Exigen la reinstalación de 51 judiciales morelenses

Ex policías y diputados priístas toman el palacio de gobierno de Cuernavaca

LA JORNADA MORELOS

Cuernavaca, Mor., 15 de julio. A partir de las 6 de la mañana, 51 ex agentes de la Policía Judicial de Morelos, encabezados por los diputados priístas Guillermo del Valle Reyes y Maricela Sánchez Cortés, así como por el delegado del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI en Morelos, Jorge Schiaffino Isunza, tomaron el palacio de gobierno para exigir que los elementos sean reinstalados en el cuerpo policiaco.

El gobierno estatal comenzó una averiguación previa contra los ex policías, los diputados y el delegado del CEN priísta, informó la apoderada legal del Poder Ejecutivo, Beatriz Olvera Luna.

La diputada local Sánchez Cortés desestimó la denuncia, con el argumento de que ella, sus correligionarios y los policías "actuamos en defensa de los intereses del pueblo".

Los ex agentes entregaron la sede del Poder Ejecutivo estatal poco después de las 14 horas, una vez que concertaron una reunión con el secretario de Gobierno Jesús Giles Sánchez, para analizar los expedientes de los ex ministeriales y, de ser pertinente, reintegrarlos a la corporación donde laboraban.

Los ex policías esgrimieron como una razón para su protesta que Giles Sánchez faltó en días pasados a su compromiso de recibirlos para estudiar la situación laboral de los agentes despedidos.

Durante la movilización, alrededor de 250 efectivos de las secretarías de Seguridad Pública Estatal y de Cuernavaca recorrieron el primer cuadro de la ciudad, lo que los inconformes interpretaron como manera de presionarlos "sicológicamente".

A su vez, el diputado federal Guillermo del Valle Reyes, en representación de los ex ministeriales, comentó que al entregar el palacio de gobierno se pretendió demostrar "la voluntad de diálogo con las autoridades".

En entrevista, Del Valle Reyes aseguró que el gobierno estatal tendrá recursos para reintegrar a sus labores a los 51 ex agentes, pues la Federación le canalizará cuando menos 20 de los mil millones de pesos que serán utilizados para la seguridad pública municipal y estatal.