Los cancilleres de México y Cuba, Luis Ernesto Derbez y Felipe Pérez Roque, acordaron ayer, en La Habana, el restablecimiento de las relaciones bilaterales al nivel que tuvieron hasta abril pasado y el regreso a sus puestos de la embajadora mexicana en Cuba, Roberta Lajous, y del representante cubano en esta capital, Jorge Bolaños. La fecha escogida para la reinstalación de los diplomáticos -el 26 de julio, aniversario del asalto al Cuartel Moncada e inicio de la primera etapa de la revolución cubana, hace 51 años- parece ser un guiño de desagravio a la nación caribeña y a su gobierno por haber sido injustamente involucrados en un conflicto que se gestó por la mala voluntad de la primera cancillería foxista y estalló por la impericia y el nerviosismo de la segunda.

En efecto, después de un periodo en el que el ex secretario de Relaciones Exteriores se empeñó en organizar agravios, provocaciones y groserías contra el gobierno de la nación hermana, con el evidente propósito de provocar una reacción airada de las autoridades de la isla -reacción que, por cierto, nunca ocurrió-, el grupo en el poder, ya sin Castañeda a bordo, se vio atrapado con los dedos en la puerta por un asunto estrictamente interno: el escándalo por las entregas de dinero de Carlos Ahumada Kurtz a funcionarios del gobierno capitalino y los indicios crecientes de que esas transacciones indebidas, o al menos su revelación, fueron parte de un plan urdido en el primer círculo foxista para destruir políticamente a Andrés Manuel López Obrador, titular del Gobierno del Distrito Federal.

La captura de Ahumada en La Habana y la deportación del empresario corruptor por el gobierno de la isla tomó por sorpresa al Ejecutivo federal e hizo temer, en su interior, revelaciones inminentes sobre la vinculación de altos funcionarios en el episodio. En esa circunstancia, la infundada reacción del canciller Derbez y del secretario de Gobernación, Santiago Creel, contra las autoridades de la isla, pareció más un intento por sacar el caso Ahumada del centro de la atención que una "defensa de la soberanía nacional", como pretendieron ambos funcionarios, los cuales no lograron convencer a las opiniones públicas de México y de Cuba de que el gobierno de la segunda se hubiese comportado en forma poco institucional.

La normalización anunciada ayer representa, pues, la superación feliz y plausible de un conflicto bilateral que nunca tuvo razón de ser. Es pertinente, sin embargo, extraer un par de enseñanzas de todo este episodio. La primera es que el recurso del conflicto externo como forma de desviar la atención ante un escándalo doméstico, que constituye una de las posibles formas de la "fuga hacia adelante", casi siempre acaba revirtiéndose contra el gobierno que actúa de esa manera. La segunda es que resulta mucho más fácil generar un problema que resolverlo. El presidente Vicente Fox ofreció, cuando era candidato, que desde la Presidencia podría solucionar "en 15 minutos" el conflicto chiapaneco e indígena.

Han transcurrido tres años y medio del inicio de su gobierno y ese tema, a juicio de los afectados y de muchos otros sectores de la sociedad, dista mucho de estar despejado. En cambio, una relación bilateral centenaria, sólida y fraterna, fue puesta en crisis, en algo así como 15 minutos, por los malos cálculos, la ineptitud y la inexperiencia. Esta vez fue po-sible restañar los vínculos y componer el desaguisado en un tiempo relativamente breve y a un costo poco significativo. Pero los hombres del Presidente debieran tomar conciencia, como colofón de este episodio, de la gravedad que pueden revestir las consecuencias de actos de gobierno poco meditados.