La madre de los detenidos recuerda abusos del echeverrismo

Los tres jóvenes Cerezo presos, rehenes del foxismo

Los jóvenes Alejandro, Héctor y Antonio Cerezo Contreras cumplen tres años en el penal de máxima seguridad de La Palma, en Almoloya de Juárez, y su madre, Emilia Contreras, hizo llegar una carta a esta redacción, en la que afirma que los muchachos son "rehenes del gobierno foxista", presos políticos a quienes se responsabilizó de un delito que no cometieron.

"Por más consciente que esté de la situación, no he dejado de añorar los tiempos en que vivimos bajo un mismo techo; sin embargo, el mundo sigue su curso y nuestras vidas han sido separadas con la misma injusticia que prevalece en la sociedad, ya que, como han de saber, los autores intelectuales de la matanza estudiantil del 10 de junio de 1971, continúan impunes."

En la carta, que dirige también a sus otros dos hijos en libertad, Emilia Contreras advierte que "les harán pagar" por ser hijos de activistas sociales y ellos mismos también luchadores sociales, pues "en este sistema ser digno es delito, ser joven y solidario es delito", como lo es también alfabetizar y tratar de adquirir una educación humanista. Así lo demuestra "el encarcelamiento en el penal de Puente Grande, de los jóvenes altermundistas que protestaron en la pasada cumbre de Guadalajara.

Los tres jóvenes Cerezo fueron sentenciados por su presunta participación en las explosiones en varias sucursales bancarias en esta ciudad hace tres años. Contreras, advierte que se trata de presos de conciencia del gobierno de Fox y, mediante la carta, les pide que "no se dejen llevar por falsas esperanzas", ya que el amparo que interpuso su abogada es probable que no les sea favorable, dadas las experiencias en el caso de Digna Ochoa, los seis vascos detenidos y otros luchadores sociales, mientras el ex presidente Echeverría sigue libre.

En la misiva, Contreras recuerda que ella misma padeció la represión del régimen de Echeverría, ya que en junio de 1972 -después de que unos artefactos fueron detonados en la ciudad por la organización revolucionaria Unión del Pueblo- un grupo de policías judiciales se presentó en su domicilio, con engaños la hizo salir y por largas horas hasta la madrugada la mantuvieron en un auto, la interrogaron, amenazaron y golpearon, para que revelara dónde estaba su esposo.

En esa época él se dedicaba a la formación de bufetes jurídicos gratuitos y no se presentó a la casa, alertado por los vecinos. Sin embargo, después de ese episodio, la casa fue vigilada día y noche. Regresó al trabajo, sola, con su hija pequeña y más tarde dejó su hogar y a sus padres. "Pero si con esta medida nos poníamos fuera (del alcance) de la DFS del gobierno de Echeverría, a su merced quedó la familia de papá, con quienes se ensañaron porque tiempo después fueron torturados y detenidos dos de sus tíos, secuestrada y violada una sobrina y una amiga, y la casa constantemente cateada y siempre vigilada".

La situación, agrega, poco ha cambiado. "No sólo la matanza del 10 de junio de 1971 responde a una política estatal, sino también todos los crímenes cometidos desde el Estado, antes y después en contra de nuestro pueblo."