León Bendesky

Responsabilidad fiscal

El gobierno del presidente Vicente Fox va a dejar un legado de debilidad fiscal incluso mayor al que heredó de Ernesto Zedillo. Por más que se intenta equilibrar las finanzas públicas, mediante la reducción del gasto y prácticas contables que permiten registrar bajos niveles de déficit público, las condiciones son de gran fragilidad.

Si en algún terreno esta administración ha mantenido la misma práctica de gestión, que en el fondo es una práctica política, es precisamente en el de la fiscalidad. Para la mayoría de la gente éste aparece como un asunto muy especializado y envuelto en un lenguaje técnico que queda más allá de los intereses cotidianos, lo cual es muy conveniente para quienes ejecutan la política fiscal y para los que sacan provecho de ella.

Pero en realidad el manejo de las finanzas públicas está demasiado cerca de las condiciones que enfrenta el conjunto de la población, ya sea en su favor o en su contra. Esto es así por los efectos que provoca en su trabajo, el ingreso que recibe y los servicios de muy distinta naturaleza que tiene a su disposición. Vaya, la política fiscal nunca es neutra, pues involucra tanto la exacción de recursos de las familias y de las empresas por medio de impuestos y derechos, como la distribución de esos recursos mediante los criterios con los que se asigna el gasto en términos físicos y financieros.

La manera en que se financia el gobierno, es decir, en esencia los impuestos más el endeudamiento, y los usos a los que se destinan esos fondos definen buena parte del modo en que se distribuye de la riqueza, de las corrientes del ingreso y, finalmente, de las oportunidades y del bienestar individual y colectivo. Las decisiones que enmarcan la gestión fiscal definen de una u otra manera ganadores y perdedores, y con ello van marcando el carácter mismo de las relaciones sociales.

Por eso es que las cuestiones relativas a la fiscalidad están estrechamente vinculadas con el entorno social, así como a las posibilidades de la participación y al conjunto de las cuestiones que definen la democracia, entendida en sentido amplio, único relevante.

La fiscalidad es resultado de las formas prevalecientes del acuerdo entre los miembros de una sociedad, acuerdo que está sustentado en las leyes, pero, sobre todo, en la práctica política que va imponiendo como hechos consumados decisiones que involucran el uso de los recursos públicos. Esto es lo que se esconde detrás de los argumentos legales y técnicos que envuelven a las cuestiones relativas a las finanzas públicas.

Y por más información y supuesta transparencia que se asocia con la administración del erario, se mantiene el velo sobre el significado de las decisiones que determinan la condición fiscal del país. Por supuesto que la gestión fiscal involucra cuestiones de naturaleza técnica y para eso hay expertos, pero ello no justifica la penumbra en la que se mantienen las opciones políticas que disponen de los recursos públicos. Ahí se encuentra una distinción aún borrosa en nuestro entorno entre la ejecución de la técnica y la especialización, por un lado, y la acción política por el otro. Ese es el campo de la transparencia que no se satisface sólo con la apertura de la información sin la contraparte de la rendición de cuentas.

Además del balance entre ingresos y gastos que definen el resultado fiscal, en este caso un reducido déficit público, hay una serie de requerimientos financieros del gobierno que representan enormes cantidades de dinero que se asignan a fines específicos. Esta es una deuda que se denomina contingente, puesto que se vuelve efectiva cuando llega el momento de pagarla. Los pagarés de Fobaproa, por ejemplo, vencerán próximamente y los proyectos de inversión pública que se financian con los llamados Pidiregas tendrán que liquidarse en algún momento.

Esta es deuda que de una u otra forma tiene que pagarse y con la cual se hacen algunos artificios como acabar por considerar a algunos deuda pública, es el caso del rescate bancario iniciado en 1995. Pero ni siquiera todo está contabilizado, como ocurre con las pensiones de los trabajadores del gobierno, incluyendo los de las empresas y organismos públicos -IMSS e ISSSTE- o con la deuda de los gobiernos estatales.

En fin, el balance de las deudas que deberán cubrirse con recursos fiscales todavía no es claro, pero lo que sí es seguro es que demandará fondos que no se están generando y que será fuente de graves conflictos en poco tiempo. Un caso ejemplar es la manera en que se entrelazan los distintos canales de la política fiscal y se compromete de manera muy seria al sector de los energéticos, especialmente a Petróleos Mexicanos (Pemex). Su director ha señalado que en 10 años esta empresa podría estar en quiebra, lo cual contradice las declaraciones del mismo Presidente en torno a las virtudes de su política petrolera.

Si el gobierno arrastra esta situación hasta trasferirla a la próxima administración, sin sentar las bases para ir enfrentado los requerimientos fiscales y, al mismo tiempo, ampliar la capacidad de gasto público, será una enorme irresponsabilidad.