No detendrá el análisis, a pesar de que la parte demandante retirará amparos

La SCJN continuará con la revisión de juicios de garantías de los bancos

Cuando se reabra la Corte, el ministro encargado del proyecto de sentencia deberá analizar si existen elementos jurídicos para que los juicios sean cancelados

ALFREDO MENDEZ ORTIZ

A pesar de que los cuatro bancos más importantes del país aceptaron ser revisados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y retirar las demandas de amparo que el año pasado promovieron para evitar las auditorías, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) continuará con la revisión de los juicios de garantías, debido a que en junio pasado ejerció su facultad de atracción para conocer y resolver el litigio.

Fuentes judiciales indicaron que el máximo tribunal del país no detendrá ''de inmediato'' el análisis de los juicios de amparo, sólo porque la parte demandante se desistió de buscar la protección de la justicia federal.

Sin embargo, precisaron que una vez que se reanuden las actividades laborales en la Corte, a partir del 2 de agosto, el ministro al que corresponda realizar un proyecto de sentencia sobre ese asunto deberá analizar si hay elementos jurídicos para que los juicios sean cancelados, lo que en términos legales se conoce como causales para el sobreseimiento de un juicio.

De entrada, la SCJN dio (en junio pasado) un plazo aproximado de siete meses para resolver si hay elementos para otorgar en definitiva el amparo a los bancos Banamex, BBVA-Bancomer, HSBC (antes Bital) y Banorte, aunque debido al cambio de situación jurídica (la parte demandante se desistió de los recursos) el asunto podría resolverse antes de ese plazo, en caso de que sobresean los juicios.

Una vez que los ministros regresen de vacaciones, los representantes legales de los bancos deberán notificar por escrito los motivos por los que decidieron desistirse de sus demandas de garantías.

El primero de junio la SCJN ejercitó su facultad de atracción para determinar si la ASF tiene facultades para supervisar ''de alguna manera''' el sistema bancario y de organizaciones auxiliares del país y si, en consecuencia, el Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB) puede determinar reducciones en operaciones bancarias concretas y establecer la legitimidad de los créditos que se convirtieron en deuda pública.

Ese día la Corte determinó por unanimidad el ejercicio de la facultad de atracción para conocer de cuatro amparos interpuestos por instituciones bancarias contra la pretensión del IPAB de practicar nuevas auditorías al Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa). Los ministros del máximo tribunal determinaron que se trata de asuntos que tienen ''gran trascendencia económica'' por el costo fiscal que representan para el país.

La Corte conoce del asunto de los bancos a raíz de una solicitud presentada por el titular de la Procuraduría General de la República, Rafael Macedo de la Concha, y dos más por los magistrados del 10 tribunal colegiado en materia administrativa, que analizaban un recurso de revisión de un juicio de amparo que los bancos ganaron en primera instancia, el 12 de septiembre de 2003.

En junio de 2002 el IPAB notificó a los bancos, con base en las auditorías efectuadas por la Auditoría Superior de la Federación, del comienzo de tres auditorías para determinar si la cartera vencida que le vendieron al gobierno cumplía o no con los requisitos legales, por ello recurrieron a las demandas de amparo.