El acuerdo firmado ayer entre la Secretaría de Hacienda (SHCP) y el Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB) con los bancos extranjeros BBVA-Bancomer, HSBC y Banamex para canjear los bonos originales del Fobaproa por nuevos títulos emitidos por el propio IPAB, con cargo

al erario público, representa, más allá de tecnicismos y laberintos financieros, la aceptación por el gobierno de un pasivo público de 107 mil millones de pesos. Lo que el régimen foxista firmó ayer implica, visto de otro modo, que cada habitante de México -hombre o mujer, niño, adulto o anciano, rico o pobre, campesino o ejecutivo- debe a los propietarios de las empresas bancarias referidas, y sin haber recibido nada a cambio, más de mil pesos.

Si la privatización indebida de bienes públicos se llama corrupción, otro tanto puede decirse de la injustificada socialización de deudas privadas. En esa lógica, el "rescate" de los banqueros emprendido por Ernesto Zedillo en el sexenio pasado fue una acción eminentemente corrupta, como lo ha sido el empeño de priístas y panistas, de entonces hasta la fecha, en endosar a la nación los enormes pasivos generados por la torpeza económica gubernamental y por la ineficiencia y los fraudes de los banqueros.

El argumento esgrimido por el zedillismo de que no debía permitirse el colapso de la banca nacional se vino abajo cuando ésta pasó, en su enorme mayoría, a manos extranjeras. El alegato de que se buscaba proteger a los ahorradores y no a los banqueros se ha ido cayendo a pedazos, conforme se ha ido haciendo evidente la determinación del PRI y del PAN de encubrir los manejos turbios y las raterías de los administradores y dueños de los bancos que se autoprestaron sumas enormes, las declararon luego incobrables y las cargaron a los pasivos de sus instituciones, y finalmente consiguieron la aprobación de la mayor parte de la clase política para que la nación se hiciera cargo de pagar esos faltantes.

En este asunto, como en muchos otros, las promesas de transparencia del actual gobierno se han revelado falsas. Las autoridades hacendarias y financieras, con argumentos tan increíbles como la necesidad de proteger el secreto bancario, se han opuesto regularmente a una revisión minuciosa de los manejos oscuros y fraudulentos que han inflado en forma desmesurada los montos del rescate. Para colmo, en el acuerdo de ayer se violentan las disposiciones legales -aprobadas por los propios priístas y panistas- que establecen la obligación de auditar las operaciones bancarias irregulares -y fincar las responsabilidades legales correspondientes- antes de efectuar el canje de bonos.

De cualquier forma, la maniobra de saqueo a favor de los bancos perpetrada ayer por la SHCP, el IPAB y los propios beneficiarios requiere, para consumarse, de la aprobación del Congreso. Cabe exigir a los legisladores que impidan semejante atraco a la nación y que, antes de aceptar que la cartera incobrable de los bancos se convierta en deuda pública, se investigue a fondo.