Gustavo Iruegas

Extradición y justicia

En alguno de los primeros contactos entre el Presidente de México y el presidente del gobierno español, después de restauradas las relaciones entre ambos estados, se tomó el acuerdo de recibir en México a etarras deseosos de abandonar la lucha y reintegrarse a la legalidad y a la vida pacífica. No se trataba de asilo formal ni de un programa de atención de refugiados. El propósito era tan generoso como práctico y discreto: México recibiría a los etarras que abandonaran las armas y vinieran con el ánimo de incorporarse a nuestra vida y a nuestra sociedad. España suspendería la persecución y tendería el puente de plata que la prudencia aconseja para los enemigos cuando se van. Los vascos encontrarían en México la seguridad que buscaban.

La fórmula funcionó a la perfección hasta que el gobierno de España cambió de actitud y empezó a buscar a los etarras en México. El acuerdo verbal no se canceló; simplemente se actuó como si jamás hubiera existido. Nunca se dijo a los etarras que estaban en México que su presencia ya no era bien vista ni se les dio la oportunidad de seguir camino en busca de lugar seguro. Simplemente se empezó a detener a algunos y a entregarlos al gobierno español con más o menos formalidad, según el caso. En algunos casos se solicitó la extradición, pero antes se modificó el tratado existente para reducir las posibilidades de la defensa en México. El cambio de actitud actuó como una verdadera trampa para cazar etarras. Y se manchó la reputación mexicana como tierra de asilo y de refugio para perseguidos políticos.

Que se sepa, México ha recibido siete solicitudes de extradición de etarras en el último año. La primera de ellas, el caso de Lorenzo Llona, la resolvió el canciller Luis Ernesto Derbez optando por la negativa. Don Lorenzo vive en México, en libertad y en compañía de su familia mexicana. Restan seis casos más. El juez emitió, al igual que en el caso de Llona, su opinión favorable a la extradición, como es de esperarse con un tratado expresamente modificado para inducir esa conclusión. Presos desde el 18 de julio de 2003 en que fueron detenidos, y en espera de la decisión final del gobierno mexicano, los seis vascos han iniciado lo que quizá ven como la única posibilidad a su alcance de seguir luchando por su libertad: una huelga de hambre.

La huelga de hambre no es un recurso muy efectivo. Es un acto desesperado. Es un dramático alegato de quien, fuera de la lucha por decisión propia, se ve perseguido hasta ultramar por un Estado que pretende castigar en ellos delitos menores -recaudación de fondos prácticamente equivalentes a "boteo"- que, sin embargo, merecen la insólita visita de un juez de fama mundial que, altanero y prepotente, intenta llegar hasta las mismas celdas en que se encuentran los detenidos sin tomarse la molestia de buscar la autorización debida.

Guardando la obligada y bien ganada consideración que el actual gobierno de España merece, no es posible dejar de señalar que el extraño interés de un importante y ocupado juez en casos tan menores para el Estado español y tan graves para los acusados, produce serias dudas acerca de la imparcialidad del juicio que esperaría a los seis etarras.

Ultimamente la extradición ha demostrado tener serias fallas. Una muy importante, la que se ha llamado extradición en reversa, se usa como escudo contra nuevas acusaciones del fiscal y permite usar la extradición en favor del extraditado cuando se trata de adinerados delincuentes de cuello blanco. Otra, quizá más grave que la primera, es la que resulta de modificar en la letra del tratado los criterios tradicionales por los que el perseguido político no puede ser sujeto de extradición y la de impedir al juez local acercarse elementos que le permitan evaluar los méritos del caso.

A la tergiversación de que ha sido objeto la figura jurídica de la extradición, en el caso de los seis etarras en huelga de hambre -todos ellos con largos periodos de residencia, vida ordenada, trabajo productivo y vida familiar en México, naturalizados mexicanos, en vías de serlo, o con otras calidades migratorias- se agrega la ruptura de la palabra dada, el cambio de las condiciones convenidas y una persecución de poca utilidad práctica, pero con inusitada saña.

En México, la extradición es finalmente una decisión política que corresponde tomar al canciller de la República. La resolución correcta, la negativa, le facilitará las cosas a España, permitirá mantener la actuación nacional en materia de extradición en los niveles de decoro y de justicia que requiere, permitirá reflexionar sobre la importancia de conservar incólumes las figuras contrapuestas y complementarias de asilo y de extradición y, sobre todo, hará justicia.