La SHCP notifica al edil depuesto entrega de recursos

Encarcelan a García Zalvidea; está acusado de once delitos

La procuraduría estatal rechaza concederle libertad bajo fianza

DAVID SOSA FLORES CORRESPONSAL

Cancun, Q. Roo 30 de julio. Al tiempo que Juan Ignacio García Zalvidea, alcalde depuesto de Benito Juárez (Cancún), recibía una notificación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) de la entrega de recursos al ayuntamiento por concepto de la recaudación federal participable, lo cual significa el "reconocimiento como autoridad legal y legítima del municipio", era consignado la noche de este viernes ante el juzgado segundo penal por 11 delitos.

Luego de pasar 48 horas bajo arresto y con atención médica en un hospital privado, García Zalvidea fue trasladado en bata del nosocomio a las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) y luego al penal de esta localidad.

Cerca de las 21 horas y en medio de un fuerte despliegue policiaco, el edil depuesto fue sacado de la sede de la PGJE por la parte trasera. Afuera, más de 300 seguidores se manifestaron, luego de que fueron informados que ya había sido trasladado al penal.

La consignación se dio media hora antes de que venciera el plazo de 48 horas que marca la ley para que el Ministerio Público consignara una averiguación previa ante la instancia correspondiente. En este caso, se turnó el expediente 4192/ 2004 al juzgado segundo de lo penal, a cargo del juez Benjamín Navarrete Silva, para emprender el proceso.

Antes, la PGJE había rechazado la libertad bajo caución del ex edil, luego de que diera a conocer que el delito de homicidio en grado de tentativa es considerado grave, por lo cual no puede quedar libre.

Respuesta de la SHCP

La Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de la SHCP, mediante el oficio 351-A-043, contesta la solicitud de los recursos y participaciones federales y estatales correspondientes al municipio de Benito Juárez, que había enviado García Zalvidea el pasado 24 de julio pasado por medio del oficio PM/284/2004.

La dependencia federal contesta: Lic. (sic) Juan Ignacio García Zalvidea (es MVZ) presidente municipal constitucional de Benito Juárez del estado de Quintana Roo: "Informo a usted que esta Unidad de Coordinación con Entidades Federativas, en cumplimiento del acuerdo de 23 de julio de 2004 dictado en los autos del incidente de suspensión derivado de la controversia constitucional 67/2004, promovido por el municipio de Benito Juárez, estado de Quintana Roo, el cual se encuentra en trámite ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, entregó el 27 de julio del presente año a la Tesorería de la Federación la cuenta por liquidar certificada No. UCEF-28-2004-178, en la que se solicita pagar el importe por concepto de 0.136 por ciento de la recaudación federal participable al municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, con clave presupuestaria 28.114.4.1.01.13.003.R003.8323.4.1 y código No. 73505", señala el documento.

De su parte, Teresa Hernández, una de los abogadas del depuesto edil, dio a conocer que observaron múltiples irregularidades y se violaron las garantías constitucionales en el caso de García Zalvidea y de los otros ocho detenidos el miércoles pasado durante la manifestación que fue dispersada por la policía estatal con gases lacrimógenos con saldo de 34 personas lesionadas, entre ellos siete menores.

Señaló que el agente ministerial de la mesa de guardia de la PGJE rechazó la petición de libertad a su defendido por medio de una fianza, ya que se le atribuyen ilícitos graves, como homicidio doloso en grado de tentativa.

Dijo que su defendido se declaró inocente de los cargos que se le imputan en la averiguación previa por los presuntos delitos de sedición, motín, daños, sabotaje, rebelión y ataques a las vías generales de comunicación, lesiones, ultrajes a la autoridad; los tres últimos considerados delitos graves y no alcanzan fianza, informó la procuradora de Justicia, Celia Pérez Gordillo.

Teresa Hernández apuntó que ni siquiera les quisieron entregar una copia del expediente y les negaron el ofrecimiento de pruebas de descargo.

Señaló que mantenía la confianza en que García Zalvidea recobraría su libertad, porque ninguno de los delitos que se le imputan se sostienen en pruebas. En el caso de la acusación de homicidio culposo en grado de tentativa, ni siquiera se presentó al afectado, comentó.

Francisco Javier García Zalvidea, uno de los hermanos del depuesto edil, sostuvo que las instituciones de impartición de justicia en la entidad están a las órdenes de los enemigos políticos de su hermano.