El 11 de junio de 1971 solicité la renuncia al jefe del DDF, señala el ex presidente

No estoy arrepentido; el gobierno tiene muchos niveles de mando: Echeverría

Llama el PRI a que las indagatorias sobre la guerra sucia no vulneren instituciones

CIRO PEREZ SILVA

El ex presidente Luis Echeverría Alvarez aseguró ayer no estar arrepentido ''de nada'', en lo que toca a su actuación como titular del Ejecutivo federal durante la llamada guerra sucia, y dijo sentirse ''tranquilo'' ante el anuncio de que la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp) solicitará el ejercicio de la acción penal en su contra, así como del ex secretario de Gobernación Mario Moya Palencia y del ex titular de la Procuraduría General de la República (PGR) Julio Sánchez Vargas, por su presunta responsabilidad en la matanza del 10 de junio de 1971.

''Ese día yo estaba trabajando, revisando el problema del agua en la ciudad de México, cuando fui informado de que había problemas. Al día siguiente le pedí la renuncia al jefe del Departamento del Distrito Federal'', justificó el ex mandatario, luego de precisar que en el gobierno hay ''muchos niveles'' de mando, para, acto seguido, excusarse por la brevedad de la charla: ''Es que voy a ver a uno de mis hijos que está enfermo''.

Mientras tanto, la dirigencia nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI) advirtió que no se pretende conseguir impunidad para quienes pudieran estar involucrados en hechos ilícitos, sino que es imprescindible evitar que se vulneren las instituciones.

Esta inquietud llevó al presidente de la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados y miembro del Consejo Político Nacional (CPN) del tricolor, general Guillermo Martínez Nolasco, a puntualizar que esta situación, sumada al hecho de ''tener 50 millones de pobres, nos puede deshacer el país'', en tanto que se reiteró el rechazo ''a cualquier intento de justicia selectiva''.

El documento que aprobó por unanimidad el CPN priísta se genera en momentos en que la dirigencia del tricolor se empeña en buscar un diálogo con el Ejecutivo, diálogo que encuentra resistencias en grupos del propio PRI y presiones para modificar la estrategia y las relaciones que Roberto Madrazo pretende construir con el Presidente de la República y otros partidos.

Como antecedente destaca el hecho de que, apenas un par de meses atrás, miembros de las fuerzas armadas le reclamaron a Madrazo una mejoría en sus ingresos, ya que una vez concluida su carrera militar y contando incluso con los más altos grados, ven reducidos sus salarios hasta en 90 por ciento.

En ese momento los propios militares cuestionaron la persecución en el contexto de las investigaciones de la guerra sucia. La presión castrense no es menor en el caso del Revolucionario Institucional, por la vinculación que este sector ha tenido a lo largo de su historia con ese partido. Basta recordar que al menos 11 de los presidentes del tricolor son de origen militar y, como el resto de los dirigentes nacionales, ocupan un lugar en la galería de un salón de la sede priísta de Insurgentes centro.

El reclamo más grave que han planteado a Madrazo es el que tiene que ver con el interés del gobierno foxista por llevar hasta sus últimas consecuencias las investigaciones en torno a la guerra sucia y ''la casi obsesión de 'entregarle' a las familias de los desaparecidos que participaron en las guerrillas de esa época la 'cabeza' del ex presidente Luis Echeverría Alvarez''.

Los ex funcionarios tenían plenos poderes, sostiene

Los delitos no han prescrito, dice el jurista Clemente Valdés

ALFREDO MENDEZ ORTIZ

Para el doctor en derecho constitucional Clemente Valdés es inapropiada la idea de que ya prescribieron los delitos cometidos en México hace 30, 40 o 50 años por ex presidentes de la República, sus procuradores, jefes del Ejército y de todas las policías, debido a que los ex funcionarios ''tenían el poder de ordenar o impedir las investigaciones para determinar la existencia de los delitos, la probable responsabilidad de aquellos a quienes se señala como responsables, el poder de ordenar que se iniciara la acción penal y también el poder de ordenar a muchos jueces qué debían hacer y cómo debían decidir''.

En su libro La prescripción de los delitos de los gobernantes, el jurista puntualiza que no se puede hablar de prescripción en hechos como las matanzas de estudiantes ocurridas en 1968 y 1971, o las desapariciones efectuadas durante la llamada guerra sucia, porque ''las víctimas que no murieron, sus familiares y sus deudos presentaron desde hace muchos años y han seguido presentando las denuncias ante algunos de los mismos (acusados) y ante sus encubridores posteriores''.

