Ahora la Suprema Corte podría poner fin a la impunidad en Argentina

Avala la Cámara Federal la anulación de las dos leyes que protegían a torturadores

STELLA CALLONI CORRESPONSAL

Buenos Aires, 13 de julio. La Cámara Federal avaló hoy la anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final y declaró constitucional esa decisión tomada por el Congreso Na-cional, lo que abre el camino a una medida similar de la Suprema Corte, que pondría fin a la impunidad en Argentina.

Los magistrados Gabriel Cavallo y Ho-racio Vigliani rechazaron las apelaciones presentadas por defensores de un grupo de militares detenidos en causas reabiertas por los crímenes ocurridos en el primer cuerpo del ejército durante la anterior dictadura militar (1976-1983).

En la resolución sostuvieron que "la de-claración de insanablemente nulas de las le-yes de Punto Final y Obediencia Debida ex-presa la voluntad del Congreso de utilizar la fórmula expuesta en el artículo 29 de la Constitución Nacional, que declara nulos los actos que puedan significar el ejercicio de facultades extraordinarias o la suma del poder público", para "evitar la impunidad en hechos atroces y aberrantes".

Esta medida anunciada unas horas después de la detención de varios jefes militares involucrados en la Operación Cóndor, la coordinadora criminal de las dictaduras del Cono Sur, permitirá un avance fundamental en el juicio que llevan adelante familiares de uruguayos, chilenos, paraguayos y bolivianos desaparecidos en Argentina por este plan que dejó centenares de víctimas.

En los últimos dos meses la larga mano de la Operación Cóndor llegó por caminos de la justicia a victimarios, como el ex dictador chileno Augusto Pinochet, quien evadió hasta ahora todas sus responsabilidades en la saga criminal, y personajes como el ex ministro del Interior de la dictadura argentina, Albano Harguindeguy, y el poderoso ex general Ramón Genaro Díaz Bessone, detenidos desde el lunes anterior.

La orden de detención llegó también pa-ra otros ex militares de la dictadura y demostró que la querella de familiares de desaparecidos por la Operación Cóndor, así como en otros juicios conexos -robo de niños nacidos en cautiverio-, han logrado avanzar a pesar de la soledad en que alguna prensa dejó a los abogados querellantes Alberto Pedroncini y David Baigún, quienes desde 1999 llevan adelante la acción contra responsables y cóm-plices de ese pacto criminal.

Es "un profundo cambio en la causa que llevamos adelante con mucho esfuerzo y permanente presencia de los familiares que han hecho enormes sacrificios para continuar", dijo Pedroncini a La Jornada.

"Es un momento muy importante en esta historia y el hecho de que se entregara Harguindeguy en tribunales acusado de secuestros y desaparición de ciudadanos de otros países en la Operación Cóndor, muestra que 30 años después de aquella globalización del terrorismo de Estado ahora comienza a globalizarse la justicia", sostuvo a su vez Martín Almada, víctima de ese plan bajo la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989) y descubridor de los Archivos del Horror en Paraguay, en diciembre de 1992.

Almada dijo a este periódico que vino a Argentina acompañando al juez Gustavo Santander, de Paraguay, en busca de justicia para 120 compatriotas desaparecidos aquí. Oficialmente ya están registrados los nombres de 70 de esas víctimas, a partir del caso testigo de la desaparición de Federico Tatter.

De la entrevista del juez Santander con su par Jorge Urso surgió la posibilidad de establecer una base de cooperación judicial argentino-paraguayo para el caso Cóndor; también se pidió al magistrado que solicite en esta causa la detención del ex general paraguayo Alejandro Frentes Dávalos, quien figuraba como Cóndor uno en Paraguay.

El juez Urso solicitó el lunes la detención del grupo de militares argentinos por petición del fiscal Gerardo Pollicita, quien consideró probado que los imputados, así como otros detenidos anteriormente, participaron durante la dictadura militar en asociación ilícita para secuestrar, trasladar ilegalmente, desaparecer o asesinar a chilenos, paraguayos, uruguayos, brasileños, bolivianos y ciudadanos de otros países.

El juicio para establecer las responsabilidades en los crímenes de Cóndor había establecido esa asociación ilícita entre los dictadores, y permitió que en abril de 2002 la Cámara Federal ratificara la prisión preventiva del ex dictador Jorge Rafael Videla y el pedido de captura y extradición de Pinochet, Manuel Contreras y Pedro Espinoza -ex jefe y alto funcionario de la policía política de Chile-, del ex dictador Alfredo Stroessner, asilado en Brasil, y de militares uruguayos que actuaron junto con los argentinos en secuestros, interrogatorios, traslados y desapariciones de perseguidos políticos.

En Argentina hay otros militares arrestados en 2003 por esta causa, entre los que se encuentran, además de Videla, el ex jefe del primer cuerpo de ejército Carlos Guillermo Suárez Mason -una de las figuras claves de Cóndor-, el ex jefe del ejército Cristino Nicolaides y otros como el ex ge-neral Antonio Domingo Bussi, quien sembró el terror en el noroeste del país.

Más de un centenar de testimonios de familiares, sobrevivientes, periodistas, in-vestigadores y abogados enriquecieron los expedientes, y aportaron datos y pruebas; en base a esto la próxima semana se realizarán declaraciones indagatorias a los detenidos.

"Harguindeguy era hombre clave porque tenía a su cargo la responsabilidad por la seguridad de los asilados o refugiados políticos que fueron luego secuestrados, entregados a sus países o desaparecidos durante la ejecución del siniestro plan; y aunque tiene otros crímenes en su haber nunca había sido detenido. Esto marca un momento muy im-portante y un avance sustantivo en el juicio", dijo el abogado Pedroncini.

El ex ministro del Interior de la dictadura, además, emitió las "instrucciones sobre procedimiento a seguir con menores de edad, hijos de dirigentes políticos o gremiales cuando sus progenitores se encontraban detenidos o desaparecidos".