Faltan traductores que los ayuden a enfrentar procesos

Persiste discriminación hacia indios presos en reclusorios, dice diputado

El presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa, Julio César Moreno, consideró que la población indígena en los reclusorios de esta capital sufre discriminación y violación a sus derechos de seguridad jurídica debido a que no se les asigna un traductor o intérprete para que puedan enfrentar adecuadamente su juicio penal.

Comentó que durante sus recientes recorridos por los reclusorios y centros penitenciarios del Distrito Federal constató que hay gente de origen indígena que sólo domina su propia lengua indígena y es muy poco el español que dominan, y sin embargo no se les asignan abogados que funjan como traductores.

Por ello, condenó la violación a los derechos humanos que vive la mayoría de la población indígena que se encuentra en los diferentes penales, y manifestó que "cuando se inicien averiguaciones previas en las que se encuentren involucrados indígenas, la autoridad está obligada a que esté presente un traductor y persona de confianza que comprendan su situación jurídica y tengan conocimiento de su lengua y cultura".

En este contexto, citó un caso reciente, el de tres indígenas mazatecos que sufrieron abusos en el Reclusorio Varonil Oriente, incluso uno de ellos, menor de edad, murió por esa situación. También lamentó que por su condición indígena y su escaso español, además de su minoría de edad, el hoy occiso haya estado en circunstancias que le dificultarán su defensa.

De hecho, el diputado perredista consideró como alarmante la situación de los menores de edad que se encuentran en los reclusorios locales, ante lo cual propuso reformar el Código de Procedimientos Penales en el que se incluya el artículo 122 de la Ley de Menores Infractores, a fin de que cuando haya duda de la edad del menor, porque se carezca de documentos para determinarla, éste sea remitido al tutelar y no al reclusorio.

Moreno Rivera comentó que cuando el involucrado no cuente con ningún documento legal que acredite su minoría de edad, no es suficiente solicitar la intervención de un médico a efecto de establecer su edad y que, de acreditarse su minoría, fuera remitido al Consejo de Menores.

Recientemente, la mayoría de los integrantes de la Comisión de Derechos Humanos de la ALDF recorrieron todos los reclusorios de esta ciudad y constataron las condiciones en que se encuentran los internos, razón por la cual se aprobó hace unos días que se llame a funcionarios de la Dirección General de Reclusorios para conocer los programas y acciones que llevan a cabo en esos lugares para mejorar las condiciones de los presos.