Recurso ante el Consejo de la Judicatura

Presenta la Setravi queja contra juez que ampara taxis piratas

LAURA GOMEZ Y ANGEL BOLAÑOS

Ante la entrega de amparos con base en documentación falsa o incompleta, y la dilación para resolver de manera definitiva los recursos interpuestos por organizaciones piratas, el titular de la Secretaría de Transporte y Vialidad (Setravi), Francisco Garduño Yáñez, presentó una queja ante el Consejo de la Judicatura contra el juez octavo B de distrito en materia administrativa del estado de México, Jorge Dionisio Guzmán.

Señaló que ese juez ha actuado en contra de la ley de amparo y la Constitución al otorgar una suspensión provisional con base en un supuesto permiso temporal objetado por la Setravi, por ser falso, mientras la temporalidad que aducía el otro recurso, promovido por Sandra Acosta Espinoza y otros, había fenecido al concluir el programa de entrega de 18 mil concesiones. Indicó que hasta el momento la dependencia ha logrado la suspensión definitiva de 16 amparos interpuestos ante varios juzgados; el juicio 986/2002 se encuentra pendiente de resolución y el 595/2002 está en suspensión provisional.

El funcionario explicó en entrevista que, a diferencia de otros jueces que rechazaron dichos recursos -promovidos por Enrique Mendoza Cordero, Miriam Bedolla, Antonio Gómez y Karla Celón-, para "prestar el servicio de manera irregular", Dionisio Guzmán concedió "dos años de impunidad" a taxis piratas e irregulares, sin ninguna audiencia constitucional. Por ello, indicó, se determinó interponer una queja en el Consejo de la Judicatura bajo el expediente DJ/SA/2287/2004.

Antes, el secretario de Gobierno del Distrito Federal, Alejandro Encinas Rodríguez, propuso revisar la posibilidad de transferir o enajenar las concesiones ya existentes. Tras manifestarse en contra de incrementar el número de concesiones para taxis, como plantearon a la Asamblea Legislativa el Frente Popular Francisco Villa y el Grupo Panteras. De esta manera, explicó, dichas concesiones podrían comercializarse, pero para ello tendría que existir una regulación y normatividad, así como la supervisión y el seguimiento de las autoridades. Consideró, sin embargo, que antes de la liberación total del transporte es necesario asegurar que haya certeza en la capacidad en cuanto a la prestación del servicio, y para prevenir que el servicio no sea utilizado para realizar actividades delictivas.