Entregarán carta con mil 200 firmas a la cancillería

Exigen activistas negar la extradición de encarcelados

RENATO DAVALOS

Denegar la extradición de los seis vascos encarcelados desde hace un año en el Reclusorio Norte y ordenar su liberación, exigieron ayer a la cancillería Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, Rosario Ibarra de Piedra, Gustavo Iruegas, Bárbara Zamora y Horacio Labastida, entre mil 200 personalidades cuyas firmas serán entregadas hoy a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) para requerir que sea atendida su solicitud.

En conferencia de prensa, a la que también concurrieron Gilberto López y Rivas, Salvador Nava, Imanol Ordorika y Ana Colchero, entre otros, Joseba Agudo, uno de los abogados de los vascos, recordó la política de acoso que ha sufrido ese pueblo del gobierno español. Sufrimos represión y, justamente, México y Francia aparecen como los países que más han colaborado en esas acciones.

Cárdenas Solórzano dio lectura a un documento en el que se resume la preocupación por las irregularidades en el proceso de extradición contra Juan Carlos Artola Díaz, Asunción Gorrochategui, Félix Salustiano García, Asier Arronategui, Ricardo Ernesto García Saez y Luis Castañeda Vallejo, apresados desde el 18 de julio de 2003.

El documento leído por Cárdenas señala que el protocolo de extradición firmado en abril de 2001 con el reino de España es violatorio de la Constitución mexicana. Transgrede el artículo 13, porque los seis detenidos serían juzgados por un tribunal de excepción, además de que varias de las acusaciones no tienen equivalente en las leyes mexicanas. A todas luces, agrega, los cinco vascos y un naturalizado mexicano son perseguidos políticos y en esa condición se viola el proceso de extradición.

Adicionalmente, la detención se dio con base en la petición que hizo España sin prueba alguna, y en ningún momento del proceso hubo un auto de formal prisión. Por eso, "pedimos que se deniegue el proceso de extradición", exigimos la "inmediata liberación" de los detenidos, "así como la derogación del protocolo respectivo, por inconstitucional y violatorio de los derechos humanos", indica.

La abogada Bárbara Zamora refirió que el juez César Flores, quien avaló el proceso de extradición, obedeció al juez Baltasar Garzón y no atendió que si fuese el caso y se hubieran cometido delitos, tendrían que ser juzgados por tribunales mexicanos. Explicó que tampoco se individualizaron las acusaciones. Se acusó a los vascos de lavado de dinero y falsificación de documentos sin pruebas.

Cuatro de los delitos señalados por Garzón, explicó Zamora, no están tipificados por el Código Penal mexicano. Durante el proceso se rechazaron pruebas, pero en cambio sí se recibió el dictamen de la historia del conflicto que existe entre el País Vasco y el reino de España. El juez Flores, manifestó, aceptó que puede haber un conflicto, pero aseguró que no se puede concluir que sean perseguidos políticos. Por esta razón pedimos al canciller Luis Ernesto Derbez que analice el proceso con base en los elementos jurídicos y con una decisión que se apegue a la ley y respete los derechos humanos.

En un documento de la agrupación Genaro Estrada, que leyó Rosario Ibarra de Piedra, se hace un resumen del proceso y se detalla el historial económico de cada uno de los detenidos para contrarrestar los argumentos de lavado de dinero. Las pruebas españolas, agrega, son simples copias fotostáticas sin valor probatorio, y si fuesen ciertas, los vascos debieran ser juzgados por tribunales y leyes mexicanos. "Nos encontramos de nuevo, como en el caso de Lorenzo Llona, ante un asunto de persecución política del gobierno español".

El ex subsecretario de Relaciones Exteriores, Gustavo Iruegas, criticó la actitud "prepotente y altanera" del juez Garzón cuando pretendió acceder a las celdas donde estaban recluidos los vascos.

A su vez, Horacio Labastida manifestó que la lucha de los vascos en México simboliza a los hombres oprimidos y perseguidos. La determinación del juez que concedió la extradición es un "absurdo jurídico" y es una "cachetada a la ética". Los mexicanos debemos expresar nuestra protesta, porque de no hacerlo implicaría que permitiríamos que seres humanos fuesen agredidos.