Adolfo Sánchez Rebolledo

Sindicatos infames

Por increíble que parezca, en la sesión del Senado donde se aprobaron las reformas a la Ley del Seguro, los legisladores de extracción sindical, como el inefable Nezahualcóyotl de la Vega, votaron a favor, sin la menor solidaridad clasista, arguyendo las mismas razones que han puesto en circulación los innovadores de la Presidencia.

Cosa semejante hizo el dirigente en turno del Congreso del Trabajo (CT), quien descalificó, amenazante y provocador, a los líderes del sindicato del IMSS, así como a los dirigentes de la UNT (Unión Nacional de Trabajadores) que se preparan para dar una compleja batalla contra esta nueva ofensiva antisindical. Nada nuevo, en rigor. Ni la modernización de la economía ni los cambios políticos han logrado cancelar a ese dizque sindicalismo siempre oficial, cuya influencia no deriva de la voluntad de los trabajadores, sino de su capacidad para servir al poder.

El presidente Fox llegó con grandes bríos democratizadores, pero a las primeras de cambio (sin faltar los consabidos abucheos e insultos en la CTM) los líderes charros se entendieron con el gobierno del cambio y nada pasó. En realidad, los sindicatos pertenecientes a las centrales vinculadas históricamente con el PRI permitieron que la reforma laboral se produjera en las empresas por la vía de los hechos, aunque los líderes se opusieran formalmente a tocar "la conquistas históricas" de la clase obrera. Florecieron como nunca los contratos de protección y la flexibilización adquirió carta de naturalidad sin que fuera necesario modificar la ley, siempre a conveniencia de los capitales atraídos por la apertura comercial con Estados Unidos y ahora en fuga hacia China.

Sin embargo, algunos temas cruciales desde el punto de vista patronal siguen pendientes, entre ellos el de la contratación colectiva y el derecho de huelga, que son los verdaderos objetivos de la pospuesta reforma laboral. Se trataría de fijar en el texto legal el principio de la contratación individual, entendido como una forma de "libertad sindical" de la cual quedaría excluida, justamente, aquello que la hace imprescindible: la unidad para la defensa del interés común de los trabajadores. Además, se pretende reducir hasta el grado de la improbabilidad el ejercicio del derecho de huelga, recurso legítimo establecido constitucionalmente, a fin de recrear el espejismo de un régimen laboral fundado en el libre mercado del que, obvio, se habrá borrado todo interés clasista. Peligrosa fantasía, sin duda, pero muy actual, como se ha demostrado durante las últimas semanas de forcejeos en torno al complicado tema de las pensiones, sobre el cual, cabe recordar, gobiernos anteriores han bordado verdaderos parches que de antemano no podían ir al fondo del problema.

Ahora han dado un golpe que sí afecta al corazón del sindicalismo. El Congreso aprobó reformas a la ley del Seguro Social que pasan sobre el derecho del trabajo y los principios establecidos en la propia Constitución, respecto al contrato colectivo, pero además sentó un gravísimo precedente al imponer cambios sin escuchar las voces de los trabajadores, como muy pronto ocurrirá en otras dependencias y empresas públicas. El abandono del diálogo y la negociación en cuestiones de tanta importancia remite a los peores tiempos del autoritarismo y, además, cancela cualquier posibilidad de que se desplieguen en los años próximos auténticas "políticas de Estado".

Aquí, donde se habla tanto de los "pactos de la Moncloa" como ejemplo a seguir, el gobierno y los empresarios son incapaces de sentarse a la mesa con los trabajadores a hallar soluciones adecuadas para el país. Prefieren servirse de líderes infames para seguir jugando con la economía -y las necesidades- de millones. No extrañaría, como señaló Dulce María Sauri en el Senado, que junto con los salarios mínimos también se impongan "los máximos que pueda arrojar una contratación colectiva en cuanto a condiciones de jubilación y pensión" y a las demás prestaciones económicas o sociales que la ley reconoce.

Pero en ésas estamos, sin idea del futuro. Sin plan económico que valga, movidos por la ambición y el egoísmo convertidos en ideología dominante. Es increíble que en un Estado, que se dice democrático, persistan líderes sindicales tan absolutamente impresentable como son los señores Flores y Rodríguez Alcaine, sobre todo cuando ambos siguen montados en organizaciones (o lo que de ellas queda) en las que alguna vez se batieron los tambores de la democracia y el progreso nacional.