La cancillería mexicana es "insensible e indolente", expresan los detenidos

Aprueba la SRE extradición a España de los 6 vascos presos en el Reclusorio Norte

La dependencia no revisó las pruebas ni analizó los casos de manera individual

GEORGINA SALDIERNA

El secretario de Relaciones Exteriores, Luis Ernesto Derbez, acordó ayer conceder la extradición de los seis vascos detenidos en el Reclusorio Norte por los delitos de asociación ilícita e integración en organización terrorista, allegamiento de fondos con fines terroristas y blanqueo de capitales procedentes de actividades terroristas.

En un comunicado de prensa, la cancillería informó que dicho acuerdo fue notificado a los aprehendidos, a quienes inclusive identificó con los sobrenombres que el juez español Baltasar Garzón utiliza en su requerimiento de extradición: Félix Salustiano García Rivera, El Yiyo; Asier Arronategui Duralde; María Asunción Gorrochategui Vázquez, La Rubia; Juan Carlos Artola Díaz, Mambrú; José María Urquijo Borde, Kinito o Luis Castañeda Vallejo, y Ernesto Alberdi Elejalde, Raka o Ricardo Ernesto Saez García.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) fue notificada el pasado 9 de julio de la opinión que emitió el juez segundo de distrito en materia penal de la ciudad de México, en torno a la procedencia jurídica de la extradición de estas personas a España.

Después de analizar tanto la solicitud de extradición como el expediente conformado ante la autoridad judicial citada y teniendo a la vista su opinión, la cancillería consideró que se "satisfacen los requisitos previstos en el Tratado de Extradición y Asistencia Mutua firmado entre México y España".

Así, se concedió la extradición por los delitos ya señalados pero no por el de falsedad documental, al no haber sido posible determinar si dicho ilícito había prescrito, explicó la dependencia.

La decisión de la SRE se conoció la tarde de este viernes, mientras en la mañana todavía un grupo de activistas realizó un concierto frente a la dependencia para exigir la liberación de los vascos y que no fueran extraditados. Entre los asistentes estaba el cantautor Guillermo Briseño.

La abogada de los detenidos, Bárbara Zamora, criticó el silencio que había guardado la cancillería sobre el tema y que ni siquiera hubiera sido capaz de decir algo sobre el hecho de que la embajadora de España en México, Cristina Barrios, había mentido en la integración del expediente.

Si se aplica el derecho, los vascos no serán extraditados, pues "hay muchos elementos para negar" su envío, destacó antes la abogada, al tiempo que insistió en el mal estado de salud de los detenidos, a causa de la huelga de hambre que mantienen desde hace 22 días.

Cuatro semanas antes, la directora de Asuntos Jurídicos de la cancillería, Sandra Elisa Hernández Ortiz, había asegurado al presidente del Parlamento Vasco, Juan María Atutxa Mendiola, que en todas las solicitudes de extradición que se presentan al gobierno de México, las autoridades "siempre han actuado con apego al marco jurídico nacional e internacional, con pleno respeto a los derechos humanos y a las garantías individuales consagradas en la Carta Magna, cumpliendo con las formalidades esenciales del procedimiento que se encuentra establecido en la ley de extradición internacional, fundando y motivando debidamente las actuaciones necesarias para el cumplimiento de la ley y de los tratados internacionales de los que México sea parte, por lo que el caso de los citados reclamados por el gobierno español no será la excepción".

El presidente del Parlamento había enviado al presidente Vicente Fox una carta de la Comisión de Derechos Humanos y Solicitudes Ciudadanas, en la que se le solicitaba velar por el cumplimiento de las garantías judiciales durante el proceso de extradición seguido a los seis vascos.

De acuerdo con la dependencia, tanto en éste como en todos los casos se revisa que el requerimiento de extradición cumpla con los requisitos formales y legales, tal como lo indica la legislación en la materia.

Los seis vascos presos en el Reclusorio Norte, quienes recibieron anoche la notificación del acuerdo tomado por la SRE de que son "extraditables", se dijeron "sorprendidos por la insensibilidad e indolencia" de la cancillería mexicana.

"Fue como conocer una muerte anunciada", comentó Félix Salustiano García. "Hace algunos días vimos que en un comunicado de la secretaría se nos llamaba etarras, sin que la dependencia tomara la obligada prevención de agregar el término supuesto. Hemos puesto una demanda por esa expresión, pero eso nos alertó de que el gobierno federal seguía sin querer mirar al fondo de nuestro caso, lo que bastaría para darse cuenta de que somos acusados sin fundamento alguno."

