De manera sorpresiva, las marchas contra la delincuencia realizadas en esta capital y en otras ciudades del país rebasaron en expectativas y en propósitos a sus convocantes y organizadores, y se convirtieron en expresiones clamorosas de una sociedad exasperada por la delincuencia en todas sus expresiones, y no sólo en la modalidad de secuestro con propósitos de extorsión. Los cientos de miles de ciudadanos que se integraron a la marcha pusieron de manifiesto un consenso que no es sólo de rechazo y repudio al alza de los índices delictivos, sino contra la ilegalidad en general y contra la impunidad.

En la manifestación de la ciudad de México, que partió del Angel de la Independencia con rumbo a la Plaza de la Constitución, resultó particularmente claro el protagonismo de organizaciones y sectores de la sociedad civil real. Un caso ilustrativo y ejemplar es el de la asociación de familiares de mujeres asesinadas y desaparecidas en Ciudad Juárez, Nuestras Hijas de Regreso a Casa, cuyas integrantes disputaron con éxito su lugar en la descubierta de la marcha. Con ello se dio cabida, en la multitudinaria protesta ciudadana, a los feminicidios de esa ciudad fronteriza, fenó-meno delictivo si los hay, y tan agraviante y oprobioso como los secuestros, pero aparentemente desconocido, hasta ayer, para los convocantes originales de la manifestación.

Está por verse si el presidente Vicente Fox recibirá -ahora sí- a los familiares de las mujeres asesinadas en Juárez o si se limitará a reunirse con los círculos pro empresariales que promovieron inicialmente la marcha de ayer. Si ocurre lo primero, el Ejecutivo federal ofrecerá una muestra de sensibilidad y espíritu incluyente y republicano. Pero si se concreta el segundo escenario, se fortalecerá la actual tendencia gubernamental a entender y aplicar la ley con sentido faccioso, y se cometerá un agravio adicional a los cientos de miles de ciudadanos comunes y corrientes que, aunque no vivan en barrios residenciales, son también víctimas de diversas clases de delincuencia: la que se practica a mano armada en las calles y la que se realiza en forma sigilosa en oficinas públicas y privadas mediante adulteraciones, simulaciones y fraudes, y que no necesariamente afecta en lo inmediato el patrimonio de los individuos, sino que saquea los bienes de la nación.

En suma, la manifestación de ayer es un paso importante hacia una toma de conciencia nacional de la extensión de la criminalidad. Ha de entenderse, en esa lógica, que delincuencia no es sólo la que afecta a los miembros de la clase pudiente en sus personas y sus bienes, sino también la vasta red de corrupción que va desde las patrullas policiales y las aduanas de las cárceles hasta las secretarías de Estado, pasando por despachos privados de funcionarios y representantes públicos.

Delincuencia es también, como apunta el estudioso Carlos Montemayor, el secuestro de las industrias eléctrica y petrolera por un grupo gobernante que se empeña en venderlas a intereses privados extranjeros, el secuestro de la educación pública por un grupo de mentalidades gerenciales empeñadas en abatir costos o minimizar pérdidas, y el secuestro de las instituciones encargadas de procurar justicia para convertirlas en ariete electorero del círculo íntimo presidencial.