Además, ''porque ni los ciudadanos ni las víctimas ni sus deudos han tenido a su alcance las pruebas ni los medios para iniciar una acción efectiva -en el sentido más amplio- contra los empleados públicos que malamente usaron el poder que les presta la sociedad y, finalmente, porque en México, a diferencia de lo que sucede en otros países, todavía no se reconoce el derecho y la posibilidad de que los agraviados inicien por sí mismos la acción penal en forma directa''.

No hay consigna ni línea alguna, asegura Macedo

La Femospp realizará su labor con ley en mano: PGR

Posibles consignaciones por la matanza del 10 de junio

Aquí no se trata más que de personas, dice el procurador

GUSTAVO CASTILLO GARCIA

La Procuraduría General de la República (PGR) ''hará su trabajo con apego a la ley'' en torno a las consignaciones que se realizarán en contra de involucrados en la matanza del 10 de junio, afirmó el titular de la dependencia, Rafael Macedo de la Concha.

-ƑNo habrá lugar para presiones políticas ni chantajes?

-La PGR, y en especial la fiscalía harán su trabajo con ley en mano. Aquí no se trata más que de personas, y yo he dicho que se respeta el cumplimiento del deber. Lo que no se respeta, lo que no puede admitirse, es apartarse de él o bien cometer excesos en aras de lo mismo; de tal manera que la institución debe hacer su tarea.

Entrevistado luego de la inauguración del edificio de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, y de la puesta en marcha del Registro Nacional de Víctimas, Macedo de la Concha expuso que si hay consignados ''será porque hay datos, hay elementos y pruebas que así lo acrediten'', pues advirtió que ''nunca más permitiremos que la en institución se actúe por consigna o por línea''.

Insistió en que la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado tiene plena autonomía, y aseguró que el órgano bajo el mando de Ignacio Carrillo Prieto ''hará su trabajo con la ley en la mano'', tras ser interrogado sobre la advertencia del PRI de romper el diálogo con el gobierno si se consigna al ex presidente Luis Echeverría Alvarez.

Indicó que en las investigaciones no hay observancia de cargos, pues se trata de indagar hechos cometidos por personas, y lo que se hace es cumplir con el deber, y señaló que lo único que no se puede admitir es que se ''cometan excesos en aras de lo mismo''.

Finalmente apuntó que el ''único mensaje'' que puede dar al respecto ''es que la PGR realizará su trabajo con apego a la ley, y de que quienes resultaran probables responsables será porque hay pruebas''.

La aplicación de la ley no debe enrarecer el ambiente, opina Cuauhtémoc Cárdenas

Castigo a represores, demanda el PRD

Hubo matanza "porque se creyó que era en defensa del país": la priísta Rebeca Godínez

El tema de la guerra sucia dividió ayer a legisladores y dirigentes de PRI y PAN. Algunos integrantes de esos dos partidos se manifestaron en favor del olvido y contra sancionar a los responsables, mientras que otros se declararon porque todos los mexicanos, sin excepción, sean sometidos al imperio de la ley. Por su lado, el PRD mostró una posición unificada en su reclamo de sancionar a ex funcionarios involucrados en la desaparición y muerte de guerrilleros y activistas.

El perredista Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano destacó que la ley debe aplicarse, trátese de quien se trate. Cumplir con la legislación no debe enrarecer ningún ambiente y, por el contrario, es lo que permite aclarar cualquier duda, expuso.

Por su parte, el diputado perredista Pablo Gómez criticó la decisión del PRI de defender al ex presidente Luis Echeverría y agregó que ese partido "vive anclado en el pasado, es incapaz de renovarse". Advirtió que no puede haber perdón ni olvido para los responsables. "El Estado que olvida se hace cómplice del terrorismo que se cometió en el pasado", declaró.

"Se pueden perdonar rebeliones, pero no actos del poder, no el terrorismo de Estado, porque se usó el poder de la nación para violar la ley", dijo.

El presidente de la Comisión de Seguridad Social, Miguel Alonso Raya, manifestó que sería "incorrecto buscar chivos expiatorios cuando hay personas localizables y responsables. Lo correcto es que se proceda. Echeverría cometió atrocidades que deben ser castigadas".

