En caso de ser enjuiciado, Echeverría no iría a prisión, expone Bárbara Zamora

Recurre el PRI a "sofismas baratos": ANAD

ANGELES CRUZ Y ALFREDO MENDEZ

El PRI recurre a un "sofisma muy barato" para defender al ex presidente Luis Echeverría Alvarez y librarlo del proceso judicial por su responsabilidad en la matanza de estudiantes del 10 de junio de 1971. Pretende confundir con elementos políticos un asunto que deberá dirimirse en los tribunales, afirmó la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD).

Al responder a la defensa priísta del ex mandatario para tratar de disuadir a la justicia de proceder por los hechos del jueves de Corpus, organismos defensores de derechos humanos afirmaron que los crímenes de lesa humanidad no prescriben ni se perdonan, mucho menos se olvidan, y reprocharon la falta de compromiso político del PRI al pretender librar a Echeverría del enjuiciamiento.

Tanto la ANAD como las agrupaciones civiles afirmaron que el fiscal Ignacio Carrillo Prieto tiene las pruebas suficientes para consignar el expediente ante un juez, y que sea éste el que determine si procede la orden de aprehensión y si los delitos están vigentes o ya han prescrito.

Adrián Ramírez, presidente de la Liga Mexicana de Defensa de los Derechos Humanos, y Eréndira Cruz, del Centro de Comunicación Social, sostuvieron que en este caso se trata del delito de genocidio, de lesa humanidad, que no prescribe, y se debe juzgar con base en los criterios internacionales asumidos por México.

En entrevista por separado, la abogada Bárbara Zamora recordó que en caso de ser enjuiciado, Echeverría no sería encarcelado, pues tendría los beneficios de las recientes reformas al Código Penal Federal, según las cuales los presuntos delincuentes mayores de 60 años pueden ser procesados penalmente en su casa.

"La reforma es una forma legal de fomentar la impunidad y proteger a la gente que cometió delitos", puntualizó la litigante. "Es incongruente que por un lado la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya resuelto que no prescriben los delitos de privación ilegal de la libertad y desaparición forzada, y por otro el Poder Legislativo determine que personas en estado de senilidad comprobada ya no pueden estar en prisión en razón de la edad o de su estado de salud."

El Comité 68, por su parte, exigió al PRI modificar su línea de actuación política y declarar que no se opone al enjuciamiento penal de los indiciados por crímenes de lesa humanidad.

El grupo consideró que son preocupantes las posiciones políticas del PRI y la unanimidad lograda para oponerse a la acción de la justicia, ya que el costo de ideologizar el tema, reviviendo viejos conceptos de seguridad nacional contra la subversión, es que en la actualidad eso significa no sólo un simple anuncio de disposición a restablecer el autoritarismo, sino también un abierto llamado a promover un régimen policiaco y militar.

César Tirado, integrante del Consejo Nacional de Huelga durante el movimiento estudiantil de 1968, comentó que "Echeverría y el PRI ya perdieron la batalla histórica, y ahora están dando patadas de ahogado aprovechándose de la actual coyuntura política, principalmente de que tenemos un Presidente de la República que es acosado hasta por su esposa".

Respecto a los señalamientos de los priístas de que el juicio contra Echeverría vulnera la figura del Estado mexicano y la figura presidencial, la ANAD consideró que esas apreciaciones carecen de fundamento jurídico y sólo contribuyen a enturbiar el ambiente, porque el fiscal tiene elementos jurídicos de sobra para consignar el expediente ante el juez.

La institución presidencial, apuntó el organismo en voz de Lauro Sol Orea, secretario de relaciones, es fundamental en la vida política del país. El Poder Ejecutivo reside en una persona que es el presidente, pero ésta puede incurrir en delitos -como lo hizo Echeverría- y eso nada tiene que ver con la institución. No existen argumentos para justificar los crímenes cometidos desde el poder, subrayó.

Por su parte, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos rechazó que la investigación y sanción del genocidio tengan como objetivo "amargar" a las futuras generaciones. Se trata, expuso Fabián Sánchez, de educarlas, de transmitirles la información sobre la guerra sucia, así como la conciencia de que no debe repetirse.