La acusación, no proteger el orden en el Congreso en la agitada sesión del 12 de junio

Inicia en Baja California juicio político contra el procurador estatal de Justicia

La SCJN otorgó una suspensión provisional al edil de Ensenada contra acción de la legislatura

ANTONIO HERAS Y JORGE A. CORNEJO CORRESPONSALES

La sección instructora del Congreso de Baja California comenzó un juicio político contra el procurador de Justicia estatal, Antonio Martínez Luna.

En tanto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) otorgó una suspensión provisional en favor del presidente municipal de Ensenada, Jorge Antonio Catalán Sosa, en relación con el juicio político que promovieron en su contra el Consejo Coordinador Empresarial y el sindicato de burócratas de dicha ciudad.

El presidente de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales en la Legislatura bajacaliforniana, Jesús Alejandro Ruiz Uribe, indicó que el juicio político contra Martínez Luna fue resultado de que el funcionario se negó a preservar el orden y vigilar el patrimonio del Congreso local durante la sesión del 12 de junio pasado, cuando guardias armados impidieron a legisladores entrar a las instalaciones de la Contaduría Mayor de Hacienda.

Esa noche, la nueva mayoría legislativa "recuperó" el citado inmueble, destituyó al encargado de despacho, que se autonombró auditor del Organo Superior de Fiscalización, y mandó llamar a los suplentes de siete diputados panistas ausentes en la asamblea.

Otra razón para instruir el inicio del juicio político contra Martínez Luna fue que destituyó "injustificadamente" a 60 efectivos de la Policía Ministerial del estado que reprobaron diversas pruebas, entre ellas tiro y acondicionamiento físico.

De su lado, el diputado local y presidente estatal del PRI, Enrique Acosta Fregoso, acusó al procurador de incurrir en peculado por canalizar recursos a informantes sin autorización.

De acuerdo con el legislador, el gobierno de Baja California pagó entre febrero y mayo pasados, sin recibir a cambio comprobantes fiscales, más de 3 millones de pesos para unas supuestas "investigaciones policiacas especiales" de la Unidad Especializada contra el Crimen Organizado.

Acosta Fregoso aseguró que las acciones del procurador son "un robo, y es lo que los panistas querían ocultar en la Contaduría Mayor de Hacienda del Congreso".

En tanto, la SCJN otorgó una suspensión provisional en favor del presidente municipal de Ensenada, Jorge Antonio Catalán Sosa, relativa al juicio político cuyos trámites inició este martes la Legislatura local.

En un comunicado, el edil indicó que se recurrió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para interponer una controversia constitucional, a raíz de las "ilegalidades" ocurridas en el Congreso estatal a partir de la sesión del 12 de junio, cuando el blanquiazul perdió el control del Poder Legislativo. En el PAN milita Catalán Sosa.

"Por este medio se obtuvo la suspensión de todos los actos que, fuera del orden legal, pretendía intentar el Poder Legislativo contra el ayuntamiento de Ensenada", indicó el edil panista.

Asimismo, Catalán Sosa sostuvo que la demanda de juicio político en su contra "tiene un claro propósito electoral", con miras a los comicios estatales del primero de agosto entrante, "por lo que se debe anteponer y proteger el interés de la ciudadanía".

El alcalde de Ensenada agregó: "Sabemos que esta posición será entendida por la población, ya que todos los habitantes del municipio queremos que se respete el estado de derecho y regrese a la legalidad el Poder Legislativo".