Contra la posición de la dirigencia nacional de su partido, el legislador priísta José Alarcón manifestó que todos los mexicanos sin excepción deben someterse al imperio de la ley. Sin embargo, su correligionaria y presidenta de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, Rebeca Godínez, se puso del lado de quienes encabezaron la represión en las décadas de los 70 y 80, y, contra el sentido de la instancia que preside, arguyó que "hay que ver hacia el futuro, no tiene caso lastimar instituciones que han servido lealmente al país". Afirmó que la matanza de estudiantes se emprendió porque "se creyó que era en defensa del país y es una página que debe cerrarse".

En Monterrey, el gobernador priísta José Natividad González Parás consideró que es deseable que se esclarezcan hechos como las matanzas de 1968 y 1971, "pero lo que no es deseable es politizarlos, ubicarlos en un calendario que obedece más bien a propósitos político-electorales".

La pregunta es por qué hasta ahora, que está iniciando el proceso de sucesión presidencial, se saca este tema, interrogó, y agregó: "Hay que cuidar mucho de no lastimar instituciones importantes para la vida del país, como nuestras leales fuerzas armadas".

En Aguascalientes, el titular de la Comisión de Legalidad Electoral del CEN del PRI, Mariano Palacios Alcocer, aseguró que el hecho de que el gobierno pretenda juzgar los crímenes de lesa humanidad ocurridos en la guerra sucia es "una cortina de humo" para distraer la atención de la crisis que se vive en Los Pinos, y por el tema de la sucesión adelantada que encabezan los panistas.

-ƑSe tendría que olvidar el juzgar a Echeverría y militares involucrados?

-El fiscal especial cometió un error al imponerse como tope una fecha, porque las investigaciones tienen que integrarse con sólidez, congruencia y fuerza argumentativa y documental. Si el vaticinio del 15 de julio era la fecha clave, es irresponsable, no es técnico. Desde el punto de vista del proceso de investigación penal nunca se deben poner fechas, porque son camisas de fuerza, y es ilógico, irracional y no tiene fundamento en la ley. A eso estamos apelando.

Por su parte, el mandatario de Querétaro, Francisco Garrido Patrón, consideró que el gobierno no debe "gastar sus energías políticas" en la investigación que realiza la fiscalía porque son asuntos del pasado y "lo más importante es ver hacia adelante". El panista consideró que aunque los delitos no hayan prescrito, no es importante "ver a qué personajes políticos del pasado" se enjuicia por los casos de la represión estudiantil, pues esto es ya parte del pasado.

Contra esta posición, el dirigente nacional del PAN, Luis Felipe Bravo Mena, pidió dejar que la fiscalía concluya su trabajo y determine si los ex funcionarios tuvieron responsabilidad y en qué grado. Se manifestó por que se aplique el estado de derecho y contra la intención priísta de no dialogar con el gobierno si se enjuicia a Echeverría. "Me parece que es una distorsión enorme tratar de politizar este tema", subrayó.

Por último, Manuel Bañuelos Hernández, candidato de la alianza Viva Aguascalientes al gobierno estatal, conformada por PRD y Convergencia, afirmó que no puede haber perdón para aquellos que cometieron crímenes en la guerra sucia.

DE LA REDACCION Y LOS CORRESPONSALES DAVID CARRIZALES, MARIANA CHAVEZ Y CLAUDIO BAÑUELOS

En caso de ser enjuiciado, Echeverría no iría a prisión, expone Bárbara Zamora

Recurre el PRI a "sofismas baratos": ANAD

ANGELES CRUZ Y ALFREDO MENDEZ

El PRI recurre a un "sofisma muy barato" para defender al ex presidente Luis Echeverría Alvarez y librarlo del proceso judicial por su responsabilidad en la matanza de estudiantes del 10 de junio de 1971. Pretende confundir con elementos políticos un asunto que deberá dirimirse en los tribunales, afirmó la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD).

Al responder a la defensa priísta del ex mandatario para tratar de disuadir a la justicia de proceder por los hechos del jueves de Corpus, organismos defensores de derechos humanos afirmaron que los crímenes de lesa humanidad no prescriben ni se perdonan, mucho menos se olvidan, y reprocharon la falta de compromiso político del PRI al pretender librar a Echeverría del enjuiciamiento.

Tanto la ANAD como las agrupaciones civiles afirmaron que el fiscal Ignacio Carrillo Prieto tiene las pruebas suficientes para consignar el expediente ante un juez, y que sea éste el que determine si procede la orden de aprehensión y si los delitos están vigentes o ya han prescrito.

Adrián Ramírez, presidente de la Liga Mexicana de Defensa de los Derechos Humanos, y Eréndira Cruz, del Centro de Comunicación Social, sostuvieron que en este caso se trata del delito de genocidio, de lesa humanidad, que no prescribe, y se debe juzgar con base en los criterios internacionales asumidos por México.

