México D.F. Sábado 31 de julio de 2004
Arturo Alcalde Justiniani
IMSS: por una solución concertada
El conflicto motivado por la iniciativa de reformas a la Ley del IMSS ha exhibido las motivaciones e intereses de diversos actores de nuestra vida política, incluyendo las limitaciones del gobierno para actuar como factor de equilibrio en un tema de amplia repercusión para el futuro laboral y de la seguridad social.
Cuando el diálogo entre el sindicato y la institución avanzaba, a unos cuantos días de un importante acuerdo en el seno de la Conferencia Nacional de Gobernadores, se presentó repentinamente una iniciativa que resultaba inexplicable, no sólo por su exposición de motivos sustentada en tesis propias del ala más conservadora de la Confederación Patronal de la República Mexicana, sino también porque boicoteaba el avance de la negociación, concentrando sus efectos en las futuras generaciones. En pocos días fue evidente que se trataba de una acción concertada en la que se había involucrado el propio gobierno quien, al apoyar la iniciativa, renunciaba de facto a su papel de árbitro.
La culminación de esta estrategia la realiza el Presidente de la República al comprometer su palabra en una solución equivocada: que basta afectar a los nuevos trabajadores para que el IMSS resuelva sus problemas financieros. El mensaje se ubica en que los futuros trabajadores no son importantes porque no tienen nombre ni apellido, por lo que se justifica la cancelación total de una prestación cuyo origen y desarrollo se oculta. Por ejemplo, se omite señalar un elemento que resulta esencial, como lo es la vinculación entre el régimen pensionario y los bajos salarios de médicos, enfermeras y personal técnico sindicalizados de la institución. Durante muchos años la cancelación de incrementos salariales se justificaba por las ventajas de un régimen de retiro comparativamente mejor al de otros trabajadores, pero hoy, si de recomponer el modelo laboral se tratase, resultaría esencial la recuperación de dichas percepciones.
En estos momentos sobresalen dos planteamientos que han concitado apoyos en favor de cada uno. Los verdaderos autores de la iniciativa buscan evitar una negociación entre el IMSS y su sindicato, descalifican cualquier propuesta alternativa porque sus verdaderas intenciones no se limitan a cercenar una prestación laboral contractual sino a inaugurar un nuevo modelo laboral y pensionario en el que se exime a los patrones de responsabilidad alguna. Este será su inicio para otros cambios. Para ellos, poco importan el tema de la legalidad y la fundada crítica de los especialistas que advierten de la inconstitucionalidad de la iniciativa de ley. Urgen a culminar la aprobación porque quieren festejar pronto su triunfo sobre los principios del derecho social laboral. Por esta razón se opusieron a que el tema se desahogara en el periodo ordinario de sesiones, lo que hubiera permitido que el sindicato discutiera y resolviera la cuestión democráticamente en su próximo congreso de octubre. Los duros se concentran en promover el encono entre sectores y generaciones. Manipulan la inconformidad de los derechohabientes y jubilados del IMSS-asegurador en contra de los trabajadores al servicio del IMSS-patrón.
Quienes reclaman una salida concertada del conflicto no sólo hacen valer la legalidad constitucional y la necesidad de un diagnóstico que en efecto resuelva la difícil situación financiera del IMSS, sino que además plantean responsablemente una necesaria solidaridad generacional. No comparten la tesis de ordeñar el futuro. Contrario a ello, proponen apoyar desde ahora a la institución y evitar desencantos a la vuelta de la esquina. La directiva del sindicato ha propuesto someter a su congreso un plan que reduce sustantivamente el crédito pensionario de los trabajadores futuros incrementando en siete años la posibilidad de su pensión, ajustando la base salarial e incluyendo el aporte de nueve por ciento de los salarios. Por lo que se refiere a los trabajadores activos sugiere apoyar al fondo pensionario con ocho por ciento de los salarios. Puede haber controversia sobre aspectos puntuales de esta u otras propuestas. Los procesos de concertación en las organizaciones democráticas no suelen ser fáciles pero sí estables. No existe argumento para señalar que el sindicato se ha negado a la negociación frente a una posición extrema de la institución y un gobierno ausente de propuestas.
Los legisladores que no actuaron por consigna han creado un espacio que abre posibilidades de diálogo. Han entendido que aprobando la iniciativa todos pierden, salvo aquellos que buscan una regresión en nuestro derecho social. No han caído en el terror de la urgencia para culminar el descontón legislativo. Saben que muy pronto se estaría reclamando otro golpe y no tendrían argumentos para neutralizarlo.
La esperanza es que prive un mínimo de cordura, una visión de largo plazo y una adecuada lectura social sobre las ventajas de las soluciones concertadas aunque no resuelvan de tajo todos los problemas. Para lograr esta concertación resultaría esencial alejarse del discurso extremo de la tesis empresarial y fortalecer algún espacio de imparcialidad que sugiera otras alternativas que concilien al menos parcialmente los intereses en juego y esperar el congreso de octubre. Obviamente, explicitar los compromisos del Estado para que el IMSS recupere la normalidad de sus servicios fortalecería este deseable escenario. Para ello se requiere visión de Estado y sensibilidad social.
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