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México D.F. Lunes 2 de agosto de 2004

Ayer domingo entró en vigor en esta ciudad la Ley de Cultura Cívica, impulsada por el titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Marcelo Ebrard, la cual define nuevas infracciones contra la dignidad de las personas, la tranquilidad, la seguridad ciudadana y el entorno urbano. Entre las disposiciones del nuevo ordenamiento destacan las que apuntan a sacar de las calles a los llamados franeleros, los limpiaparabrisas, y todos aquellos que están en la vía pública ofreciendo algún servicio "sin que sea solicitado", ejerciendo coacción para recibir un pago por el mismo. En otras palabras, tienen en la mira a todo un ejército de personas que han hallado en la vía pública la forma de realizar una actividad por la que obtienen algún ingreso que les permite subsistir.

Sin duda, esta proliferación de trabajadores ambulantes ha provocado distorsiones en la convivencia ciudadana y dado lugar a abusos que afectan principalmente a los automovilistas; sin embargo, debe reconocerse que los franeleros, vendedores de toda clase de mercancías en los semáforos, tragafuegos, payasitos, limpiaparabrisas, personas que con coacción o sin ella reciben un pago por su "servicio", que se disputan las calles y se adueñan de ellas imponiendo su ley, están excluidos de las de por sí reducidas opciones de empleo formal y conforman uno de los rostros de la pobreza urbana. Las fuentes de ingreso que se han procurado obedecen a una necesidad de subsistencia y son, pese a todo, una opción para no dedicarse a delinquir. En ese sentido, limpiar la vía pública de quienes -según la llamada ley Marcelo- alteran la tranquilidad ciudadana, no se traducirá en la desaparición del problema, sino en su desplazamiento hacia otro ámbito.

No debe perderse de vista que el paisaje urbano que conforman estas personas no es exclusivo de la ciudad de México, sino que se repite, con sus distintas variaciones, en las capitales latinoamericanas y, en general, en los centros urbanos de los países en desarrollo. Se trata de un problema social que difícilmente podrá combatirse con el reforzamiento de leyes y con operativos policiacos, pues tiene su origen en las distorsiones provocadas por un modelo económico depredador y excluyente que, lejos de propiciar desarrollo, crecimiento del empleo digno y bien remunerado, genera mayor pobreza y desequilibrios sociales que inevitablemente derivan en problemas de conviviencia y, por supuesto, en violencia.

La existencia de ese ejército de servidores y vendedores ambulantes constituye una evidencia más de la urgencia de que se revise y se rectifique el rumbo económico del país para dar lugar a un sistema en el que haya oportunidades de empleo digno para todos y, en consecuencia, mayor seguridad para la ciudadanía. Tal rectificación permitiría avanzar por una vía más eficaz para el combate a la delincuencia que la creación de nuevas leyes y la asignación de recursos millonarios a las corporaciones policiales.