Investigadora francesa censura que el trabajador pague cada vez más por la instrucción

Redistribución de poderes, detrás de la liberalización educativa

JOSE GALAN

En el comercio internacional de la educación superior, lo que está en juego es un movimiento de redistribución masiva de los poderes de decisión y de financiamiento, y una tendencia hacia la privatización de los fondos públicos, una participación creciente de los ingresos del trabajador en el financiamiento educativo, y la generalización de una lógica empresarial, afirma la investigadora Annie Vinokur, catedrática de Ciencias Económicas de la Universidad de París en Nanterre, Francia.

Advierte que la falta de claridad en la redistribución de los servicios educativos -quién recibirá qué tipo de educación- y el encubrimiento de las fronteras entre las categorías tradicionales responde a la imposibilidad de someter este tema al debate público sin generar un conflicto social.

La académica sostiene que el debate sobre la comercialización de los servicios educativos se refiere a dos modelos diametralmente opuestos: el servicio gratuito producido y financiado por el poder público, y el libre mercado de los servicios de educación superior. "Evidentemente, ninguno de los dos fue observado jamás en estado puro, pero, entre ambos extremos, constatamos el desarrollo rápido de un amplio abanico de situaciones intermedias, cada vez más híbridas y, por cierto, insuficientemente conocidas empíricamente."

En el ensayo "El comercio de la educación en cuestiones" (publicado en la Revista de Educación Superior de la ANUIES), recuerda la génesis de ambos modelos: el modelo teórico del libre mercado de los servicios educativos fue desarrollado por Adam Smith en su obra de 1776 La riqueza de las naciones, modelo retomado hace aproximadamente dos décadas por los principales organismos internacionales, que cuenta con cuatro componentes doctrinarios que no pueden ser disociados de la práctica: financiamiento por el beneficiario directo; producción de servicios por agentes privados; competencia entre los productores, y mercado autorregulador.

En el otro extremo está el llamado modelo socializado o bien público no lucrativo, que basa su principal filosofía en que la educación es un derecho, inscrito en 1948 en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU, derecho al que corresponde por ende un deber para el individuo: saldar su deuda pagando impuestos sobre los ingresos suplementarios que su educación le habrá redituado, y advierte que el crecimiento de las desigualdades en los ingresos familiares favorece la segmentación social de la demanda de estudios y el consumismo en la educación.

"La búsqueda de campos de valoración orilla a los capitales a intentar ingresar en sectores no comerciales como educación, salud y protección social", añade. "Las políticas educativas se ven obligadas a administrar esas contradicciones a la vez que la transición, social y políticamente conflictiva, del modelo educativo socializado al modelo de mercado. La opacidad de las transformaciones en curso no es ajena a esa evolución."