Urge la regularización de las empresas negociadoras, insisten priístas

La Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados instó a las comisiones del Senado a aprobar cuanto antes el dictamen de una iniciativa por el tricolor que busca regular a las empresas dedicadas a la mediación entre particulares y bandas de secuestradores para el rescate de personas plagiadas. "Ya no hay que esperar a que haya más muertos para que podamos actuar en consecuencia", sostuvo ayer el presidente de esa instancia legislativa, el priísta Jorge Uscanga Escobar.

El legislador denunció que la falta de control legal sobre quienes encabezan e integran dichas empresas ha permitido que en ellas actúen con impunidad ex policías "despedidos por incompetentes o por estar relacionados con el secuestro", e incluso están involucrados los propios plagiarios.

"Es evidente que cada vez que intervienen la situación se complica, y ellos sólo incrementan el monto de lo que piden los secuestradores, porque se llevan una tajada, y ya vemos las consecuencias. No podemos dejar sueltas a estas empresas, que manejan un incentivo económico, a diferencia de las instituciones públicas de seguridad y justicia, porque el incentivo más importante para el Estado es preservar la vida, la integridad y la libertad de las personas", agregó.

El senador priísta Carlos Chaurand presentó recientemente una iniciativa -que se turnó a comisiones- para que cualquier empresa o despacho de abogados que se dedique a mediar entre familiares de víctimas de un secuestro y los plagiarios sea registrada ante la Secretaría de Seguridad Pública federal.

"No hay ninguna ley que las controle y, por tanto, no se conoce la capacidad política y la preparación de quienes se dedican a negociar un rescate y la liberación de una persona que ha sido secuestrada. Entonces, deben ser valoradas por la autoridad competente", aseveró.

Es fundamental, insistió, que los legisladores analicen la propuesta del PRI, con el fin de impedir que el secuestro sea también un negocio para los mediadores -la mayoría sin la calificación profesional respectiva-, y además para que estén obligados a informar a las autoridades sobre su actividad y a denunciar los plagios.

"Tenemos que ponerles un hasta aquí a esas empresas, para las que el secuestro es más un negocio que una actividad con la cual ayudar a rescatar a personas con vida. Hay excepciones, pero tenemos que reglamentarlas, controlarlas, valorarlas, para ver si tienen la capacidad, porque la mayoría son improvisadas. Muchas personas, en su desesperación, acuden a sus servicios, pero lo más que les puede pasar es que no les paguen."

-ƑSe puede dar el caso de que también estén coludidas con los secuestradores?

-Es posible que también tengan convenios con los delincuentes, porque no están controladas. No sabemos qué calidad moral tienen, si son delincuentes o policías cesados de una institución del Estado, y esta falta de certeza sobre sus antecedentes hace pensar que tienen vínculos con las bandas.

Anunció que cuando las comisiones del Senado dictaminen la iniciativa, la Comisión de Seguridad promoverá que se apresure su dictamen en San Lázaro, con el objetivo de que sea aprobado en el periodo ordinario de sesiones, y complementar la reforma que permite al gobierno otorgar recompensas a quien ofrezca información que conduzca a la liberación de una persona plagiada. "El asesinato de la doctora Carmen Gutiérrez de Velasco, cuyos familiares contrataron a una de esas empresas, refuerza la necesidad de legislar en la materia, porque ya vimos los resultados de la mediación", concluyó.

ENRIQUE MENDEZ