Francisco López Bárcenas

Autonomía y represión en Guerrero

Debería llevarse el recuento histórico de las agresiones de los gobiernos contra los pueblos indígenas, porque luego aparecen como hechos aislados, cuando en realidad obedecen a un plan preconcebido de sometimiento, sobre todo en aquellas regiones donde la rebeldía se convierte en proyecto alternativo de vida y desafía a los poderes autoritarios, neocoloniales, herederos de las políticas imaginadas hace siglos y ejecutadas en pleno siglo XXI con sus respectivas adecuaciones, sin perder su esencia: políticas diseñadas para despojar a los pueblos originarios hasta de su derecho a ser ellos mismos, por más que en las constituciones políticas se establezca que son el origen pluricultural de la nación y que por tal condición algún derecho tienen. Ese recuento, si alguien lo tiene, podría mostrar la geografía de la resistencia, pero también de la represión.

Por lo pronto, parece que el turno es de los pueblos indígenas del estado de Guerrero, marcadamente del municipio de Suljaa', en Xochixtlahuaca, más conocido como amuzgo, y de los municipios de la costa chica y Montaña, donde la policía comunitaria ha tenido un éxito relevante en su esfuerzo por brindar seguridad a las comunidades, tarea esencial de cualquier estado que se precie de serlo, pero que en este caso, como en muchos otros, simplemente no ha podido o no ha querido hacerlo. O, tal vez, tampoco le interese; total, sólo son indios quienes sufren la inseguridad y ven violentados sus derechos.

Estos municipios comparten varias características: son indígenas, de los más pobres económicamente y han decidido construir su propio futuro, al margen de cauces impuestos por los mestizos, muy ajenos a los suyos, pero, además, lo han dicho públicamente y de manera clara, proclamando y construyendo su autonomía.

Todo esto han sido razones suficientes para que el Estado decidiera declararlos fuera de la ley y usar toda su fuerza para someterlos al orden, el de ellos, ése que los desconoce y les niega hasta su derecho a ser ellos mismos, como quieren ser. Para hacerlo no se escatima esfuerzo, aunque se privilegia la vía de criminalizar a quienes dedican su mejor esfuerzo a la reconstitución de sus pueblos en los hechos, no sólo en las palabras. Así, se fabrican indagatorias ministeriales a modo para que los jueces no tengan problema en privar de su libertad a los luchadores sociales de su libertad. De esa manera se busca escarmentar a los rebeldes y ponerlos como ejemplo de lo que puede suceder a quienes persistan.

El resultado de todo esto es por demás perverso: quienes poseen la legitimidad en sus actos y la razón en sus demandas terminan como criminales, mientras quienes se escudan en una ley injusta se convierten en sus verdugos. Y si no, que lo digan las autoridades estatales de Guerrero, que no han tenido empacho en reconocer públicamente la legitimidad de la policía comunitaria por los resultados que ha obtenido en brindar seguridad, pero no dejan de insistir en que son ilegales y tienen que someterse a lo que las leyes ordenan.

Todo parece indicar que en la estrategia de sometimiento de los pueblos indígenas el turno es de los que habitan el estado de Guerrero. Pero también lo es por otros motivos.

Envueltos en la violencia caciquil durante años, son reacios a elaborar propuestas de cómo cambiar el estado de cosas; por eso, más que pensar cómo hacerlo, lo hacen y en el camino van corrigiendo lo que no les sale bien. Por eso también, fuera de Chiapas, son de los pocos proyectos autonómicos que con su ejemplo van marcando camino. No todo les sale bien seguramente, pero el estado no los castiga por sus excesos o por sus errores, sino por su ejemplo. Por ello, sin olvidar los otros lugares donde la represión arrecia, también es la hora de la solidaridad con ellos, conscientes de que sus logros o fracasos marcarán el futuro de los pueblos indígenas y del mundo.