Será hasta el próximo periodo ordinario de sesiones cuando se discuta la iniciativa

Afinarán la ley de seguridad nacional para que no afecte los derechos humanos

Legisladores aprueban plan de recompensas para quienes denuncien a secuestradores

ROBERTO GARDUÑO Y ENRIQUE MENDEZ

Por contener inconsistencias jurídicas y errores de redacción que implicaban riesgos para los derechos humanos, los grupos parlamentarios en la Cámara de Diputados confirmaron que la iniciativa de la ley de seguridad nacional deberá ser afinada para presentar en el próximo periodo ordinario de sesiones.

"Los partidos coincidimos en la misma preocupación, por ejemplo, en que el término de 'amenazas a la seguridad nacional', planteado en la iniciativa, se dejó muy amplio y podría ser peligroso para la vida diaria de la sociedad. También limitaba los periodos para acceso a la información, entre otros puntos", informó la presidenta de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, Rebeca Godínez.

Luego de que durante esta semana un grupo de especialistas en seguridad nacional, de diversas universidades públicas y organizaciones no gubernamentales (ONG), expresaron su rechazo a la iniciativa porque sólo pretende -explicaron- ampliar las facultades al Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), las comisiones de Justicia y Gobernación, a las cuales se turnó la minuta del Senado como proyecto de decreto, decidieron iniciar una serie de consultas públicas y retomar la discusión en la segunda semana de agosto.

"Recibimos distintas inquietudes y no se trata de sacar las cosas por sacarlas, sino de estudiarlas y todas las fracciones acordamos que así se hiciera", explicó Godínez.

Por su parte, el coordinador de los diputados del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Emilio Chuayffet Chemor, explicó que a juicio de los integrantes de ambas comisiones, la minuta del Senado "tenía inconsistencias y, en consecuencia, no debería ser aprobada en un dictamen".

También el coordinador del sector popular del tricolor, Manlio Fabio Beltrones, refrendó que había muchas dudas sobre la redacción del documento; por eso la bancada priísta determinó darse más tiempo para discutir la minuta y, en todo caso, presentar un dictamen en septiembre.

Los legisladores también decidieron ampliar el debate sobre la iniciativa para tipificar como delito el secuestro exprés, y presentar en el periodo ordinario de sesiones "una reforma más amplia".

La diputada Lizbeth Rosas, de la Comisión de Seguridad Pública, reconoció que esto constituye una falla en el compromiso de los legisladores, pero dijo que pedirán a la Comisión de Justicia -en la que el dictamen se congeló- les turne la iniciativa correspondiente para avanzar en su dictamen.

Así, el tema no se incluyó en la agenda de la sesión de ayer del periodo extraordinario de sesiones, en la que sólo se aprobó el paquete de iniciativas en materia de seguridad pública.

Por mayoría de votos, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó la Ley de Registro Público Vehicular, que deroga a la Ley del Registro Nacional de Vehículos, y que devolverá al Estado el registro y control de la información sobre automotores en todo el país.

La Comisión de Seguridad Pública de la Cámara explicó que con ello "los mexicanos tendrán certeza de que se vigilarán y controlarán, en forma institucional y gratuita, los movimientos sobre el registro de vehículos".

También se aprobó una adición al artículo 37 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada para que se otorguen recompensas a quienes denuncien un secuestro o aporten información útil que sirva para liberar a las víctimas y capturar a los responsables.

La adición permite que las compensaciones se otorguen aun cuando no exista una orden de aprehensión, y la intención es -explicaron los diputados- estimular la participación ciudadana en la prevención de este delito y fomentar la cultura de denuncia.

Asimismo, se aprobó una adición a la fracción 9 del artículo 12 de la ley general que establece las bases de coordinación del sistema nacional de seguridad pública, para integrar a un diputado y a un senador, con voz pero sin voto, al Consejo Nacional de Seguridad Pública.

Finalmente, se aprobaron reformas al párrafo 1 del artículo 13 de la misma ley para incluir a la Conferencia de Secretarios de Seguridad Pública en la Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública. "El objeto de esta adecuación es fortalecer al consejo nacional para que las corporaciones policiacas puedan actuar en materia de prevención, investigación y persecución del delito con la colaboración de los secretarios de seguridad, lo que permitirá cerrar espacios de impunidad y corrupción", señaló la Comisión de Seguridad Pública.