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México D.F. Sábado 31 de julio de 2004

Pudo más, al final de cuentas, el ánimo oficial de quedar bien con un país extranjero -en este caso el reino de España- que cumplir con el ordenamiento constitucional que, se supone, nos rige. Los seis vascos sospechosos de colaborar con ETA, uno de ellos ya mexicano, serán regresados a Madrid si el último recurso jurídico es desechado, algo que hay que dar, a la vista de la secuencia observada en este asunto, por sentado desde ahora. Se trata de una cuestión política, no de leyes. Así le interesa al gobierno del presidente Vicente Fox. La Constitución, como en otros casos relevantes, es lo de menos.

Que sean vascos no importa. Podrían ser de Sri Lanka, de Australia, de aquí cerca, Guatemala, El Salvador, en fin, de donde sea. Lo que importa, y preocupa, es que el principio constitucional está siendo sistemáticamente erosionado en este y otros casos (no hay más que recordar el agiotismo, el dizque rescate bancario, el carretero, la ley indígena, los contratos de servicios múltiples y el asunto de la electricidad, la reforma al sistema de la seguridad social, por mencionar algunos) porque nuestros gobernantes creen que la globalización pasa necesariamente por arrodillarse ante quienes, suponen, son más fuertes. Y luego se lamentan del desprecio que el ciudadano de a pie tiene hacia las instituciones.

Expertos en la materia han declarado hasta la saciedad que el proceso contra los vascos (el juez Baltasar Garzón los acusa de lavar dinero para ETA y nada más encontraron una cuenta de uno de ellos con un millón de pesos) está plagado de vicios, que es insostenible por ausencia de pruebas, por el arbitrario procedimiento llevado, desde un principio, por la Procuraduría General de la República, siempre presta, a la luz de los hechos, a dictados jerárquicos, no legales.

El interés oficial, en este como en otros casos, no es apegarse al texto constitucional, sino al interés político que dicta el momento. Por lo mismo el ex presidente Luis Echeverría no será sentado ante un tribunal. Cualquier ciudadano normal está siempre sujeto al capricho del juzgador de turno. Y ahí sólo hay que tener chequera para librarla. Centenares de ciudadanos se amparan en su billetera, grande o chica, para brincarse a la justicia.

Deprime escuchar a los procuradores del país. Comenzando por el general Rafael Macedo de la Concha, siguiendo por Marcelo Ebrard (su declaración de que hay que tratar al delincuente como éste trata a la víctima es un elogio a la brutalidad) y terminando con todos los demás. Y luego se quejan de que nadie les cree.

El asunto de los vascos no es sino muestra fehaciente del sistemático uso faccioso del aparato judicial. En este tema -capital, ciertamente-, el gobierno del presidente Fox ha faltado a sus promesas, aquellas que lo llevaron hace cuatro años a Los Pinos. Esas promesas se resumían en una palabra: cambio.

La delincuencia, por desgracia, no será derrotada en nuestro país mientras en las alturas gubernamentales no se entienda -y al parecer no se entiende- que el principio básico es respetar escrupulosamente las leyes. Si el gobierno sigue actuando como hasta ahora, así como en el caso del Fobaproa, del IMSS, de la Seguridad Nacional, del problema indígena, del petróleo, de la electricidad, de los vascos, en suma, la debacle está asegurada.

A un mes del cuarto Informe presidencial, el balance macroeconómico -a no dudar- será digno de Alicia en el país de las maravillas. De ahí para abajo, vale decir, para la realidad real, el diagnóstico es, y nos duele decirlo, preocupante. Un pueblo sin reales y constatables mejoras en su nivel de vida tiende a la decepción irremediable, al abandono.

Todavía hay tiempo para corregir el derrotero. Falta voluntad, sensibilidad. Nada más.