Existe gran confusión entre los legisladores sobre el concepto y los límites del tema

Piden académicos que la ley de seguridad nacional sea enriquecida por especialistas

Manifestaron su beneplácito por el aplazamiento de la aprobación del proyecto

JESUS ARANDA

El grupo de académicos que cuestionó la iniciativa de ley sobre seguridad nacional recibió con beneplácito el aplazamiento de la discusión y aprobación de esta propuesta e hizo un llamado a las cámaras de Diputados y Senadores para que convoquen a especialistas, representantes de la sociedad, funcionarios civiles y militares del área de seguridad nacional, con el propósito de impulsar una amplia discusión que enriquezca el proyecto legislativo.

Mario Arroyo, en representación de los académicos de diversas disciplinas que se presentaron el pasado miércoles en la Cámara de Diputados para hacer patente su inconformidad con el proyecto legislativo por la serie de imprecisiones y vacíos legales que contiene, dijo lo anterior y añadió que pese al tiempo que invirtieron los legisladores para elaborar su proyecto, aún existe "una gran confusión" entre los representantes populares y funcionarios federales sobre lo que es seguridad nacional, porque todavía se le confunde con la seguridad pública.

Además, cuestionó que la propuesta de ley se limita a pretender reglamentar la actuación del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), cuando existen otros órganos de información que también deben ser reglamentados como son: inteligencia militar, inteligencia naval y las áreas de inteligencia de Procuraduría General de la República, Policía Federal Preventiva y Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Entrevistado después de que la Cámara de Diputados decidió aplazar la discusión del caso para el próximo periodo ordinario, Arroyo señaló que la decisión de los diputados es importante porque abre el camino para que representantes de la sociedad civil intervengan y logren el aplazamiento de proyectos legislativos controvertidos, cuando se considere que no han sido suficientemente discutidos.

También el especialista se refirió al encuentro que sostuvieron ocho académicos el pasado jueves con el director del Cisen, Eduardo Medina Mora, a quien plantearon directamente, punto por punto, los aspectos de la ley que deben ser modificados. Sobre todo, en cuestiones como la reserva de 30 años para abrir archivos relacionados con el tema; las definiciones de amenazas a la seguridad nacional y la forma de combatirlas; la aprobación de reformas que permitan la intervención de llamadas telefónicas de "sospechosos" de atentar contra la seguridad, entre otros.

Medina Mora, por su parte, se comprometió a responder "puntualmente" a las críticas de los académicos en los próximos días.

Por su parte, José Luis Piñeyro cuestionó la forma como fue elaborada la propuesta de ley, ya que los senadores que lo hucieron no consultaron a especialistas en el tema ni propiciaron un debate amplio sobre un tema de tanta importancia.

En entrevista por separado, el especialista comentó que todo hace ver que tampoco fueron tomadas en cuenta instituciones de reconocido prestigio como el Colegio de Defensa Nacional de la Secretaría de la Defensa, o bien el Centro de Estudios Estratégicos Navales (Cesnav) de la Secretaría de Marina. Instituciones que, por cierto, son las únicas que imparten la maestría en seguridad nacional en el país.

Destacó que si bien es importante regular la actividad del Cisen, también lo es el que se reglamente la actividad de las otras instituciones que realizan labores de inteligencia, a efecto de que los datos recabados sean procesados de manera integral y dicha información sea utilizada de forma institucional; y no de manera discrecional como ocurrió durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, cuando José Córdoba Montoya concentró en sus manos información estratégica sin que tuviera facultades legales para hacerlo.

Precisamente, dijo, para que la información que producen los cuerpos de inteligencia sean utilizados de manera adecuada, es que se requiere de una ley de seguridad nacional que establezca de entrada conceptos definidos en la materia, para pasar después a reglamentar las atribuciones de cada dependencia y el adecuado uso de esa información.