León Bendesky

Consumado

Era cada vez mayor la prisa por llegar a un acuerdo sobre los pagarés que el Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa) había emitido en favor de los bancos para enfrentar la crisis financiera de 1995. Sobre esos títulos se pagaban altos intereses cada año, los que salían del presupuesto federal, es decir, de los recursos que aporta la sociedad como impuestos.

Esos pagarés están por vencerse, lo que hubiese provocado una irregularidad legal y financiera mal vista por los inversionistas extranjeros. El asunto ahora es que el acuerdo al que llegaron el gobierno y los bancos y que se anunció el pasado día 15 puede ser satisfactorio para esas dos partes y un tranquilizante para quienes compraron los bancos mexicanos luego del rescate armado por Ernesto Zedillo, pero no es muy aseado en esos mismos términos legales y financieros.

Como ciudadanos debemos remitirnos a la ley, que es un último recurso, aunque las autoridades usen subterfugios para darle la vuelta, ante la impotencia del resto. Dice el reciente comunicado de la Secretaría de Hacienda que las medidas acordadas con los bancos dan cumplimiento al artículo quinto transitorio de la Ley del Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB) del 19 de enero de 1999.

Ese artículo está en el centro de la querella sobre los créditos dudosos que metieron algunos bancos, con la complacencia de las autoridades, en el saco sin fondo del Fobaproa. Esas transacciones millonarias nunca han sido aclaradas de manera satisfactoria. A la letra, el quinto transitorio dice que el Fondo ''permanecerá en operación con el único objetivo de administrar las operaciones del programa conocido como de capitalización y compra de cartera'' y ''a fin de que se concluyan las auditorías ordenadas por la Cámara de Diputados''. Añade que el Ejecutivo y esa cámara tomarán las medias pertinentes para que esas ''auditorías concluyan en un plazo máximo de seis meses a partir de la entrada en vigor de esta ley''.

Una vez hechas estas revisiones, y si ellas reportaran irregularidades, se procederá ''inmediatamente a deslindar las responsabilidades a que hubiere lugar y los infractores asumirán su plena responsabilidad legal y económica''. En ese momento las instituciones ''podrán optar por dar por terminados los contratos y cancelar las operaciones que mantenían con el Fondo'' (el Fobaproa).

Al parecer, la secuencia de los actos por realizar que marca la ley, no son exactamente iguales a los que prevé el reciente acuerdo. Tal vez por eso el diputado Fauzi Hamdan, del PAN, y presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, haya dicho al respecto que ''el mecanismo es aceptable en los términos del artículo quinto transitorio de la Ley del IPAB''. ƑCómo que es aceptable para la ley? El asunto es si está o no dentro de lo que marca la ley aprobada por el Congreso y que él como diputado promovió. ƑO es que la ley se interpreta a gusto del cliente?

El acuerdo del 15 de julio es un arreglo entre Hacienda y los bancos para dar trámite al vencimiento de los pagarés y no sigue los pasos marcados por la ley, sino unos definidos a conveniencia de ellos mismos.

Una vez separadas las partes que asumen los bancos y el fisco por un total de 223 mil millones de pesos, se habla de un ahorro de 116 mil millones para el gobierno y se admite un costo de 107 mil millones, que deberán ser cargados a la deuda pública mediante la sustitución de los pagarés Fobaproa por unos nuevos emitidos por el IPAB.

Sólo luego de realizar una serie de auditorías (ya no se sabe qué pasó con las originales exigidas por la revisión hecha hace años por Michael Mackey) sobre los créditos en disputa, será cuando se exija a los bancos cubrir los faltantes de los que deben hacerse cargo. Pero la ley indicaba un orden inverso y, mientras tanto, ya se asumió una nueva carga de deuda pública.

Esto pone de manifiesto la forma en que durante 10 años se ha ido administrando la crisis financiera de fines de 1994: con un Fobaproa que se mantuvo artificialmente vivo durante más tiempo del previsto por la ley y con un enorme costo fiscal; con una institución como el IPAB que lejos de operar de manera independiente ha sido un brazo armado de Hacienda; con todo un esquema de protección de los grandes inversionistas bancarios mexicanos y extranjeros y, también, de todos los funcionarios públicos involucrados en el asunto desde Hacienda, Banco de México y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

El costo fiscal del rescate se seguirá pagando a un precio financiero y social muy elevado; los responsables e involucrados en la crisis bancaria se han podido lavar las manos; los grandes banqueros mexicanos lograron enormes ganancias con este esquema, y los bancos extranjeros se hicieron del control del sistema financiero a un costo muy bajo y subsidiados por la sociedad.

La familia financiera, de viejas y muy estrechas relaciones carnales, podrá estar satisfecha, ha sido protegida por todos los gobiernos desde Miguel de la Madrid hasta Vicente Fox. El escándalo financiero más grande de la historia de México y el rescate que entraña de personas y negocios ha sido consumado por el bien de la nación, por supuesto.