Carlos Fazio

Fox, Derbez y los vascos

Con la coadyuvancia subordinada de la Procuraduría General de la República (PGR) y la complicidad de jueces por consigna, seis independentistas vascos permanecen como presos políticos del reino de España en el Reclusorio Norte de la ciudad de México. El 9 de julio, tras conocer la opinión jurídica del magistrado César Flores, quien consideró procedente su extradición, los detenidos iniciaron una huelga de hambre. El martes 13 un juez federal les otorgó un amparo "provisional" y fijó una audiencia constitucional para el próximo 26 de julio.

Los vascos fueron capturados con violencia en varias partes de México el 18 de julio de 2003, a partir de una orden de aprehensión con fines de extradición emitida por el juez Baltasar Garzón,
de la Audiencia Nacional española, en el contexto de la llamada Operación Donosti. Garzón los acusa de formar parte de una supuesta "red financiera" de la organización vasca Euskadi Ta Askatasuna (ETA, Patria Vasca y Libertad, en euskera). A un año de su detención, la parte acusadora no ha podido acreditar la existencia de delito alguno. En febrero pasado un tribunal colegiado de amparo concluyó que la detención era "violatoria de la garantía de legalidad" (artículo 16 constitucional), por lo cual el auto de formal prisión quedaba sin sustento. A su vez, el artículo 19 establece que si no se ha acreditado delito, ningún detenido puede pasar más de tres días sin auto de formal prisión. Procedía la liberación inmediata, pero debido a presiones políticas y condicionamientos económicos de los reyes y el gobierno de España, los seis vascos han sido mantenidos en un limbo legal similar al que rige para los prisioneros de la guerra de Afganistán, recluidos por Estados Unidos en la base militar de Guantánamo, Cuba.

La recomendación del juez Flores -considerado "lacayo de la PGR" y señalado de "obedecer" a Garzón por la defensora de los vascos, Bárbara Zamora- deja el asunto en manos del canciller Ernesto Derbez. Todo el trámite procesal ha estado marcado por ilegalidad y arbitrariedad aberrantes. Al tortuguismo y otras chicanas (maniobras) dilatorias utilizadas por agentes del Ministerio Público y jueces mexicanos que actúan por instrucciones superiores, se añade un trato discrecional, al margen de la Constitución y las leyes. Los derechos básicos de Asier Arronategi, Félix Salustiano García, Jon Artola, María Asunción Gorrotxategi, Ernesto Alberdi y José María Urquijo han sido pisoteados una y otra vez, lo cual ha sido posible porque, además del colaboracionismo de las agencias especializadas de la PGR (la Unidad Especializada contra la Delincuencia Organizada, actual Subprocuraduría para la Investigación Especializada contra la Delincuencia Organizada, y otras) con Garzón y el fiscal de la Audiencia Nacional, Enrique Molina, hay una franca claudicación de la soberanía nacional ante el desembozado injerencismo español.

La cesión de soberanía del gobierno de México, al tomar partido por una de las partes en el contencioso que enfrenta al pueblo vasco con el Estado español, arrancó durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari. Desde entonces, dos decenas y media de vascos han sido expulsados o extraditados al margen de la Constitución y las legislaciones mexicana e internacional vigentes, escudados en modificaciones al tratado entre ambos países que, como argumentó en estas páginas el embajador Gustavo Iruegas, ex subsecretario de Relaciones Exteriores, "reducen las posibilidades de la defensa en México" e "inducen" a los jueces locales a pronunciarse por la extradición.

De la mano de una afinidad ideológica conservadora, Vicente Fox se involucró de manera directa en la campaña represiva del ex jefe del gobierno español José María Aznar. En ese periodo se acentuó la política del quid pro quo, es decir, el uso de refugiados vascos como mercancías, con valor de uso en el contexto de transacciones de carácter político-económico. Con otro componente: elementos del Cuerpo Nacional de la Policía española y espías del Centro Superior de Información de la Defensa han venido actuando a sus anchas en México. Al abdicar de la neutralidad del Estado, Fox ha vulnerado de manera flagrante la honrosa tradición de México como lugar de asilo y refugio para perseguidos políticos. En la mayoría de los casos, una vez en la península, los vascos expulsados fueron torturados por la policía española.

No obstante la recurrente formulación mítica sobre la transición posfranquista en España, el "problema vasco" no se ha podido solucionar. En diciembre de 1978, la promulgación de la nueva Constitución cerró el paso a una construcción federal del Estado español; la forma política emergente quedó constreñida en los límites de una monarquía parlamentaria que, en su esencia, hizo a un lado la reivindicación autonómica de Euskadi.

A pesar de que los orígenes del contencioso vasco son políticos, los sucesivos gobiernos de los partidos Obrero Socialista Español (PSOE) y Popular (PP) le han dado tratamiento policial. Criminalizaron a la izquierda abertzale para cerrarle el paso a la opción independentista en Euskal Herria. La situación se agudizó durante el mandato de Aznar, quien usó el discurso antiterrorista de comodín.

Al "provincialismo caciquil" de Aznar (Marcos Roitman, La Jornada, 22 de febrero de 2003) se sumó la actitud propia de ministro del Interior asumida por Garzón, quien, en abierta violación de la Ley Federal de Procedimientos Penales, del tratado de extradición y de la propia Constitución mexicana, protagonizó aquí un grave incidente los días 28 y 29 de enero -al amparo y con la complicidad y las facilidades que le ha concedido la PGR- cuando, al pretender extrapolar "la legislación española (...) a un Estado independiente que se llama México" (editorial de La Jornada, 31 de enero de 2004), exhibió, para vergüenza nacional, su actitud de "corregidor colonial".

Al igual que Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero tratará de "administrar" un recurso que ha dado buenos dividendos al PP y al PSOE. Cualquiera sea el escenario, el gobierno foxista debe dejar de jugar con la pelota vasca y recuperar para México la neutralidad perdida. Lo correcto es denegar el pedido y derogar el protocolo de extradición por anticonstitucional y violatorio de los derechos humanos.