En entrevista por separado, la abogada Bárbara Zamora recordó que en caso de ser enjuiciado, Echeverría no sería encarcelado, pues tendría los beneficios de las recientes reformas al Código Penal Federal, según las cuales los presuntos delincuentes mayores de 60 años pueden ser procesados penalmente en su casa.

"La reforma es una forma legal de fomentar la impunidad y proteger a la gente que cometió delitos", puntualizó la litigante. "Es incongruente que por un lado la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya resuelto que no prescriben los delitos de privación ilegal de la libertad y desaparición forzada, y por otro el Poder Legislativo determine que personas en estado de senilidad comprobada ya no pueden estar en prisión en razón de la edad o de su estado de salud."

El Comité 68, por su parte, exigió al PRI modificar su línea de actuación política y declarar que no se opone al enjuciamiento penal de los indiciados por crímenes de lesa humanidad.

El grupo consideró que son preocupantes las posiciones políticas del PRI y la unanimidad lograda para oponerse a la acción de la justicia, ya que el costo de ideologizar el tema, reviviendo viejos conceptos de seguridad nacional contra la subversión, es que en la actualidad eso significa no sólo un simple anuncio de disposición a restablecer el autoritarismo, sino también un abierto llamado a promover un régimen policiaco y militar.

César Tirado, integrante del Consejo Nacional de Huelga durante el movimiento estudiantil de 1968, comentó que "Echeverría y el PRI ya perdieron la batalla histórica, y ahora están dando patadas de ahogado aprovechándose de la actual coyuntura política, principalmente de que tenemos un Presidente de la República que es acosado hasta por su esposa".

Respecto a los señalamientos de los priístas de que el juicio contra Echeverría vulnera la figura del Estado mexicano y la figura presidencial, la ANAD consideró que esas apreciaciones carecen de fundamento jurídico y sólo contribuyen a enturbiar el ambiente, porque el fiscal tiene elementos jurídicos de sobra para consignar el expediente ante el juez.

La institución presidencial, apuntó el organismo en voz de Lauro Sol Orea, secretario de relaciones, es fundamental en la vida política del país. El Poder Ejecutivo reside en una persona que es el presidente, pero ésta puede incurrir en delitos -como lo hizo Echeverría- y eso nada tiene que ver con la institución. No existen argumentos para justificar los crímenes cometidos desde el poder, subrayó.

Por su parte, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos rechazó que la investigación y sanción del genocidio tengan como objetivo "amargar" a las futuras generaciones. Se trata, expuso Fabián Sánchez, de educarlas, de transmitirles la información sobre la guerra sucia, así como la conciencia de que no debe repetirse.

Respaldan Madrazo, Bartlett y Sauri al ex presidente

Ingobernabilidad, amago del echeverrismo tricolor

Los delitos de la guerra sucia, "prescritos": el poblano

ANDREA BECERRIL

Los senadores priístas Manuel Bartlett Díaz y Dulce María Sauri Riancho respaldaron la decisión del Consejo Político de su partido de cerrar filas con el ex presidente Luis Echeverría Alvarez, toda vez que, consideraron, se trata de un intento más por golpear y destruir al Revolucionario Institucional.

En tanto, el presidente nacional de ese partido, Roberto Madrazo, afirmó que la investigación contra Echeverría tiene un claro objetivo electoral, y advirtió que se pone en riesgo la gobernabilidad.

La pretensión de consignar a Echeverría "nada tiene que ver con la justicia, porque si se tratara de aplicarla, todo Amigos de Fox estaría en la cárcel", advirtió Bartlett, mientras que Sauri dijo que si las investigaciones sobre el pasado son para confrontar o dividir al país, es difícil que puedan ser útiles para el futuro.

Bartlett insistió en que detrás de la posibilidad de que se consigne y se inicie proceso penal contra el ex presidente Echeverría y otros funcionarios de su sexenio, como el ex titular de Gobernación Mario Moya Palencia, sólo están "las presiones y ataques que desde hace cuatro años ha emprendido Fox contra el PRI".

Esa persecución, "en casos que están evidentemente prescritos", va en la misma línea de "tratar infructuosamente" de acabar con el PRI, agregó Bartlett. Hizo notar que cuando se pretende hacer justicia lo primero que se requiere es ser equitativo, lo que no ha hecho ni el Ejecutivo "ni su procurador justiciero", quien "debería ya haber consignado a Lino Korrodi y los demás integrantes de Amigos de Fox, entre ellos varios miembros del gabinete, como el canciller Luis Ernesto Derbez".

