Antonio Gershenson

El ocaso de los tecnócratas

Hubo una vez un periodo llamado, entre otros, la época del auge petrolero. Había derroche y otros problemas, pero finalmente también hubo grandes obras públicas. Hoy, el petróleo se exporta en grandes volúmenes y nuevamente su precio ha subido mucho. Es más, el precio promedio del crudo mexicano de exportación ha sido, desde enero, casi 50 por ciento superior al de la previsión de la Secretaría de Hacienda, incluida en la Ley de Ingresos vigente.

Esto aumenta de manera muy importante los ingresos de Hacienda. No sólo se trata de los rendimientos excedentes, que de por sí le reportan una buena cantidad. Otra, mayor aún, proviene de los derechos sobre la extracción de hidrocarburos. Suman casi 80 por ciento, pero ya no del ingreso excedente, sino del total; y ya no sólo sobre el precio del crudo exportado, sino de todo el que fue extraído, así como el del gas natural.

Sólo por petróleo crudo, Hacienda ha cobrado derechos de extracción por 14 mil millones de dólares en los primeros seis meses de 2004. Con los de julio se rebasan los 17 mil millones. Y eso que ahora los precios están más altos que a principios de año, por lo que en agosto y meses posteriores la cantidad mensual aumentará en relación con ese promedio. Y esto nos lleva a una primera pregunta: Ƒdónde están las grandes obras y la inversión pública?

Tal vez el destino más importante es el servicio de la deuda. Dentro de ella el costo del rescate bancario está en primer lugar. Otro renglón muy importante es el de los llamados Pidiregas, deuda de las grandes empresas públicas y sobre todo de Petróleos Mexicanos (Pemex). En vez de dejarle a esta paraestatal siquiera parte de sus ingresos para las inversiones que necesita realizar, éstas se ven contraídas y además se obliga a Pemex a contratarlas con deuda indirecta. La empresa a la que se adjudica el megacontrato consigue el préstamo con un aval implícito de Pemex mediante el calendario de sus pagos futuros que garantizan los pagos de esa deuda.

No es despreciable tampoco el alto costo de la burocracia, tanto del sector central del gobierno federal como de paraestatales y otros organismos. No se trata sólo de los salarios tan elevados, sino de otras percepciones, lujitos con cargo al presupuesto, ejercicio desordenado del mismo, que incluye favorecer a empresas o personas específicas, etcétera.

No sólo se frenan las inversiones de manera directa. Tampoco se entregan a las entidades las cantidades establecidas en el artículo 23 del presupuesto federal para 2004, inciso j). Se plantea que 50 por ciento de lo recaudado por encima de lo previsto en diciembre pasado, por varios conceptos, sea para programas y obras de infraestructura de las entidades federativas (o sea, los estados y el Distrito Federal). Se ha hablado, dentro de estos conceptos, del "aprovechamiento" de los excedentes de las exportaciones petroleras por encima de la previsión oficial, para el cual se pusieron trampas que dificultan su evaluación precisa. Pero éstas no existen para el derecho sobre la extracción del petróleo. Este se aplica al valor total de lo extraído, no sólo a las exportaciones ni sólo al valor derivado del precio por encima de la previsión. Mencionamos este derecho porque tanto en la Ley de Coordinación Fiscal como en otros ordenamientos se consideran sujetas de participaciones a las entidades federativas. Se cobra 52.3 por ciento sobre la base del impuesto, que es el valor del petróleo menos el costo directo de su producción, que en las actuales condiciones anda en alrededor de 10 por ciento del precio de venta.

El monto que corresponde a las entidades es, hasta junio, cercano a los 50 mil millones de pesos. Se ha entregado menos de la quinta parte de esta cantidad, y el monto anunciado para el segundo trimestre fue menor que el del primero (cuando hubo mayor presión de la Conferencia Nacional de Gobernadores), a pesar de que los precios fueron mayores en abril-junio que en enero-marzo. Y no se habla de este derecho participable, sólo del mencionado aprovechamiento. De modo que no sólo no hay obras federales importantes, inversiones que siquiera se asemejen a las del anterior auge petrolero. También se limitan las inversiones de las entidades federativas.

Todo esto es una muestra más de que vivimos el ocaso de los tecnócratas, regañados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, condenados por otros organismos internacionales y rechazados en las encuestas de opinión, no sólo aquí sino en otros países cercanos.