Buscan evitar auditorías del nuevo Congreso local

Obtienen ediles panistas de BC suspensión provisional

ANTONIO HERAS CORRESPONSAL

Mexicali, BC, 15 de julio. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) otorgó una suspensión temporal a los ayuntamientos panistas de Mexicali, Tijuana, Ensenada y Playas de Rosarito ante la pretensión de que el Congreso de Baja California revise sus cuentas públicas.

Los citados ayuntamientos solicitaron la intervención de la SCJN ante el conflicto que mantienen los Poderes Legislativo y Ejecutivo estatales, que se inició el 12 de junio, cuando en sesión la "nueva mayoría" camaral -encabezada por el PRI- determinó, entre otros asuntos, iniciar una auditoría a las oficinas del gobernador Eugenio Elorduy.

Ese día los legisladores locales destituyeron además al encargado de despacho de la Contaduría Mayor de Hacienda, a quien acusaron de usurpar funciones, destruir documentos oficiales y tener la intención de desaparecer 12 cajas que contenían expedientes y documentación de las cuentas públicas de las mencionadas administraciones municipales, emanadas del PAN.

El síndico procurador de Mexicali, Rubén Armenta, informó que el recurso presentado ante la SCJN fue resultado de que el órgano de fiscalización estatal se negó a recibir observaciones que realizó el ayuntamiento que preside Jaime Díaz, sobre el informe preliminar de revisión de cuentas públicas correspondientes a 2002 y 2003.

En tanto, el presidente del Congreso y el secretario general de Gobierno estatales, Everardo Ramos y Bernardo Martínez, respectivamente, sostuvieron una reunión con el fin de disponer una mesa de diálogo -misma que propusieron los diputados locales- y una agenda de temas, de manera que concluyan las diferencias que mantienen la administración de Elorduy y la Legislatura bajacaliforniana.

Ramos y Martínez informaron que "se acordó integrar una mesa diálogo para trabajar de manera coordinada asuntos de relevancia para el estado". Destacaron que ''a través del diálogo, la conciliación y el entendimiento es como se pueden resolver los puntos de interés para ambos poderes, siempre y cuando se acuda con una actitud de respeto y con estricto apego al estado de derecho, que permita restablecer la normalidad del trabajo legislativo''.

Añadieron que el Ejecutivo y el Legislativo locales tienen "voluntad de llegar a entendimientos", y anunciaron que la mesa de diálogo se instalará después de los comicios del 1Ɔ de agosto entrante, "para no interferir en el proceso electoral".

Afirmaron que el objetivo es "estrechar lazos de coordinación, al privilegiar la vía del dialogo y el trabajo por los bajacalifornianos".

Sin embargo, el diputado Enrique Acosta Fregoso, quien también es presidente del PRI en la entidad, desmintió que se haya llegado a acuerdos que terminen con el conflicto entre poderes.

Asimismo se quejó del "afán lucrativo" de los funcionarios del gobierno de Eugenio Elorduy, y como ejemplo mencionó que el secretario de Gobierno recibe más de 107 mil pesos mensuales "solamente de compensación", y se le paga la renta un automóvil para sus labores oficiales.

De su lado, el secretario general adjunto del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, Rafael Rodríguez Barrera, en gira de trabajo por Baja California, comentó que los problemas entre los poderes estatales son producto "de la descomposición político-administrativa" del gobierno federal panista, que se manifiesta en los estados gobernados por Acción Nacional.