede ni debe sustentarse en los impuestos, sino en los rendimientos de la empresa, logrados por un suministro eficiente, confiable y de calidad del fluido eléctrico, y una adecuada tarifa que lo reivindica. Lo segundo no puede ni debe sustentarse en los beneficios de la empresa, sino en los impuestos. Los subsidios eléctricos los proponen organismos gubernamentales, los aprueba el Congreso y los pagan los contribuyentes. Las tarifas eléctricas las propone el suministrador, las aprueba el gobierno y las pagan los consumidores. Pese a lo trivial, la aclaración es pertinente. Cualquier tipo de reforma eléctrica que se instaure en México exige esta distinción. La decisión gubernamental -económica y socialmente justificada o, incluso, injustificada- de mantener u otorgar subsidios a ciertos consumidores, no es responsabilidad de la compañía eléctrica. En consecuencia, cualquier tipo de insolvencia en la que ésta incurriera por la carencia o insuficiencia de las transferencias financieras gubernamentales que soportan dichos subsidios, es responsabilidad exclusiva del gobierno. Incluso del Congreso, si no analiza, supervisa y, en todo caso, resuelve dicha omisión gubernamental. En cambio, las responsabilidades de la empresa eléctrica son múltiples: servicio confiable y de calidad, esquema transparente de costos y tarifas, productividad ascendente, costos decrecientes, administración honesta y eficiente, acceso a estándares de alta competitividad, respeto a derechos laborales, alta capacitación de sus recursos humanos. Para lograrlo la empresa eléctrica debe ser supervisada y evaluada. Siempre. Por consumidores organizados, por reguladores, por el Congreso. La búsqueda de mercados competitivos pretende lograrlo. No lo ha hecho del todo. Fracasos y apagones recientes lo muestran.

Ahora bien, cuando el gobierno dice no poder transferir más fondos a la empresa eléctrica, porque debe utilizarlos en escuelas, hospitales, centros de seguridad social, infraestructura urbana, apoyo al campo, entre otros aspectos (prioritarios y urgentes), en el fondo está diciendo que no quiere o no puede seguir sosteniendo el subsidio a los consumidores, hoy superior a 4 mil millones de dólares al año, según cifras del informe de la Cuenta Pública. Y utiliza este hecho -real y dramático, derivado de la ausencia de una reforma fiscal de fondo- como coartada para justificar una participación privada ilimitada, como parece sugerirse hoy o, incluso, para alentar la venta de la CFE a empresas privadas básicamente extranjeras, como lo pretendió Zedillo en su propuesta original, en su búsqueda de alternativas al delicado y dramático problema del Fobaproa, que resolvió de otra manera.

La actitud compulsiva con la que muchos gobiernos actuaron para resolver problemas de fondo de las empresas eléctricas condujo a tropiezos y fracasos, tanto en Gran Bretaña como en Estados Unidos o en Argentina y Brasil. Llevan años tratando de rectificar y ajustar. El mismo Banco Mundial ya lo reconoce, y recomienda precaución en los nuevos esquemas de reforma. La lectura de lo más reciente de los minuciosos ideólogos de la desregulación y de especialistas de la reforma eléctrica en el mundo, que reiteran la necesidad de mercados competitivos de electricidad (Joskow, Newberry, Green, Pollit, Kaemperer, Kahn, Littlechild, Neuhoff, Jamasb, y muchos más, como los agrupados en el proyecto Cambridge-MIT) ratifica la necesidad de un análisis más cuidadoso y un diseño más fino de reforma, incluso en el caso -como parece aceptarse hoy- de un modelo renovado de comprador único, con apoyo de productores independientes, como el nuestro. Pero exigen cuidar las condiciones y el tamaño de estos independientes. Muchos gobiernos -el nuestro incluido- no lo han reflexionado a fondo. Y repiten y repiten su mismo discurso, reiterando -sin creatividad alguna- argumentos que deben ser revisados. También -šqué duda cabe!- deben revisarse los argumentos que critican -en mi opinión, justamente- la torpeza gubernamental. Sólo un renovado análisis de éxitos y fracasos de modelos restructurados y del modelo tradicional de comprador único, permitirá el diseño de las nuevas bases de una reforma. šSin duda!

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