REPORTAJE /INDUSTRIA DEL RESCATE

Rechazan expertos la regulación de firmas que median con plagiarios

Sería un mensaje de que el Estado es incapaz de afrontar la inseguridad
 
 "Si las personas estuvieran conscientes de que las empresas negociadoras no se comprometen realmente en nada, buscarían el apoyo de las procuradurías federal y estatales", asegura Rubén Quintino, investigador del Instituto Nacional de Ciencias Penales
 
 JESUS ARANDA

Con un tajante no respondieron especialistas del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe) de la Procuraduría General de la República (PGR) a la posibilidad de legislar y, por tanto, regularizar la actividad de las empresas, nacionales y extranjeras, que se dedican a "negociar" con secuestradores, porque, de hacerlo, quedaría en evidencia que el Estado es incapaz de afrontar el problema de la seguridad y lo deja en manos de particulares.

"Si se legisla en la materia la autoridad daría la impresión de que no tiene capa-cidad de combatir el secuestro; además demostraría debilidad institucional y enviaría un mensaje negativo a la sociedad, que está a la espera de que se emprendan acciones decisivas para luchar contra el crimen", coincidieron Miguel Ontiveros Alonso, director de Investigación del Inacipe, y Rubén Quintino Zepeda, penalista investigador del instituto.

Ontiveros añadió que es mejor prohibir la actividad de empresas negociadoras en lugar de exigirles que después de una negociación entreguen los datos que poseen a las autoridades.

En entrevista con La Jornada, el especialista enfatizó: "no puede la autoridad mandar mensajes equivocados ni ceder espacios a los particulares en materia de seguridad; el Estado no puede dejar de actuar, sería contraproducente".

Por su parte, Quintino Zepeda expresó que, en caso de regular la actividad de los "negociadores", se entraría en el problema de delimitar qué delitos podrían cometer las empresas. "En caso de un ilícito en el momento de la negociación, ¿quién respondería penalmente: el dueño o director, o el empleado directamente involucrado?"

Por su parte, Raúl Rojas Camacho, investigador en victimología del Inacipe, sostuvo que las empresas "negociadoras" se aprovechan de la coyuntura mundial que ofrece la llamada justicia alternativa o restitutiva.

Sin embargo, subrayó que, de acuerdo con diversas recomendaciones de la Organización de Naciones Unidas, el secuestro es un delito en el que no debe haber mediación, igual que en el caso de crimen organizado, la pornografía infantil y la violencia doméstica.

Lo anterior, porque en los delitos en que hay mediación se deja de castigar al victimario, lo cual genera impunidad por llevar un problema de seguridad pública al ámbito estrictamente privado.

Y el Estado tiene la obligación de castigar las conductas violentas, lo cual resulta prácticamente imposible si en el caso del secuestro se deja la negociación en manos de particulares, quienes, además, no tienen la obligación legal de dar parte a la autoridad cuando ocurre un plagio ni de entregar las grabaciones y pruebas que pudieran llevar a la detención de los delincuentes.

Quintino abundó: "Si la gente estuviera consciente de que las empresas negociadoras no se comprometen realmente en nada, buscarían mejor el apoyo de las procuradurías federal y estatales; sin embargo, en muchos casos prevalecen la desesperación y la desinformación. Además, está la ventaja de que ni la PGR ni otras procuradurías cobran por sus servicios, y cuando intervienen recaban información importante sobre el modus operandi de las bandas, aumentan su base de datos y están en mejores posibilidades de avanzar hacia el abatimiento de la impunidad".