Los delitos que Amigos de Fox cometió no han prescrito, "así que podrían ser consignados, sobre todo después de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó que incurrieron en lavado de dinero para financiar la campaña de 2000 del ahora presidente".

El ex secretario de Gobernación consideró que el PRI, tal como se acordó un día antes en su Consejo Político Nacional, debe cerrar filas con Echeverría ante ese "nuevo ataque de la derecha".

Entrevistada por separado, Sauri consideró que la decisión del órgano de dirección del PRI "tiene que ver con la preservación de la institucionalidad y el estado de derecho en el país".

La preocupación que recogió el Consejo Político es que "todo ese asunto" en torno al ex presidente Echeverría pueda generar inestabilidad en el país, sobre todo porque investigar el pasado sirve cuando es para encarar mejor el futuro, no para dividir y confrontar.

Madrazo, en tanto, adelantó que no es casual haber adelantado el tema de la guerra sucia ni el de la sucesión presidencial, ya que la "embestida" del gobierno federal contra Echeverría y ex mandos del Ejército tiene propósitos electorales.

Sostuvo que esta forma de actuar es producto del declive de Acción Nacional, aunque admitió que esos eventos impactan negativamente el ambiente político.

"El gobierno foxista no tiene rumbo y de ahí que ponga a los aventureros de la política a atacar al PRI, sin reparar en el daño que le causan al país. El régimen de Fox no tiene propuesta, se ha metido a promover temas delicados que ponen en riego la gobernabilidad del país."

El MP, "autónomo"

Descarta Creel criterio políticom en las pesquisas

ALONSO URRUTIA

El secretario de Gobernación, Santiago Creel, sostuvo que en las investigaciones relacionadas con la responsabilidad de ex funcionarios en la denominada guerra sucia no se involucran criterios políticos sino exclusivamente jurídicos, los cuales deberán ser las conclusiones de la fiscalía especial creada para el caso. De cualquier modo, subrayó que la determinación definitiva sobre posibles cargos penales no será competencia del Poder Ejecutivo, sino de los tribunales.

Al ofrecer una rueda de prensa, Creel dijo no haberse reunido en fechas recientes con el ex presidente Luis Echeverría Alvarez y desestimó que exista una intencionalidad diferente en torno a la investigación sobre la guerra sucia. Como en todos los procesos de investigación, lo que debe prosperar es la aplicación de la ley, "independientemente de quiénes sean las personas procesadas, encausadas o investigadas".

Creel manifestó que en el ámbito del Poder Ejecutivo, la última palabra la tiene el fiscal especial, Ignacio Carrillo Prieto, pues es el encargado de la averiguación. Interrogado sobre las críticas de sectores priístas en torno al rumbo de las investigaciones, Creel subrayó que la revisión del pasado es estrictamente jurídica y debe realizarse en términos legales.

"El Ministerio Público tiene una autonomía técnica independientemente de cualquier otra circunstancia. Haremos valer esa autonomía para que estos casos se encaucen legalmente", apuntó el titular de Gobernación.

Tomás Ruiz, "comprometido" con Fox

Durante la conferencia Creel también fue interrogado sobre la designación del diputado priísta Tomás Ruiz como nuevo director de la Lotería Nacional. Justificó que el nombramiento obedeció exclusivamente a la eficiencia que ha demostrado como funcionario público, su capacidad y el "compromiso con el proyecto del presidente Vicente Fox".

Señaló que en esta nueva etapa de la Lotería Nacional se requería de alguien con capacidad administrativa, prestigio profesional y conocimiento de las cosas, independientemente de cualquier otra circunstancia política. Creel destacó que esas cualidades permitirán dar cauce al proceso de transparencia que se requiere en esa institución.

Para Creel, el nombramiento de Ruiz permitirá que se lleven a cabo las auditorías y cumplir así con la transparencia que reclama la sociedad en esta institución. No obstante, cuestionado sobre las verdaderas motivaciones que llevaron a la remoción de Laura Valdés Ruiz del ente asistencial, el secretario respondió que no conoce los pormenores.

Finalmente Creel desmintió las versiones de que el Ejecutivo federal estaría impulsando en la Convención Nacional Hacendaria el incremento en la tasa del impuesto al valor agregado. Subrayó que el gobierno no está interesado en alentar ahora una modificación a ese gravamen, aunque dijo que si algún actor propusiera esta discusión, el gobierno estaría dispuesto a hablarlo.