Pasadas las siete de la noche, los detenidos recibieron el aviso sobre la presencia, en el penal, de tres actuarios de la SRE. Estos les entregaron expedientes idénticos a cada uno. Un rápido vistazo les permitió percatarse de que, lejos de revisar las acusaciones y los elementos que se presentan como pruebas y sin siquiera analizarlos de manera individual, el área jurídica de la SRE se limitó a fotocopiar el expediente girado por el juez César Flores y resolver en favor de la petición de la justicia española.

Las acusaciones de asociación ilícita en organización terrorista, allegamiento de fondos con fines terroristas y blanqueo de capitales con fines terroristas son aplicadas a los seis vascos en general, sin que hasta ahora -a un año de su arresto- se haya especificado qué cargos y en qué grados le corresponden a cada uno. De este modo, por ejemplo, María Asunción Gorrotxategui, esposa de Juan Carlos Artola, es sometida a los cargos que pesan sobre su marido y sus otros compatriotas, a quienes no conocía antes de ser apresada en su casa en Puerto Escondido, a pesar de que ella nunca tuvo siquiera una cuenta bancaria a su nombre. El alias que se le atribuye en el expediente, La Rubia, es en realidad el apodo afectuoso con el que la denominó su esposo.

"La cancillería ha dejado sin consideración la opinión de juristas y especialistas que, al estudiar el caso, han concluido que es inconstitucional e ilegal. Ha ignorado la movilización creciente de la sociedad mexicana en contra de nuestra extradición. Ha dado la espalda a las evidencias que año tras año ratifican la ONU y organizaciones como Amnistía Internacional de que el Estado español tortura a los vascos, a quienes juzga por terrorismo", señaló Artola. "Y se ha mostrado insensible a nuestro reclamo de un juicio justo, después de 23 días de huelga de hambre".

El ayuno que se han impuesto como forma de protesta es severo. Sólo toman agua. Cada uno ha perdido entre 13 y 16 kilos. Ya empiezan a sufrir mareos y debilidad. En el caso de uno, Félix Salustiano, su úlcera estomacal ha empezado a sangrar.

Asier Arronategui, a su vez, indicó que si las autoridades mexicanas desmenuzaran los elementos de las acusaciones sólo encontrarían rastros de solidaridad entre una comunidad de vascos en el exilio. "Igual como ocurría con otros colectivos, como los chilenos o los argentinos exiliados en México durante las dictaduras. Hacían redes solidarias, se ayudaban unos a otros. Eso fue lo único que hicimos nosotros en México". Los elementos para fundar la acusación de pertenecer y colaborar con el grupo armado ETA contra Artola y su esposa María Asunción, Ernesto Alberdi, José María Urquijo, Arronategui y Salustiano son movimientos de dinero en sus respectivas cuentas bancarias que no suman más de 900 mil pesos. "Nada -subrayan los acusados- prueba o apunta a que formábamos parte de un aparato de logística de ETA. Eso debería saltarle a la vista a la cancillería y a los jueces mexicanos."

Los seis vascos insisten en que la acusación presentada por el juez instructor Baltasar Garzón, como en casi todos los casos de persecución de independentistas vascos, sólo está basada en suposiciones. "Ha sido un modus operandi de este juez", explican.

Juicios de extradición contra vascos, basados en la inventiva del juez Garzón, han fracasado en otros países donde los detenidos han tenido la oportunidad de una defensa y un juicio justo. Por ejemplo, recientemente fue declarado no extraditable Josu Lariz, vasco residente en Argentina. Primero fue acusado en Uruguay y después en Argentina por el gobierno español y al final, después de años de batallas legales, salió libre, sin cargos. En la misma situación estuvieron Raquel García y Luis Moreno, presos en Bélgica. Los reclamos del juez español han topado con varias negativas de las autoridades de Bruselas. También está el caso de tres vascofranceses pertenecientes a la organización juvenil Segui, que en Francia es legal pero está proscrita en España. En virtud de ello, Garzón pretendía su entrega a la policía española, a lo que Francia -generalmente colaboradora con las redadas antivascas de su vecino peninsular- se negó.